La propuesta de aplicar la llamada tasa Tobin, un impuesto a las transacciones en el mercado internacional de cambios, se discute con creciente intensidad en organizaciones no gubernamentales (ONG) y gubernamentales.
Esas transacciones movilizan en la actualidad más de 1,8 billones de dólares por día, y se calcula que la tasa propuesta, de entre 0,1 y 0,25 por ciento, produciría una recaudación anual de entre 100.000 y 300.000 millones de dólares, en la hipótesis de que la existencia del impuesto reduciría las operaciones en el mercado, al desalentar la especulación.
La iniciativa era un sueño académico en 1972, cuando fue lanzada por el profesor James Tobin, Premio Nobel de Economía, con la intención de frenar excesos en los mercados financieros.
En esa época, los sistemas de tasas de cambio fijas y control de movimientos de capital comenzaban a estar bajo presión por la desregulación y la disminución de las restricciones de los mercados, síntomas incipientes de lo que hoy se llama globalización de la economía.
Tobin afirmó que un pequeño gravamen podía acotar los potenciales efectos desestabilizadores de la especulación a corto plazo.
La propuesta fue ignorada. «Podría decirse que se hundió como una piedra, casi sin producir ondas», admitió años después el proponente.
Pero la idea de Tobin ganó nuevos defensores tras el auge de la especulación en los años 90 y el estallido de crisis financieras, en México en 1995, en el sudeste de Asia en 1997, y en Rusia y Brasil en los dos años siguientes.
Las consecuencias de esos acontecimientos hicieron que aumentara el interés en la iniciativa por parte de reformistas económicos y teóricos políticos, a los cuales se plegaron luego movimientos sociales.
En 1999, Canadá se convirtió en el primer país que apoyó la tasa Tobin, y ese año el gobierno de Finlandia fue reelecto con un programa que señalaba la necesidad de estudiar medios de estabilizar los mercados financieros.
Fueron victorias pequeñas pero cruciales para los partidarios de la iniciativa. Luego los parlamentos de muchos países, entre ellos Bélgica, Francia, Suecia, Irlanda Italia y España, discutieron mociones relacionadas con la tasa Tobin.
Bélgica quiere presentar la cuestión a la Unión Europea (UE) cuando pase este año a ocupar la presidencia rotativa de ese bloque. En Brasil, un Frente Parlamentario por la Tasa Tobin ya cuenta con 100 integrantes.
Las opiniones de los actuales ministros de Finlandia están divididas acerca de la cuestión.
Un amplia gama de organizaciones que apoyan la tasa Tobin alegan que los ingresos generados por su aplicación pueden ser destinados a proyectos de desarrollo y alivio de la pobreza.
Ese es un argumento central de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC, por su sigla en francés), un movimiento internacional, y de KEPA, el principal grupo de presión por la tasa Tobin en Finlandia, formado por ONG desarrollistas.
El estudioso finlandés Heikki Patomaki, director del Instituto para la Democratización y uno de los primeros activistas en favor de la tasa Tobin, afirmó que la campaña por la tasa Tobin es el más importante de los movimientos críticos de la globalización económica, porque ofrece algo positivo.
«El poder financiero mundial no sólo crea inestabilidad y crisis, también condiciona las políticas económicas de muchos Estados en su propio beneficio, por ejemplo con la exigencia de reforma de los sistemas previsionales, cuya privatización es muy rentable», apuntó.
Entre los opositores a la idea están la mayoría de los ministros de finanzas del mundo, los gobiernos de Estados unidos, Gran Bretaña y los principales centros financieros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El banco y el FMI sostienen que la iniciativa es inviable, y que aun si fuera posible implementarla, quitaría eficiencia a los mercados.
Los partidarios del impuesto replican que la iniciativa de Tobin no afectaría a las inversiones a largo plazo y facilitaría la supervisión del mercado internacional de cambios.
Quizá lo que en realidad preocupa a quienes se oponen a la tasa es la posibiidad de perder poder, mediante «un control más democrático de la economía mundial», apuntó Patomaki.
La implementación de la iniciativa sólo puede ser multilateral, ya que si algunos países comienzan a aplicarla por su cuenta, eso sólo produciría la reorientación de los flujos del mercado para evitar el impuesto.
En cambio, sería más viable que la tasa fuera aplicada por la UE o algún otro grupo de Estados.
«Sería necesaria una organización internacional, porque los ingresos serían cuantiosos y habría que afrontar todo tipo de problemas técnicos», opinó Patomaki.
Esa organización debería ser más democrática que los actuales organismos financieros internacionales, con mayor representación de los gobiernos del Sur en desarrollo y de la sociedad civil, agregó.
Quienes defienden la aplicación de la tasa Tobin sostienen que es una oportunidad de recaudar fondos para aliviar crisis causadas en el mundo por pobreza, hambre, enfermedad, cambio climático y desempleo.
Sin embargo, Patomaki advirtió que la implementación de la iniciativa no significaría en forma necesaria la solución de esas crisis.
«Lo principal es hacer algo contra la inestabilidad y las actuales relaciones de poder en el mercado mundial de dinero, y la aplicación de la tasa Tobin también es una posibilidad indirecta que el Sur y la sociedad civil sean escuchados», dijo. (FIN/IPS/tra-eng/mw/mn/ego/mp/dv if/01
