Denuncias de que empleados de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Kenia amenazaron y extorsionaron a refugiados en ese país serán investigadas por la ONU.
Un equipo de investigadores enviados a Nairobi por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tratará de aclarar si es cierto que funcionarios del ACNUR obligaron a refugiados a pagarles sobornos por servicios que deberían haberles brindado en forma gratuita.
El lunes, el diario estadounidense The New York Times publicó un informe sobre el asunto en el cual afirmó que empleados del ACNUR se aprovecharon de refugiados en Kenia, quienes en su mayoría eran pobres y habían escapado de conflictos armados en Africa subsahariana.
Los funcionarios de la agencia cobraron a sus víctimas sobornos cuyo valor varió entre unos pocos dólares por reunirse con ellos o llenar un formulario, y más de 5.000 dólares por garantizarles que serían aceptados como refugiados en Estados Unidos, Canadá, Australia o Europa occidental.
«Sería abominable que se hubiera explotado de ese modo a los refugiados, quienes ya sufren por haber sido desplazados y desarraigados. Los responsables de algo así deberían ser tratados con gran severidad» dijo el martes a periodistas el secretario general de la ONU, Kofi Annan said Tuesday.
«Estamos decididos a llegar al fondo de este asunto y hacernos cargos de los eventuales responsables», enfatizó.
En el caso de que se compruebe la veracidad de las denuncias, también será necesario adoptar medidas «para fortalecer los controles y asegurarse de esos hechos no se repitan», acotó.
Apenas hubo indicios de que ocurría algo indebido, la propia oficina del ACNUR en Nairobi comenzó a investigar el asunto «sin lograr resultados concluyentes», señaló.
Por lo tanto, el foro mundial decidió enviar a Kenia un equipo de inspectores de su Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS), con sede en Nueva York, un organismo encargado de investigar posibles casos de despilfarro, mala administración, fraude o corrupción en el sistema de la ONU, explicó.
El secretario general dijo que lo satisfacía que la posibilidad de irregularidades en Kenia se haya detectado «en forma muy precoz», y la ONU haya adoptado medidas «con mucha rapidez».
Sólo el año pasado, la oficina del ACNUR en Nairobi aprobó más de 9.300 solicitudes de personas que deseaban ser aceptadas como candidatas a recibir asilo político en naciones occidentales.
Daniel Tshitungi, jefe de esa oficina, admitió que estaban bajo investigación cuatro personas que habían sido responsables de autorizar o vetar esas solicitudes, tres de ellas keniatas y una italiana.
Otras tres personas que trabajaban en la oficina y descubrieron indicios de extorsión, dos de ellas europeas y una estadounidense, recibieron amenazas de muerte anónimas y fueron evacuadas de Kenia por su seguridad.
El New York Times dio a entender que las acusaciones de corrupción no recaían sólo sobre empleados de bajo y mediano rango, sino que era posible que también involucraran a altos funcionarios.
El Consejo de Auditores de la ONU informó el año pasado que había comprobado que la distribución de tareas en oficinas del ACNUR en varios países era «inadecuada» para asegurar la eficacia de los controles y la identificación de responsables de procedimientos erróneos o irregulares.
En una de las oficinas en las cuales el Consejo realizó auditorías, la misma persona estaba de pedir cotizaciones de precios a proveedores, de evaluar las ofertas, de recibir y aceptar los bienes adquiridos y del asentamiento contable de su compra.
En otra oficina, la misma persona se hacía cargo de la contabilidad, las adquisiciones, la custodia y distribución de provisiones, el manejo de la caja y el del sistema informático de administración de activos.
En dos oficinas, los comprobantes de pago y otros documentos vinculados con ellos no sellados para prevenir que volvieran a emplearse, y los comprobantes de compras no eran respaldados con toda la documentación requerida para garantizar que se había aplicado el procedimiento administrativo correcto.
En otras oficinas no se mantenían registros completos y precisos de los bienes adquiridos, recibidos, distribuidos, vendidos o empleados de otras formas, y los inventarios no estaban disponibles, como lo exigen las normas administrativas de la ONU.
El ACNUR fue creado en 1951 para brindar protección internacional a los refugiados y hallar soluciones duraderas a sus problemas, y se financia por completo con contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y donantes individuales.
En los últimos años, la agencia redujo en forma progresiva sus pedidos de presupuesto, pero al mismo tiempo se involucró en forma creciente e intensa en la provisión a refugiados y desplazados internos por conflictos de ayuda de emergencia, en su mayor parte alimentos, medicamentos y alojamiento.
Las solicitudes presupuestarias de la agencia ascendieron a 1.400 millones de dólares en 1996, 1.200 millones en 1997, 995 millones en 1998 y unos 842 millones de dólares en 1999.
El ACNUR decidió reducir su personal por escasez de fondos en 1998, cuando Sadako Ogata estaba a cargo de la agencia. Durante ese año se desvinculó de unos 1.000 funcionarios y quedó con unos 4.400.
Ese recorte se repartió en forma equitativa entre la sede del ACNUR en Ginebra y las oficinas encargadas de operaciones de campo. En la actualidad, más de 80 por ciento del personal traaja fuera de Ginebra. (FIN/IPS/tra-eng/td/da/mp/ip/01
