La relación entre el poder y el presidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, se hizo aún más débil hoy tras la aprobación en la Cámara de Representantes de un informe que lo vincula con dos escándalos de corrupción.
La decisión de facciones políticas clave que controlan la mayoría de la cámara abre el camino para un juicio político, aunque muchos observadores opinaron que los legisladores no recorrerán ese camino.
Pero sin duda, la aprobación del informe dará lugar a más inestabilidad política en este archipiélago del sudeste asiático, que en mayo de 1998 inició su transición hacia la democracia tras la renuncia del presidente Alí Suharto, quien ocupó el poder durante 32 años.
Este jueves, tres facciones parlamentarias aceptaron los resultados de la investigación de una comisión especial sobre dos escándalos financieros.
Uno de los casos se refiere a fondos que terminaron en manos del ex masajista de Wahid y otro a una donación destinada a provincias con problemas políticos y sociales, otorgada por el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah.
La comisión investigadora especial concluyó que Wahid probablemente estuvo involucrado en el pago de 35.000 millones de rupias (3,9 millones de dólares) de una fundación de la Agencia Estatal de Logística a su antiguo masajista.
Inicialmente, como declaró el masajista Alip Agung Suwondo a la comisión, el desembolso estuvo relacionado con la planeada ayuda humanitaria de Wahid a la separatista provincia de Aceh, pero luego los fondos fueron distribuidos a cuatro personas desvinculadas del plan humanitario.
En el segundo escándalo, Wahid es acusado de haber brindado falso testimonio sobre la donación de 2.000 millones de dólares del sultán de Brunei para las atribuladas provincias de Aceh, Kalimantán Oriental, Ambon y Papúa.
Posteriormente se descubrió que los fondos sólo fueron canalizados hacia las provincias de Aceh y Riau.
Durante las sesiones parlamentarias, se produjeron manifestaciones multitudinarias frente a la sede legislativa. Algunos manifestantes reclamaban la disolución de la comisión investigadora, mientras otros la apoyaban y pedían la renuncia de Wahid.
El apoyo a Wahid procede de la organización Nahdlatul Ulama Muslim, la mayor asociación islámica de Indonesia, que antes él dirigía, mientras los reclamos de renuncia proceden fundamentalmente de organizaciones estudiantiles y sindicatos.
Wahid insistió en que la donación del sultán de Brunei es «un obsequio personal», pero la comisión parlamentaria determinó que se trata de ayuda de un país extranjero a Indonesia, y por lo tanto debió incluirse en el presupuesto estatal del año 2000, según la ley de 1997 sobre ingresos no fiscales del gobierno.
Ambos escándalos son los últimos de una serie de hechos que redujeron la confianza pública en Wahid. La desconfianza también se debe a la incapacidad del gobierno para apresar a Hutomo «Tommy» Mandala Putra, el hijo menor de Suharto, quien fue hallado culpable de corrupción y se encuentra fugitivo.
«Todo el mundo lo conoce, sabe dónde vive, quiénes lo acompañan. Es algo que no tiene sentido», declaró Nurhakim, un estudiante de Bandung.
«El presidente Wahid siempre ha destacado que tiene el poder legítimo para gobernar. Pero en este momento en que la corrupción y la incompetencia corroen a su gabinete, esas declaraciones parecen carecer de validez», agregó.
Lejos de transformarse en un ámbito de diálogo, las audiencias de la comisión parlamentaria inflamaron el clima político. Wahid la considera una institución ilegal que forma parte de una conspiración para derrocarlo.
La decisión de este jueves en la Cámara de Representantes se agrega a la creciente frustración de la ciudadanía por el errático gobierno de Wahid, iniciado hace 15 meses, que no logró solucionar los problemas políticos, económicos ni sociales. Muchos se cuestionan si logrará terminar su mandato en 2004.
Sin embargo, es improbable un juicio político debido a la falta de una alternativa creíble, a lo largo y complicado que sería el proceso, y al riesgo de derramamiento de sangre, estimaron analistas.
Algunos opinan que Wahid debería aprender la lección del ex presidente de Filipinas, Joseph Estrada, el primer jefe de Estado asiático en enfrentar un juicio político por corrupción, quien fue depuesto en enero por una revuelta popular. (FIN/IPS/tra-en/ky/js/mlm/ip/01
