Los campesinos opuestos a la creación en Colombia de una zona desmilitarizada para el diálogo de paz entre el gobierno y el rebelde ELN pidieron hoy al delegado de la ONU, Anders Kompass, que garantice el acuerdo para levantar el bloqueo de rutas.
Los manifestantes suspendieron el corte de tránsito en siete puntos de la carretera Troncal del Caribe, que une Bogotá con el norte del país, pero permanecen al lado del camino atentos a las negociaciones entre 15 de sus delegados, el viceministro de Gobierno, Mauricio González y autoridades locales.
Fernando Vargas, quien dirige la organización no gubernamental Víctimas de la Violencia, dijo que la presencia de Kompass, director de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, generaría «condiciones de imparcialidad y de garantía para el diálogo».
Vargas, cuyo grupo apoya la protesta, informó que el delegado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) participaría con gusto como mediador si el gobierno acepta y su presencia es necesaria para garantizar el respeto de los derechos humanos en el departamento norteño de Bolívar.
El gobierno de Andrés Pastrana y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) proponen desmilitarizar los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar, para realizar la llamada convención nacional que definirá con delegados de la sociedad civil una agenda de negociaciones de paz.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), dijo a IPS que Kompass podría ser útil como garantía de los acuerdos con los campesinos y para despejar los obstáculos que han demorado el comienzo de las negociaciones entre el gobierno y el ELN.
«Nosotros saludamos la búsqueda de caminos de diálogo que aporten soluciones para la paz», comentó.
Rojas explicó que la zona desmilitarizada se extenderá por 4.000 kilómetros cuadrados en el sur del departamento de Bolívar, como ya lo ha convenido el gobierno con el ELN, segunda fuerza guerrillera detrás de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«La convención nacional debe realizarse en el sur de Bolívar, ya que pensar en otra zona sería prolongar por mucho tiempo la posibilidad de iniciar el proceso con el ELN», dijo el activista en relación a las protestas de los campesinos que se oponen al retiro policial y militar del lugar.
Los líderes de la protesta en la que participan unos 5.000 campesinos ordenaron levantar parcialmente el bloqueo que por cuatro días interrumpió el tránsito en la carretera Troncal del Caribe.
La medida fue adoptada ante el inminente desalojo por parte de la fuerza pública y la negativa del presidente Pastrana a dialogar mientras se mantuviese la manifestación.
Transportistas que utilizan esta ruta para llevar comestibles al norte del país y trasladar a su regreso mercadería importada indicaron que la interrupción del tránsito les ocasionó pérdidas diarias de 2,5 millones de dólares.
Los manifestantes, que el gobierno cree son presionados por paramilitares de derecha y narcotraficantes, se oponen a que el gobierno desmilitarice la zona de Bolívar, 10 veces menor al área controlada por las FARC en el sudeste del país.
Los campesinos de la zona dicen temer que los rebeldes violen sus derechos.
También condicionan el levantamiento del bloqueo de caminos a la anulación de las órdenes de captura y de los procesos judiciales iniciados contra líderes de la protesta y a que se suspendan las fumigaciones de cultivos de coca en el área, iniciadas la semana pasada por el gobierno.
Pastrana visitó el sábado San Blas, un poblado rural del sur de Bolívar, para conocer los resultados de una operación militar contra el narcotráfico realizada el jueves, un día antes del comienzo de cortes de ruta, en la que se destruyó un centro de procesamiento de cocaína de propiedad de paramilitares.
El mandatario comentó que «estos dos factores del conflicto armado interno (narcotráfico y paramilitares) infiltraron las protestas contra la creación de la zona desmilitarizada para el diálogo con el ELN», y aseguró que «no permitirá que paralicen el país ni que se interpongan en sus esfuerzos por la paz».
Ligia Galvis, analista de la estatal Universidad Nacional, explicó a IPS que las comunidades «no están dispuestas a permitir que se cree la zona neutral para el ELN y ese punto dificulta cualquier posibilidad de entendimiento con el gobierno central».
Los grupos paramilitares de derecha que manejan los cultivos de entre 5.000 y 20.000 hectáreas de coca en la zona buscan mantener su control y por esa razón se oponen a las negociaciones con el ELN, comentó.
Galvis opinó que la manifestación de los campesinos puede fracasar porque se da en momentos en que el gobierno muestra «una decisión más clara de llevar a cabo el proceso de paz con el ELN y las FARC», para lo cual cuenta con un fuerte respaldo político interno y de la comunidad internacional.
Otros analistas entienden que Pastrana se fortaleció al lograr descongelar la semana pasada las negociaciones que lleva a cabo desde hace dos años con las FARC y, además, con el ELN avanzó en definición de una reglamentación para la zona desmilitarizada con lo cual podría comenzar el proceso de diálogo de paz. (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
