El rescate de la economía y la restauración de la confianza de los inversionistas son el principal desafío de la nueva presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, quien asumió el poder el 20 de enero tras el derrocamiento de Joseph Estrada.
La ciudadanía filipina, cada vez más escéptica, se negó a concederle a Macapagal el período de gracia que habitualmente se otorga a los nuevos mandatarios y le exige combatir la pobreza y la corrupción de inmediato.
Estrada dejó atrás un déficit presupuestario que llegará al menos a 4.400 millones de dólares este año, a menos que se realicen drásticos recortes y se aumenten los ingresos.
El déficit equivale a 5,8 por ciento del producto interno bruto, una carga que es aún mayor considerando que un tercio del presupuesto anual se destina al pago de la deuda externa.
Estrada se transformó en presidente en 1998, pero fue acusado de aceptar sobornos por 11 millones de dólares y su mandato terminó abruptamente el mes pasado en medio de masivas protestas y el retiro del apoyo de los militares.
La recuperación del daño producido en los últimos tiempos podría llevar hasta seis años, predijo el secretario de Finanzas, Alberto Rómulo.
El gobierno deberá equilibrar la necesidad de un presupuesto austero con la de combatir la pobreza, tal como lo prometió Macapagal.
Filipinas también tiene una moneda muy devaluada, un mercado de valores en ruinas y una mala imagen ante los inversionistas, aunque fue uno de los países del sudeste asiático menos afectados por la crisis financiera regional estallada en 1997.
Sin embargo, la economía no es lo que más ha preocupado a la presidenta en sus tres semanas de gobierno, señalan los críticos.
La fragilidad de su coalición, el asesinato este mes de un antiguo líder comunista y las duras críticas a sus nombramientos políticos son los problemas que le quitan el sueño, según analistas.
La coalición de gobierno (autodenominada Fuerzas EDSA) comprende a algunos miembros de la sociedad civil que pasaron a integrar el gabinete, ex oficiales militares vinculados al ex presidente Fidel Ramos, políticos que abandonaron a Estrada a último momento y otros políticos y tecnócratas.
Varios críticos señalaron que muchas de las designaciones hechas por Macapagal en cargos clave están vinculadas con su propio partido político, el Lakas, encabezado por Ramos, quien apoyó su ascenso de vicepresidenta a presidenta tras la expulsión de Estrada.
La coalición de gobierno también es sacudida por disputas por cargos en el gabinete y lugares en las listas para las próximas elecciones locales de mayo, que serán una prueba crucial para la nueva presidenta.
Sin embargo, una encuesta independiente realizada el 27 y 28 de enero por el grupo Social Weather Stations reveló apoyo popular para los candidatos al senado del grupo de Macapagal.
Mientras Macapagal está ocupada consolidando su posición, el público protesta por la designación de algunos oficiales acusados de corrupción o de políticos veteranos «reciclados».
El secretario ejecutivo de Macapagal, Renato de Villa, destacó que la presidenta se ha manejado bien en un mar de diversos intereses políticos.
«Es muy difícil ser líder de una coalición tan amplia» con diferentes ideologías, edades y sectores, dijo.
Otra espina para Macapagal es su predecesor, Estrada, quien aún goza de considerable apoyo político, según la última encuesta de la empresa Pulse Asia.
Desde que dejó el palacio presidencial, Estrada ha dicho que no renunció a su cargo, sino que sólo está de licencia.
El ministerio de Justicia rechazó el lunes un pedido de autorización de Estrada para viajar a Estados Unidos a operarse de glaucoma.
«No se le permitirá abandonar el país, y esa es la decisión final», declaró el secretario de Justicia, Hernando Pérez.
Sin embargo, algunos observadores opinan que Macapagal preferiría a Estrada en el exilio y no en Filipinas, donde puede ser causa de problemas.
Organizaciones no gubernamentales y populares reclaman la detención y el juicio a Estrada, quien enfrenta numerosos cargos penales ante la Oficina del Ombudsman.
Los cargos incluyen el de robo, que puede castigarse con la muerte según una ley aprobada por el Congreso hace años para penalizar saqueos de fondos públicos como el realizado por el difunto dictador Ferdinand Marcos.
Pero Macapagal no parece decidida a investigar la inexplicable riqueza de Estrada, estimada en unos 417 millones de dólares, ni a llevarlo ante la justicia.
La presidenta «dijo en lenguaje claro y cristalino hace pocos días que el exilio era el camino de Estrada, y que podía abandonar Filipinas en cualquier momento», escribió Teodoro Benigno, columnista y portavoz de la ex presidenta Corazón Aquino, quien sustituyó a Marcos en 1986.
Esa declaración, agregó, «es una cuchilla clavada en el corazón del Pueblo al Poder II» (como se conoció la segunda revuelta popular que derrocó a Estrada).
La situación ahora será una repetición de la producida tras la revuelta de 1986, tras la cual «los grandes ladrones quedaron impunes», lamentó Benigno.
Para pasar a la historia, Macapagal debería «reflejar y concretar la consigna del Pueblo al Poder: Justicia». (FIN/IPS/tra-en/ms-js/js/mlm/ip/01
