El Congreso General del Pueblo, partido gobernante en Yemen, logró un triunfo aplastante en las primeras elecciones municipales celebradas en este país en medio de hechos de violencia y denuncias de fraude e irregularidades.
La ciudadanía yemenitas acudió a las urnas hace una semana para elegir consejeros distritales y provinciales y aprobar una reforma constitucional que prolonga el periodo de gobierno del presidente Alí Abdullah Saleh y le otorga poderes para disolver el parlamento.
El electorado tambien eligió 418 representantes a municipalidades locales en 20 provincias, y otros 6.614 para comunas en 326 distritos, en un paso percibido como el inicio de la descentralización.
Pero la violencia y la mala organización que afectaron los comicios podrían socavar la imagen internacional de Yemen como país más democrático de la península Arábiga.
«Una competencia más imparcial podría haber ayudado a consolidar la democracia, aun con un triunfo oficialista. Un proceso electoral adecuado y en cumplimiento de las normas es un requisito previo de una una democracia estable», señaló el analista político Jaled Muhssien.
La Suprema Comisión Electoral, a cargo de controlar los comicios, dijo que en este país de 17,5 millones de habitantes se contabilizaron al menos 75 por ciento de votos favorables a la reforma constitucional.
El Congreso General del Pueblo se adjudicó 69 por ciento de los votos provinciales, seguido por la principal fuerza opositora, la Congregación Yemenita por la Reforma (Islah), con 21,7 por ciento, de acuerdo con los resultados preliminares anunciados por la Suprema Comisión Electoral el fin de semana.
La Islah acusó al partido gobernante y a las autoridades electorales de serias irregularidades, a la que querellará ante la Suprema Corte de Justicia por manipular el escrutinio mediante la anulación de sufragios opositores.
Tambien acusaron al Congreso General del Pueblo de controlar el proceso electoral mediante el monopolio de los medios de prensa, el uso de dinero público y su poder sobre el voto de los militares.
Muchas personas fueron autorizadas a votar sin documento que acreditara su identidad, mientras nombres y emblemas de cientos de candidatos eran intencionalmente excluidos de las hojas de votación, según las denuncias opositoras.
Las irregularidades originaron violentos choques, la mayoría entre partidarios del gobierno y de la Islah durante la contabilización de votos, con un saldo de 30 muertos y más de 60 heridos.
Los resultados deben anunciarse 72 horas después del cierre de los comicios, pero la difícil situación obligó a un escrutinio laborioso. La Suprema Comisión Electoral fue incapaz aún de dar los resultados finales.
La postergada declaración del escrutinio final complicó la situación y agravó la violencia. La Islah cuestionó «el terrorismo y la corrupción generada por el Congreso General del Pueblo» y pidió el procesamiento de los autores de los asesinatos.
Al reclamar el cumplimiento de las normas democráticas «como único camino para sacar el país del actual dilema», la Islah condenó «toda suerte de violencia, desórdenes y derramamiento de sangre por parte de cualquier partido».
«Esas ofensas reflejan la mala fe del partido gobernante respecto del futuro del proceso de democratización», expresó un comunicado del comité central del grupo opositor.
El proceso electoral fue considerado ilegítimo por el Consejo de Coordinacion para Partidos Opositores, integrado por siete fuerzas encabezadas por el Partido Socialista gobernante durante 23 años en Yemen del Sur antes de la reunificación de 1990.
El Consejo demandó la realización de nuevos comicios supervisados por un organismo «verdaderamente independiente». La Suprema Comisión Electoral es un organismo independiente de siete miembros propuestos por el parlamento e investidos por el presidente Saleh.
«Considerando que la votación fue fraudulenta, pedimos nuevas elecciones supervisiadas por un órgano neutral y verdaderamente independiente», dijo el Consejo.
Observadores independientes coincidieron en atribuir el caos a la precipitacion en celebrar elecciones municipales. La Suprema Comisión Electoral careció de tiempo para prepararlas.
El no gubernamental Instituto Yemenita por el Desarrollo Democrático sostuvo que «el escrutinio fue realizado en circunstancias inapropiadas, sin libertad ni igualdad para los votantes».
La oposición siempre exigió a la Suprema Comisión Electoral la eliminación de más de medio millón de registros duplicados o falsos o de personas inexistentes y fallecidas, así como permitir el voto de los más jóvenes desde los 18 años, hoy imposible porque la última revisión de padrones fue en 1999.
La Suprema Comisión Electoral insiste en atribuir la mayoría de las irregularidades denunciadas más al error que a supuestas conspiraciones. Pero el presidente del organismo, Alawi Al-Attas, anunció medidas legales contra algunos comités electorales locales «que no cumplieron con su tarea». (FIN/IPS/trad-eng/ka- m/cr/ego/mj/ip/01
