El sur de Chile ha sido escenario desde fines de 2000 de enfrentamientos entre fuerzas policiales e indígenas mapuches que defienden las tomas de terreno como única manera de recuperar sus tierras ancestrales.
Los hechos del último mes y medio se han caracterizado por la fuerte represión policial, dejando varios heridos de ambos lados y tres indígenas procesados por la justicia militar, que desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) juzga a civiles cuando supuestamente atentan contra la seguridad nacional.
Los dueños de las tierras ocupadas reclamaron mayor energía al gobierno, solicitando incluso la intervención de las Fuerzas Armadas. Pero el presidente Ricardo Lagos desestimó este reclamo y llamó a ambas partes a respetar el estado de derecho.
«El estado de derecho, en el caso del pueblo mapuche es bien relativo», replicó Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, una de las organizaciones que realizan ocupaciones desde noviembre, junto a Identidad Lafkenche y Coordinadora Arauco Mallec, y recordó que los indígenas fueron sometidos por la fuerza y la violencia.
Durante las recuperaciones indígenas de las últimas seis semanas, en las que han participado niños, mujeres y ancianos, los mapuches quemaron rastrojos de siembra y se defendieron con boleadoras, piedras y palos de las bombas lacrimógenas, balines y carros lanza agua utilizados por la policía de Carabineros.
Aunque a cada toma la sigue un desalojo cada vez más violento, las familias indígenas vuelven a ocupar una y otra vez, acusando a los propietarios de «usurpadores».
Las movilizaciones indígenas pretenden la restitución de las tierras usurpadas, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, a través de la instalación de un parlamento institucional mapuche, y el cese del «indigenismo de Estado», declaró Huilcamán.
Los mapuches basan sus reclamos de tierras en títulos de dominios entregados durante la Colonia que fueron desconocidos o vendidos cuando la dictadura de Pinochet anuló en 1981 las propiedades comunitarias y dio paso a la propiedad individual, dijo a IPS el abogado Pablo Ortega.
Los indígenas acusan al gobierno de falta de voluntad política para solucionar el conflicto.
«La negación política de nuestra condición de pueblo, la imposición de proyectos de inversión pública y privada en nuestro territorio, la represión criminal de carabineros hacia las comunidades y la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado» lo demuestran, según Liwen, Centro de Estudios y Documentación mapuche.
Denuncian también que la Araucanía -zona que históricamente perteneció a esta etnia- se encuentra militarizada con un ejército privado y que las fuerzas policiales han actuado en forma irregular durante los desalojos.
Esto lo confirma un documento del jefe de la novena zona de carabineros, general Mauricio Catalá.
«Se puede apreciar con absoluta claridad que el personal de Carabineros llega al lugar de los hechos con un ánimo confrontacional predispuesto, e incluso en más de algún procedimiento ha sido la actuación policial desmedida y prepotente la que ha provocado la reacción de los mapuches, situación que es inaceptable en nuestra institución», afirma.
Los agricultores y dueños de las empresas forestales pidieron protección militar y llamaron a sus pares a organizarse en brigadas de autodefensa para contrarrestar a los mapuches, a los que acusaron de recibir instrucción militar en el estado mexicano de Chiapas.
El presidente de la Sociedad Nacional Agrícola, Carlos Santa Cruz, declaró que el país se encuentra en «estado de guerra», y Manuel Riesco, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, pidió a las autoridades que convoquen al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), integrado por representantes de las Fuerzas Armadas.
El gobierno desestimó las acusaciones de los empresarios agrícolas, afirmando que sólo están en conflicto 50 comunidades de las 2.200 existentes y que no intervenían más de 30 personas en cada toma de terreno.
Sin embargo, el 27 de enero el intendente de la región del Bío Bío, Jaime Tohá, interpuso un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado contra ocho mapuches que habrían participado en el incendio de la hacienda Lleu Lleu.
La ambigüedad de la Ley de Seguridad del Estado heredada de la dictadura permitió que a los mapuches acusados se les tipificaran dos delitos: desorden y actos de violencia que alteran la tranquilidad pública, e incitación a la destrucción de instalaciones agrícolas y obstaculización a su acceso.
Los agricultores reconocieron en declaraciones al diario El Mercurio que ya están organizados y equipados con tecnología de punta para proteger las tierras que consideran propias, e incluso reconocieron que ya han disparado contra mapuches.
Los pehuenches -mapuches de la cordillera- habían sido hasta ahora los más conflictivos, desde que la Empresa Endesa España, decidiera construir la Central Hidroeléctrica Ralco en un sector habitado por unas 80 familias indígenas.
A pesar de que los estudios de impacto ambiental de la Comisión Nacional de Medio Ambiente no dieron el visto bueno al proyecto, la última etapa de la construcción de Ralco fue aprobada por un decreto ley que el ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) firmó un día antes del cambio de mando. (FIN/IPS/tv/ag/ip/01
