Los querellantes en la causa por los crímenes de la «caravana de la muerte», cometidos en 1973 en Chile, consideraron una «lápida para el procesamiento» del ex dictador Augusto Pinochet los documentos aportados por la periodista Mónica González.
El abogado Eduardo Contreras pidió a la Corte de Apelaciones de Santiago que se agreguen al expediente los textos inéditos, al parecer firmados por Pinochet, en los cuales se confirmaría que estaba en conocimientos de los delitos y que ordenó no investigar ni sancionar a los responsables.
Estos nuevos antecedentes se sumarán a la causa que sustancia el juez Juan Guzmán, quien dispuso a fines de enero el procesamiento y arresto domiciliario del general retirado, acusado de 57 homicidios y 18 secuestros.
El magistrado investiga las actividades de la caravana de la muerte, una misión del ejército encabezada por Sergio Arellano que secuestró, hizo desaparecer y fusiló opositores de la dictadura entre septiembre y octubre de 1973.
Los documentos divulgados el martes por González refieren a la denuncia que el abogado Gastón Cruzat Paul formuló ante el ministro de Justicia de la época, Gonzalo Prieto Gándara, por las torturas y la posterior ejecución de Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, el 19 de octubre de 1973 en Antofagasta, norte de Chile.
Prieto Gándara reconoció el miércoles la autenticidad del documento que escribiera mientras era funcionarios de la dictadura que encabezó Pinochet entre 1973 y 1990.
«Yo le envié (la denuncia a Pinochet) para evitar que se siguieran cometiendo atrocidades, porque lo de Eugenio Ruiz-Tagle me conmovió hasta el alma», comentó.
Pinochet se declaró inocente de los cargos de secuestro y homicidio durante la indagatoria realizada por Guzmán y atribuyó responsabilidades a los jefes de las unidades militares por donde pasó la «caravana de la muerte».
Ruiz-Tagle, gerente de general de la Industria Nacional del Cemento SA, acató el 12 de septiembre de 1973 un requerimiento público y fue alojado en la cárcel de Antofagasta, donde permaneció hasta que fue retirado por la «caravana de la muerte».
Antes de poner en conocimiento a Pinochet sobre la denuncia, Prieto Gándara remitió un oficio al ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, en el que escribió que «la denuncia en cuestión me ha sido confirmada, personalmente, por los abogados Sergio Diez Urzúa y Jaime Guzmán Errázuriz».
Ambos dirigentes políticos de derecha fueron destacados asesores de la dictadura. Guzmán Errázuriz fue muerto en 1991 en un atentado perpetrado por el desaparecido Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
El oficio indica que, atento a «la gravedad de los hechos que se relatan, he estimado mi deber ponerlos en conocimiento de US (Pinochet), pues me parece indispensable que sobre el particular se adopten medidas que impidan la repetición de situaciones similares y, también, que se inicien las investigaciones pertinentes para sancionar a los culpables, si los hubiere».
«Idénticas consideraciones me merece la acusación de que numerosas otras personas habrían sido ajusticiadas sin juicio previo», agrega el escrito para finalizar que «es indispensable que la Junta Militar tome conocimiento de la situación».
El vicealmirante Carvajal envió el oficio a otros jefes militares y al auditor general del ejército, general Osvaldo Salas, según el documento hecho público el martes.
Un segundo escrito indica que «por providencia N' 12.900/131, el Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército ha remitido al suscrito los antecedentes adjuntos para que los ponga en conocimiento de S.E. como lo solicita el señor Ministro de Justicia», lo que al parecer Salas hizo, ya que tiene la firma que se presume es de Pinochet.
La abogada de familiares de Ruiz-Tagle, Carmen Hertz, explicó que, en caso de que ésta no hubiera sido la orden, «el comandante en jefe del ejército tendría que haber convocado un consejo de guerra y, dada la gravedad de los hechos, habría aplicado al delegado la pena máxima en estado de guerra, el fusilamiento.
Sin embargo, Pinochet dispuso el ascenso de Arellano a jefe de la guarnición de Santiago, la más importantes del país.
Por su parte, Miguel Schweitzer, uno de los abogados defensores del ex dictador, sostuvo que los documentos fueron sacados de contexto y que no se conocen en detalle los antecedentes.
El coordinador entre el equipo de la defensa y la familia de Pinochet, general retirado Guillermo Garín, afirmó que cuando el documento se emitió debió haber existido una investigación que le permitiera a Pinochet estampar aquella nota.
En cambio, la abogada Hertz no tiene dudas de que estos nuevos documentos prueban que la orden dada a Arellano era ejecutar a dirigentes políticos y funcionarios de responsabilidad del gobierno socialista de Salvador Allende, que Pinochet había derrocado en septiembre de 1973. (FIN/IPS/tv/dm/hd/01
