El juicio por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, el desafuero del legislador y ex dictador Efraín Ríos Montt y una alianza de empresarios contra el gobierno desataron una tormenta política en Guatemala.
Apenas unos días después de que el gobierno de Alfonso Portillo sufrió incertidumbre tras rumores de golpe de Estado, el clima político y social volvió a empeorar.
El país vive una gran expectativa ante el juicio por el asesinato del obispo Gerardi, en el cual tres de los cinco acusados son militares de alto grado.
«Hay quienes desean el olvido y la impunidad para este asesinato pero también hay personas que esperamos la acción independiente de la justicia», dijo a IPS el activista de derechos humanos guatemalteco Mario Polanco.
Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, sostuvo que el juicio del caso Gerardi está poniendo en juego la credibilidad de las instituciones guatemaltecas.
Gerardi apareció asesinado a golpes el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe Recuperación de la Memoria Histórica, en que responsabilizó al ejército de Guatemala de la mayoría de las masacres y violaciones a los derechos humanos cometidas en 30 años de guerra civil.
Los acusados del crimen son, por un lado, los militares Obdulio Villanueva, Byron Disrael Lima y su hijo Byron Lima Oliva, y, por el otro, el sacerdote católico Mario Orantes y la empleada doméstica Margarita López.
«Los ojos del mundo están otra vez sobre Guatemala», dijo en un comunicado la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que difundió las reiteradas intimidaciones contra jueces, fiscales y testigos por este caso.
La incertidumbre política y social en esta nación de 12 millones de habitantes salió a relucir el miércoles, cuando varios desconocidos arrojaron dos granadas que explotaron en la vivienda de la jueza Yassmín Barrios, integrante del tribunal a cargo del caso Gerardi.
Aunque nadie resultó herido, varias organizaciones de derechos humanos alzaron la voz de alarma sobre posibles represalias contra los otros dos jueces asignados, Eduardo Cojulún y Amanda Guzmán.
Los medios de comunicación y la población general está a la expectativa de lo que suceda en las audiencias públicas, que comenzaron este 22 de marzo. Se prevé la declaración de 114 testigos, entre ellos el ex presidente Alvaro Arzú (1996-2000).
La turbulencia que vive Guatemala se respira en las calles. El ejército está en la vía pública hace varias semanas para apoyar a la policía en su lucha contra la delincuencia debido a la magnitud de la inseguridad y la violencia.
«Vivimos una situación difícil desde todos los ángulos», dijo a IPS el procurador de Derechos Humanos (ombudsman) de Guatemala, Julio Arango, para quien la turbulencia se agrava por la corrupción y la violencia.
El gobierno de Portillo carece de planes y el país sufre por la debilidad del un sistema judicial débil y por las actividades delictivas de la policía, agregó Arango.
Uno de los factores de conflicto es la figura de Ríos Montt, actual presidente del Congreso.
Ríos Montt se ha negado a abandonar su cargo a pesar de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha determinado que debe hacerlo para someterse a investigación por el escándalo de corrupción conocido como «Guategate».
Este ex general del ejército guatemalteco, que ejerció el gobierno en 1982 y 1983, fue despojado de su inmunidad y afronta, junto con otros parlamentarios del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), una acusación por alterar una ley aprobada por el Congreso.
La sacudida política del país también se acrecentó luego de que las dos principales organizaciones de empresarios del país, tradicionalmente antagónicas, se aliaron para fustigar la labor de Portillo.
La Cámara de Industrias de Guatemala y la Cámara de Comercio afirmaron que el gobierno de Portillo, quien inició su Presidencia de cuatro años en enero de 2000, «no funciona» y no propicia un clima favorable para los negocios.
Los presidentes de ambas cámaras, Mario Montano y Jorge Briz, afirmaron que el gobierno debería promover un crecimiento económico sostenido de al menos ocho por ciento anual y no de 3,5 por ciento, como lo propone la meta actual.
Los dos gremios anunciaron una alianza estratégica para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos a través del fomento a la eficiencia empresarial, pero demandaron al gobierno de Portillo acciones para reactivar la economía. (FIN/IPS/nms/mj/ip if hd/01
