La lucha contra la corrupción volverá a ser este año una cuestión de prioridad en China, donde las numerosas empresas públicas y los gigantescos proyectos de infraestructura se han convertido en centros de soborno y malversación de fondos.
La mayoría de los miembros del Congreso Nacional del Pueblo (CNP) afirman estar satisfechos con lo que la justicia hizo en 2000 contra la corrupción, pero señalan que no es suficiente, y por eso estarán más atentos al tema cuando se reúnan en marzo.
El gobierno lanzó la campaña nacional contra la corrupción en enero de 1999.
Tradicionalmente, los funcionarios de gobierno eran supervisados por el Partido Comunista y organismos públicos, pero en los últimos años, los congresos populares y cuerpos legislativos locales ganaron más autoridad para controlar la conducta de los líderes.
Esta autoridad podría ampliarse a las empresas públicas, muchos de cuyos ejecutivos aprovechan las fallas institucionales para poner manos en fondos del Estado.
Tras más de 20 años de reformas económicas, los ejecutivos de las empresas estatales juegan hoy un papel muy importante en la administración pública y manejan transacciones comerciales muy comlicadas.
No es una tarea menor para el gobierno central supervisar a los administradores de las 210.000 empresas estatales chinas, aproximadamente.
«Todos los países tienen problemas de corrupción. Mientras existan los gobiernos existirá la corrupción», dijo Zhao Shumin, una mujer de 58 años que trabaja en un comité barrial de Beijing.
«Es imposible erradicarla, pero al menos podemos disminuirla», agregó.
El gobierno municipal de Beijing anunció este mes que los funcionarios públicos de todos los niveles serían sometidos a una severa inspección disciplinaria este año, tanto en el trabajo como en su tiempo libre.
Los funcionarios no sólo deben obedecer las normas disciplinarias del Partido Comunista, sino también hacer que sus subordinados y familiares las cumplan.
«Se castigará severamente a aquellos funcionarios que hayan encubierto actos de corrupción de sus familiares o dependientes», anunció Jia Qinglin, funcionario del gobierno de Beijing.
Estadísticas del gobierno municipal revelan que la Comisión de Inspección Disciplinaria de Beijing recibió 19.333 cartas con denuncias de corrupción el año pasado.
En base a esas cartas, se detectaron 599 casos de corrupción y 1.044 funcionarios fueron castigados.
Algunos funcionarios fueron ejecutados tras ser hallados culpables, como Cheng Kejie, quien fuera vicepresidente de la Comisión Permanente del CNP.
Cheng fue ejecutado en septiembre por haber aceptado sobornos por 5,3 millones de dólares, una suma que él y su amante depositaron en bancos del exterior.
Dados los cambios en la estructura económica de China en los últimos años, el sistema de supervisión también debe ser modificado para adaptarse a la nueva realidad, sugirieron funcionarios.
«Un sistema completo de supervisión debería abarcar al Partido Comunista, los congresos populares, las conferencias consultivas políticas, organizaciones sociales, la prensa y el público en general», opinó Peng Fusheng, del municipio suroccidental de Chongqing.
Además, se precisan más esfuerzos para estimular al público, los congresos populares a todo nivel, los órganos judiciales y los medios de comunicación a jugar un papel más importante en esta lucha, agregó.
En 1999, el departamento disciplinario del Partido Comunista castigó a 132.447 funcionarios en toda China, en señal del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. El año anterior, sólo 1.500 funcionarios habían sido castigados.
«Todavía estamos muy lejos de lo que las autoridades centrales y la gente esperan de nosotros», declaró el primer ministro Zhu Rongji en la sesión del año pasado del CNP.
Las oportunidades de corrupción aumentaron junto con gigantescos proyectos de infraestructura como la represa de Tres Gargantas, que será la mayor del mundo y fue iniciada en 1997 en el suroeste de China.
En 1998, los fiscales municipales de Chongqing manejaron 95 casos de corrupción relacionados con proyectos de infraestructura, en su mayoría por sobornos o malversación de fondos públicos, informó Qin Xinlian, fiscal general de la Oficina de Fiscales de Chongqing.
Como resultado, se descubrió a 105 funcionarios corruptos, en su mayoría de condados, con acceso a fondos de construcción o a cargo de vastos proyectos de reubicación y construcción de nuevos asentamientos urbanos.
Esos funcionarios aceptaban sobornos, inflaban el costo del reasentamiento, «reubicaban» a personas inexistentes y se apropiaban de fondos destinados a la reubicación.
Pero de los 601 casos de corrupción registrados en 1998, sólo 16 casos estuvieron vinculados directamente con la represa de Tres Gargantas, observó Qin.
La represa, que deberá estar terminada para 2009, tiene un costo de 24.000 millones de dólares e implicará la reubicación de más de un millón de personas en nuevos centros urbanos, dado que serán desplazadas por el embalse.
En los últimos años, se malversaron 57 millones de dólares de los fondos de reasentamiento de Tres Gargantas, informaron funcionarios.
Qin señaló que la falta de supervisión del proceso de reubicación es la causa de gran parte de la corrupción relacionada con el proyecto, pero los fiscales de Chongqing crearon una red con la oficina local de reasentamiento y los departamentos de finanzas y auditoría del Banco Chino de Construcción para vigilar de cerca los fondos de construcción.
«Siempre que haya algún indicio de corrupción, lo investigaremos. Además, continuaremos llenando los vacíos y previniendo la corrupción en primer lugar», aseguró Qin. (FIN/IPS/tra-en/wy/js/mlm/ip/01
