Líderes de la mayor rebelión de presos ocurrida en Brasil piden ser reconocidos como una forma de sindicato, a través de manifiestos en que citan leyes, doctrinas jurídicas y hasta la frase de Ernesto Che Guevara de «endurecerse sin perder la ternura».
Los motines simultáneos en 29 cárceles del estado de Sao Paulo del día 18 fueron atribuidos por las autoridades y la prensa al crecimiento de una organización criminal, el Primer Comando de la Capital (PCC), y a las facilidades de coordinación ofrecidas por los teléfonos móviles.
Los documentos con que los jefes del grupo buscan dialogar con la opinión pública y el gobierno, muy bien escritos, anuncian algo más que una nueva rebelión, y es el surgimiento de un movimiento social de los presos, con un liderazgo de nuevo tipo y conocimientos para defender sus derechos.
«No queremos ser conocidos como partido del crimen, sino como sindicato de los marginados y condenados», afirma el manifiesto divulgado el domingo desde la Penitenciaria del Estado, una unidad del complejo de Carandirú que acumula 9.700 presos, en el centro de Sao Paulo.
La consigna del «partido», como es más conocido el PCC, es «Paz, Justicia y Libertad». Sus reivindicaciones se basan en la Ley de Ejecuciones Penales y en las obras de juristas respetados que defienden una profunda reforma del sistema penitenciario brasileño.
El primer «Manifiesto a la sociedad y a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo», divulgado el viernes pasado, recuerda que la ley define la recuperación como objetivo del encarcelamiento, determinando que los presos tengan posibilidad de trabajar y estudiar, además de celdas individuales.
Criminales son los que violan leyes, pero eso no se aplica a las autoridades que incumplen la legislación penal, destacan los autores del escrito.
También recomiendan a fiscales, jueces, gobernantes y periodistas famosos por el sensacionalismo criminal que lean obras de juristas respetados sobre cuestiones penales.
Los dirigentes del PCC reclaman «diálogo, no negociación», argumentando que la democracia asegura un «diálogo igual para todos», que no puede excluir a los presos.
«El diálogo es clave», coincide el parlamentario Marcos Rolim, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que pronostica la extensión de los motines simultáneos a otros estados del país.
El PCC, en su más reciente manifiesto, defiende la reforma recomendada por expertos y defensores de los derechos humanos, como la existencia de cárceles para un máximo de 500 presos, mayor capacitación de los funcionarios del sistema penitenciario y la aplicación de la legislación penal.
Los líderes del grupo dicen tener organizados, y «bautizados» en el acto de adhesión, a más de 12.000 encarcelados y 6.500 libres.
El grupo surgió en Sao Paulo, estado que concentra 40 por ciento de los 230.000 detenidos de Brasil. Esa es la base social que pretende representar «sindicalmente» y que se multiplica por las familias, como fuerza de presión en favor de derechos reconocidos en la legislación.
Su lucha por el cumplimiento de las leyes, con movilización masiva de los detenidos y de sus familias, como ocurrió el viernes pasado, combinando acciones ilegales y pedidos de paz, avances y retrocesos, puede ser comparado con las tácticas del Movimiento de los Sin Tierra por la reforma agraria.
Las autoridades carcelarias de Sao Paulo buscan desactivar la organización de los presos transfiriendo a sus líderes. Sin embargo, esa dispersión hasta ahora sólo sirvió para expandir el PCC y eso quedó demostrado en la múltiple rebelión.
Las cárceles contribuyen hasta ahora al crecimiento del crimen organizado. El surgimiento del llamado «Comando Rojo», en Río de Janeiro, vinculado al tráfico de drogas, se atribuyó a la convivencia de presos comunes con detenidos políticos en los años 70.
También aparecieron varios jefes de grupos con alguna formación intelectual, intentando justificar su opción por el crimen.
La lucha de clases en Brasil, la desigualdad social reconocida como una de las mayores del mundo, la corrupción en el gobierno y la defensa de los derechos humanos se juntan en una confusa, pero cada día más articulada, argumentación de los presos en las cárceles de este país.
Un grupo rival del PCC se denomina nada menos que Comando Revolucionario Brasileño de la Criminalidad.
La expansión del narcotráfico, que fomenta la incorporación a las actividades delictivas de jóvenes de capas medias, y el aumento de la escolaridad de los pobres brasileños contribuyen a esa tendencia, señalan expertos.
La gran concentración de presos en algunos presidios también favorece esa organización y a la afirmación de líderes.
La Central Unica de Trabajadores, la mayor organización sindical brasileña, nació en Sao Bernardo do Campo, cerca de Sao Paulo en los años 70, cuando la industria automovilística juntaba decenas de miles de obreros en pocas plantas.
No es coincidencia que la gran rebelión del día 18 haya comenzado en Carandirú, la mayor concentración de presos del país, y probablemente del mundo, ya que es demasiado temerario juntar casi 10.000 condenados en un solo local. (FIN/IPS/mo/dm/ip/01
