El gobierno de Colombia se comprometió hoy a garantizar los derechos de las comunidades que residen en la zona cuya desmilitarización está prevista para desarrollar allí el diálogo de paz con el guerrillero ELN.
El comisionado presidencial para la Paz, Camilo Gómez, enunció el compromiso del gobierno en las audiencias públicas que celebradas este jueves y el viernes en las localidades de San Pablo y Cantagallo, del departamento septentrional de Bolívar.
Allí se establecería la zona desmilitarizada para el diálogo con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), segunda fuerza guerrillera de Colombia.
Las audiencias fueron acordadas con los movimientos de las organizaciones No al Despeje y Asocipaz, que representan a los campesinos de la zona, donde el ELN y paramilitares de derecha se disputan el control de cultivos de coca y beneficios en la producción de recursos estratégicos, según analistas.
González afirmó que la creación de la zona desmilitarizada se hará de manera concertada con las comunidades y que el gobierno velará por el cumplimiento de un pacto que se firmó con el ELN el 26 de enero.
El acuerdo establece que la desmilitarización tendría una vigencia de nueve meses, durante los cuales el ELN llevaría a cabo una «convención nacional» en la que definiría con representantes de la sociedad civil su agenda para la negociación de paz.
Los guerrilleros se comprometieron también a respetar los derechos humanos, sociales, políticos y culturales de los pobladores y a permitir que las autoridades civiles y judiciales continúen en ejercicio de sus funciones.
Para velar por el cumplimiento del acuerdo se crearía una comisión de verificación internacional integrada por dos representantes del ELN y dos del gobierno, así como delegados de países interesados en acompañar el proceso de paz y de organismos multilaterales.
Habitantes de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, se oponen a la creación de una zona desmilitarizada por temor a que el ELN recupere el control que tuvo por cerca de tres décadas en la zona, dejando «muerte y miseria», según Orlando Martínez, coordinador de No al Despeje.
Las garantías de que habla el gobierno «son un imposible» si no hay mecanismos efectivos para controlar eventuales excesos del ELN, dijo Martínez.
El coordinador de No al Despeje sostuvo que los pobladores del sur de Bolívar temen que se repita lo sucedido tras la desmilitarización por parte del gobierno de 42.000 kilómetros para la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla de este país.
Según los organismos de seguridad, la desmilitarización de los cinco municipios del sudeste colombiano fue aprovechada por las FARC para fortalecerse militarmente, ejercer el control total de la zona y colaborar con narcotraficantes.
Lo que las comunidades expresan con su oposición es que «no están dispuestos a permitir que se cree la zona neutral para el ELN y ese punto entraba (bloquea) cualquier posibilidad de entendimiento», dijo a IPS Ligia Galvis, analista de la estatal Universidad Nacional.
Los grupos paramilitares de derecha que manejan los negocios de narcotrafico procuran mantener su control en la zona y por esa razón se oponen a las negociaciones con el ELN, sostuvo Galvis.
Los paramilitares de derecha comenzaron a tener una presencia importante en el sur de Bolívar en 1998, cuando compitieron con el ELN por el control de un territorio rico en recursos naturales y favorable para el cultivo de coca, de entre 5.000 y 20.000 hectáreas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
