La situación de los inmigrantes empeora en España, mientras crece la solidaridad con ellos de organizaciones sociales y fuerzas políticas de oposición, en tanto los empresarios agrícolas pide autorización para contratarlos.
El problema fundamental se deriva de una nueva ley que entró en vigor el 23 de enero y deja en situación irregular a más de 200.000 personas que llegaron a España a trabajar, pero carecen del contrato laboral y el visado que esa norma exige para que se les conceda el permiso de trabajo y la residencia.
Los inmigrantes ecuatorianos no sólo constituyen el mayor número -cerca de 150.000, según sus portavoces- sino que en torno a su situación se han clarificado las posiciones del gobierno, los partidos de oposición, los gobiernos regionales y las organizaciones humanitarias.
El gobierno del centroderechista José María Aznar mantiene una posición inflexible: toda persona que carezca de permiso de residencia y contrato de trabajo debe regresar a su país y allí gestionarlos ante el consulado español que corresponda.
Ese trámite hecho ante un consulado suele tardar hasta dos años, sin ninguna garantía de que la resolución sea positiva. Quienes los tramitaron en España antes de que entrara a regir la nueva ley debieron esperar más de seis meses.
Enrique de Santiago, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, calificó de diabólico ese mecanismo porque, en primer lugar, es difícil que un empresario firme un contrato con alguien sin saber cuándo podrá comenzar a trabajar y sin la certeza de que recibirá la autorización correspondiente.
La mayoría de los inmigrantes en situación irregular son empleados en tareas agrícolas, por temporadas, o en la construcción, donde rara vez los emplean de manera permanente.
El gobierno insiste en que quienes estén en situación irregular deben volver a su país y, en el caso de los ecuatorianos, ha ofrecido pagarles el viaje de ida y vuelta.
Además de que sería un proceso largo, por grupos y sin ninguna seguridad, Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Hispano- Ecuatoriana Rumiñahui, dijo que el gobierno habla de 40.000 personas, cuando hay más de 150.000 en situación irregular.
Humberto Alvarez, portavoz de los ecuatorianos en la región de Murcia, ubicada sobre la orilla norte del mar Mediterráneo, consideró que es «una tontería que el Estado gaste ese dinero», pagando el viaje de ida y vuelta, cuando es mucho más sencillo tramitar la documentación en España.
Ese viaje, según Gabriel Toala, otro emigrante ecuatoriano, «es una expulsión encubierta».
El gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña se comprometió a instancias del Defensor del Pueblo, una institución constitucional, a que se revisen los expedientes de unos 700 inmigrantes encerrados y en huelga de hambre, para evitar su expulsión y regularizar su permanencia y derecho a trabajar.
Otra reacción positiva se ha registrado en la andaluza provincia de Huelva, en el sur de España. Allí los empresarios agrícolas solicitaron permiso para contratar legalmente a los inmigrantes que el gobierno considera en situación irregular.
El empresario Manuel González, dirigente de los productores de fresas, señaló que si en un plazo máximo de 10 días no reciben ese permiso se les presentará una situación muy grave, porque perderían gran parte de la cosecha de esta temporada.
La mayor fuerza opositora, el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida (coalición basada en el Partido Comunista), todas las centrales sindicales, así como organizaciones no gubernamentales y humanitarias, mantienen la misma posición.
El gobierno debe regularizar la situación de todos los inmigrantes que están en España, sin necesidad de que regresen a hacer los trámites a su país de origen, afirman.
Por el momento, el gobierno ha renunciado a una expulsión forzosa y masiva de los inmigrantes irregulares, a los que califica de «sin papeles» y de «ilegales».
Nada garantiza que no lo intente a corto plazo, a menos que prosperen las demandas de una modificación o de una interpretación positiva de la nueva ley, algo en lo que la posición de las defensorías del pueblo (central y regionales) puede influir positivamente. (FIN/IPS/td/ag/pr hd/01
