La situación de los derechos humanos en Cuba se ha convertido en uno de los ejes principales de la política exterior del gobierno de Fidel Castro, decidido a rechazar cualquier crítica externa por justa que pueda parecer.
La Habana no sólo rechaza todas las acusaciones sino que se muestra cada vez más sensible hacia cualquier cuestionamiento, provenga éste de Estados Unidos, de la Unión Europea o de países de América Latina.
«No hay absolutamente la más mínima razón para tratar de singularizar la situación en Cuba», aseguró el canciller cubano Felipe Pérez Roque, ante un proyecto de resolución moderada que prepararía un grupo de países latinoamericanos para presentar en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).
La resolución, alternativa a la que tienen previsto presentar Polonia y República Checa, siguiendo la tradición de años anteriores, contaría con el apoyo de México, Argentina y Chile, según la revista mexicana Milenio.
México estaría sondeando a otros países latinoamericanos para preparar un texto que exhorte al gobierno cubano a respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, exija el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la isla.
Marie Claire Acosta, encargada de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, habría viajado la semana pasada a La Habana para explicar el alcance de la propuesta, que modificaría la tradicional posición de ese país de abstenerse en las votaciones sobre Cuba en la ONU.
Pero el embajador de México en Cuba, Ricardo Pascoe, aseguró que la versión es falsa y trata de «enfrentar a los dos países».
«No vamos a ir a cumbres o a espacios internacionales para estar enfrentándonos al gobierno de Cuba», afirmó Pascoe, quien desde su designación en diciembre se ha reunido con Castro en varias ocasiones.
Roque negó, por su parte, haber recibido alguna comunicación de México sobre una nueva propuesta de resolución contra Cuba y destacó el buen estado de las relaciones bilaterales desde el arribo al poder de Vicente Fox.
Las informaciones sobre la posible resolución alternativa coincidieron con un agravamiento de la crisis entre Cuba y Argentina, a raíz de declaraciones de Castro en las que aseguró que el país sudamericano «lamería las botas yanquis» si votara la resolución contra Cuba en Ginebra, en lugar de abstenerse.
En respuesta, el gobierno de Fernando de la Rúa ordenó al embajador en La Habana, Oscar Torres Avalos, que permaneciera en Buenos Aires por tiempo indeterminado y suspendió una reunión sobre comercio prevista para este mes.
Como ocurre cada año, la polémica fue subiendo de tono a medida que se acerca la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y comienzan a circular versiones sobre los países que votarán a favor o en contra de Cuba.
Al gobierno cubano se lo acusa de limitar las libertades civiles, prohibir la oposición política y encarcelar a los disidentes, mantener el control estatal sobre la prensa y no convocar a elecciones presidenciales.
Por su parte, las autoridades cubanas aseguran que el régimen socialista vigente en el país desde hace más de 40 años respeta el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social.
En cuanto a los derechos civiles, como la libertad de prensa, de asociación y de reunión, indican que no podrán contemplarse mientras Estados Unidos organice y financie a la oposición interna.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional asegura que en la isla hay unos 300 presos por motivos políticos y su presidente, Elizardo Sánchez, señaló que la situación de los derechos civiles y políticos empeoró el año pasado y pronosticó «un deterioro aún mayor» durante 2001.
Mientras, las autoridades utilizan todos los recursos a su alcance para demostrar que los miembros de los grupos opositores son sólo agentes de Washington que intentan subvertir el orden interno y derrocar a Castro.
Como prueba de esto presentaron la detención el 12 de enero de dos ciudadanos checos -el parlamentario opositor Ivan Pilip y el ex dirigente estudiantil Jan Bubenik- que se encontraban en Cuba tomando contacto con disidentes por encargo Freedom House, una organización entadounidense que recibe fondos del gobierno.
Pilip y Bubenik fueron liberados el lunes 5, tras reconocer que habían violado las leyes cubanas.
El portavoz del ministerio checo de Relaciones Exteriores, Ales Pospisil, confirmó que su país y Polonia colaboran en el proyecto de condena a Cuba que se presentará este año en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aunque precisó que Praga se opone a que se apliquen sanciones económicas contra La Habana.
«Somos partidarios de sanciones contra los autores de los problemas», dijo Pospisil en alusión a Castro y otros miembros del gobierno cubano.
En 1998, La Habana logró salir por primera vez desde 1990 de la lista negra de los países que violan los derechos humanos en el mundo. El «perdón» fue atribuido a la repercusión mundial que tuvo la visita del papa Juan Pablo II, en enero de ese año, y a su llamado para que Cuba se abriera al mundo y el mundo a Cuba. (FIN/IPS/da/ag/hd ip/01
