Legisladores de Estados Unidos presentaron hoy un proyecto de ley que dificultaría la importación de diamantes de aquellos países en guerra que financian la lucha con la venta de estas piedras preciosas.
El proyecto, dirigido específicamente a minimizar la importación de diamantes de Angola, República Democrática del Congo (RDC) y Sierra Leona, es apoyado por 73 organizaciones no gubernamentales (ONG) que simultáneamente iniciaron una campaña para prohibir la venta mundial de los «diamantes de la guerra».
Estados Unidos importa 65 por ciento de los diamantes del mundo.
En este miércoles de San Valentín -un día que en Estados Unidos aumenta la venta de diamantes para obsequio-, las ONG solicitaron a la industria de la joyería que apoye la iniciativa.
«Hasta que un gran importador de diamantes como Estados Unidos prohíba la importación… de los países que no tengan los debidos controles» no se lograrán avances en el sistema internacional para impedir esta situación, señalaron en una carta dirigida a Joyeros de Estados Unidos y el Congreso Mundial de Diamantes.
La industria joyera respondió que analizará el proyecto propuesto. «La posibilidad de adoptar una ley eficaz aumentará si la industria… se puede unir para apoyar un único proyecto de ley», declaró el director ejecutivo del Congreso Mundial de Diamantes, Matthew Runci.
La campaña para prohibir el comercio de los diamantes de la guerra comenzó hace más de un año cuando el grupo Global Witness, radicado en Londres, documentó cómo el insurgente Frente Revolucionario Unido (RUF) aprovechaba su control en las zonas diamantíferas de Sierra Leona para financiar la guerra contra el gobierno y la población civil.
Con el respaldo de las vecinas Liberia y Burkina Faso, que también lucraron con los diamantes, el RUF se hizo conocer en todo el mundo por su tácticas de terror, que entre otras cosas consistía en cortarle las extremidades a sus víctimas.
Global Witness también investigó a UNITA, la organización rebelde de Angola que libra una larga guerra gracias a la explotación de diamantes por miles de millones de dólares.
Así mismo, en RDC, varios de los ejércitos extranjeros que controlan zonas diamantíferas financian sus intervenciones mediante la venta del mineral.
«El sábado pasado, tropas de Ruanda y Uganda una vez más se enfrentaron a balazos por el control de las minas de diamantes cerca de la ciudad de Kisangani», dijo el diputado republicano Frank Wolf, uno de los autores del proyecto de ley.
«Estos diamantes se venden a algunos gobiernos a cambio de armas y provisiones para ayudar a los ejércitos que luchan en RDC», dijo.
Además de la campaña de las ONG, la industria diamantífera y otros países productores, sobre todo de Africa austral, se percataron de que debían tomar medidas para que el problema de los diamantes de la guerra no perjudicara la venta legítima.
El resultado fue el llamado «proceso Kimberley», nombrado por la ciudad sudafricana donde compañías y países exportadores e importadores se reunieron en mayo para discutir la forma de mantener los diamantes de la guerra fuera del mercado.
Estos diamantes corresponden a entre cuatro y 15 por ciento del mercado total del mineral, según distintos cálculos, cuyas ventas ascienden a 7.000 millones de dólares por año.
El proceso Kimberley ideó un plan mundial de certificación por el cual los diamantes en bruto serían colocados en un paquete sellado en su punto de extracción con un número único de registro.
Ese número permitiría su ubicación en su traslado a un centro de procesamiento, como Amberes, Bombay o Tel Aviv, y finalmente a un lugar de venta minorista.
El proceso fue apoyado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre, pero las negociaciones para incluirlo en un tratado internacional (en curso en Namibia), están demoradas por las objeciones de Rusia, el segundo productor del mundo, según fuentes de ONG.
El proyecto de ley presentado este miércoles por Wolf y los legisladores demócratas Tony Hall y Cynthia McKinney, exige que todos los diamantes importados por Estados Unidos estén certificados, pero le daría un año de plazo a los países exportadores para cumplir con la normativa Kimberley.
Así mismo, crea una comisión independiente para vigilar el cumplimiento y estipula sanciones más rigurosas, incluso penas de hasta 10 años de prisión, para aquellos que infrinjan la ley.
«Nuestro proyecto de ley también pretende ayudar a las víctimas de las guerras por el control de los diamantes. Todos los diamantes de contrabando que ingresen a Estados Unidos deben ser requisados y vendidos para financiar la compra de prótesis, y otras formas de ayuda», dijo Hall. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip hd/01
