Una organización ambientalista demandó al gobierno de Estados Unidos para obligarlo a revelar propuestas comerciales relativas a la proyectada Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La acción judicial, presentada la semana pasada, tiende a obligar a la oficina del representante comercial a publicar las propuestas escritas a otros gobiernos relativas al ALCA, que integraría económicamente a 34 países americanos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
La oficina del representante comercial rechazó pedidos anteriores del Centro para el Derecho Ambiental Internacional para difundir los documentos.
"Es vergonzoso que un gobierno que se considera a sí mismo el modelo mundial de la democracia oculte sus acciones a ciudadanos preocupados", manifestó Stephen Porter, un abogado del Centro.
Las organizaciones ambientalistas han seguido de cerca las negociaciones referidas al pacto comercial hemisférico.
Los activistas temen que el acuerdo pueda incluir cláusulas similares a las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) entre Canadá, Estados Unidos y México, que permiten a las multinacionales entablar acciones judiciales para derogar leyes ecológicas y de salud que interfieran con el comercio.
Apodado "la pequeña OMC" (Organización Mundial de Comercio) o "el más grande y mezquino TLC", el pacto comercial de las Américas "podría debilitar la capacidad de los gobiernos de aprobar y mantener leyes conservacionistas y de salud pública", advirtió Porter.
"La oficina del representante comercial está negociando normas vinculantes que también podrían afectar la capacidad de Estados Unidos para proteger el ambiente y la salud humana", agregó.
Debido a que el gobierno no publicó los términos de las negociaciones internacionales, en julio de 2000 los ambientalistas trataron de usar la Ley de Libertad de Información para hacer que la agencia mostrara los documentos que entregó a otros países durante las tratativas.
Si bien la oficina admitió la existencia de los documentos, rehusó hacerlos públicos afirmando que estaban protegidos por una exención en la Ley de Libertad de Información referida a comunicaciones entre y con agencias gubernamentales.
Sin embargo, Porter arguyó que los documentos no reunían las condiciones de exención porque sólo revelaban antecedentes a gobiernos extranjeros que participan en las negociaciones del tratado.
"El representante comrcial pretende entregar esos documentos a 33 naciones extranjeras pero no al público estadounidense", apuntó. La agencia comercial no respondió a pedidos de comentarios sobre la querella judicial.
Martin Wagner, director de programas internacionales de Earthjustice (Justicia Terrenal), una organización jurídica con sede en California, dijo que era importante saber ahora lo que estaban negociando los gobiernos porque muchas decisiones importantes se verifican al comienzo del proceso.
"Si los ciudadanos son mantenidos en ascuas hasta que las negociaciones se completan, nunca tendrán la posibilidad de brindar consejos útiles referidos a normas que podrían afectar directamente sus vidas y su salud", previno.
Grupos ambientalistas temen que el nuevo acuerdo comercial contenga las mismas cláusulas presentes en el TLC y conocidas como Capítulo 11, que fueron diseñadas para impedir que las inversiones de las corporaciones multinacionales sean expropiadas.
Los críticos sostienen que el Capítulo 11 se ha tranformado en un arma ofensiva estratégica contra el ambiente, la salud pública y las leyes sanitarias.
En una instancia, la corporación canadiense Methanex demandó al gobierno estadounidense basándose en el Capítulo 11, porque la decisión del estado de California de prohibir el uso del aditivo éter de metilbutilo terciario en la gasolina de los automóviles le provocó pérdidas por 970 millones de dólares.
El gobernador de California, Grey Davis, ordenó la abolición total del aditivo para fines del 2002 luego de que diversos estudios revelaran niveles muy altos y potencialmente peligrosos de esa sustancia en los conductos de agua potable del estado. La demanda de Methanex aún está pendiente.
En agosto pasado, un tribunal internacional de comercio basado en Washington dictaminó que México había violado cláusulas del Capítulo 11 sobre inversiones y ordenó al gobierno pagar 16,7 millones a una compañía estadounidense.
El tribunal determinó que México violó el acuerdo comercial porque no permitió a la corporación californiana Metalclad abrir un vertedero de residuos peligrosos en San Luis de Potosí, un estado central mexicano.
En otro caso, la corporación estadounidense Ethyl atacó una prohibición canadiense de la venta interprovincial e importación de un aditivo de la gasolina conocido como MMT. Ethyl, productora de MMT, reclamó 250 millones de dólares en daños por expropiación o confiscación de ganancias potenciales.
En julio de 1998, Canadá retiró la prohibición y pagó a la compañía 13 millones de dólares como compensación.
La presentación la semana pasada de la querella judicial contra la oficina del representante comercial es sólo una de las batallas legales entre la agencia gubernamental y los ambientalistas sobre apertura y participación pública.
Hace varios años, varios grupos ambientalistas, entre ellos el Centro Ambiental y de Recursos del Pacífico y el Club Sierra, demandaron con éxito al representante comercial por excluir delegados de la comunidad ambientalista de dos paneles que asesoran a la agencia sobre política de comercio internacional.
Los paneles asesores dominados por la industria, cuyas reuniones son mantenidas en secreto, aconsejan sobre temas de vastos alcances, incluso el comercio de productos de madera y papel, así como sustancias químicas que, según los grupos, pueden tener serias consecuencias ambientales.
En 1999, un juez federal dictaminó que los miembros de las comisiones asesoras no brindaban "un equilibrio justo de puntos de vista", como requiere la ley. Ahora, dos representantes de grupos ambientalistas han sido formalmente designados para integrar paneles asesores que discuten sobre el comercio de madera y papel. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego-mlm/en/01
