Chile tiene el peor registro en América Latina en cuanto a leyes que reprimen la libertad de expresión, según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), presentado en Santiago con el respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La libertad de expresión es violentada fundamentalmente por la vigencia de leyes que califican el desacato a la autoridad como delito contra la seguridad del Estado, señala el informe presentado por el abogado chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de HRW.
Con excepción de Cuba, que a juicio de Vivanco constituye un caso «anómalo» en América Latina, «Chile está a la retaguardia en el continente en materia de libertad de expresión», subrayó el dirigente de la organización humanitaria.
Danilo Arbilla, presidente de la SIP, comentó que este atraso chileno contrasta con los progresos de este país en otros frentes desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet en 1990.
Entre otros avances, Arbilla mencionó la consolidación del sistema democrático representativo y los últimos avances judiciales en la investigación de violaciones de los derechos humanos.
Vivanco y Arbilla se entrevistaron el martes por más de una hora con el presidente Ricardo Lagos, quien les señaló que es optimista en torno de las posibilidades de derogar o reformar en corto plazo las leyes que limitan la libertad de expresión.
El gobierno envió el jueves al parlamento una ley para poner fin a la censura cinematográfica y espera que por fin se apruebe una nueva ley de prensa que está en trámite legislativo hace ocho años.
Con esta última normativa se derogarán los artículos de la Ley de Seguridad del Estado que representan una «sobreprotección» de unas 30 autoridades civiles y militares ante supuestos delitos de difamación o desacato.
El informe, preparado por Sebastian Brett, investigador de HRW para el Cono Sur y los Países Andinos, destaca que el último en recurrir a la Ley de Seguridad del Estado fue el general Hernán Gabrielli, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Chile.
En su condición de comandante en jefe subrogante de la Fuerza Aérea, Gabrielli pidió hace un mes la aplicación de esa ley contra tres ex presos políticos que lo acusaron de haber actuado en 1974 como torturador de opositores a la dictadura en una base aérea de Antofagasta, 1.200 kilómetros al norte de Santiago.
«Chile es el único país democrático de América Latina que califica el desacato a la autoridad como un delito contra la seguridad del Estado, con penas de hasta cinco años de prisión», subraya el informe.
En 1999, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Servando Jordán recurrió a esa normativa contra el periodista José Ale, quien fue condenado a 541 días de prisión el año pasado y luego indultado por el presidente Lagos.
En junio de ese mismo año, Jordán se querelló contra la periodista Alejandra Matus por su libro «El libro negro de la justicia chilena», logrando que la publicación fuera prohibida y requisada en virtud de la Ley de Seguridad del Estado.
Matus abandonó Chile para evitar su arresto y hacia fines de 1999 Estados Unidos le reconoció la condición de asilada política, situación que constituye «una vergüenza» para Chile, según señaló Lagos en su reunión con Vivanco y Arbilla.
El informe de HRW indica que «los códigos penales de 18 países latinoamericanos cuentan con disposiciones que criminalizan el desacato a la autoridad».
«Sin embargo, las leyes en Chile son más represivas por su naturaleza y alcance y se emplean con más frecuencia, mientras que en los otros países estas leyes se aplican rara vez o nunca», agrega el texto.
Arbilla y Vivanco señalaron que los criterios internacionales indican que en las sociedades democráticas las leyes deben dar una «sobreprotección» al ciudadano común y no a las autoridades de los poderes del Estado y los mandos militares, que por la naturaleza de su función deben someterse al escrutinio público.
La censura previa cinematográfica es otro antecedente negativo de Chile en materia de libertad de expresión en América Latina. El caso más destacado es la prohibición del filme del estadounidense Martin Scorsese «La última tentación de Cristo».
La prohibición de la película fue refrendada en 1997 por un fallo judicial. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en febrero en contra del Estado chileno exhortándolo a poner fin a la censura.
Arbilla expresó que así como en Chile existen restricciones legales a la libertad de expresión, en otros países del continente se plantean también atentados de otras características.
Al respecto recordó el control que se ejercía a la prensa en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, y señaló los peligros que afrontan actualmente los periodistas en Colombia y en algunos estados mexicanos.
Existen también situaciones de dependencia de la justicia frente a los gobiernos en Venezuela y Paraguay, que pueden afectar a la libertad de expresión, agregó el presidente de la SIP. (FIN/IPS/ggr/mj/hd cr/01
