La propuesta oficial de ley de salud que permite la eutanasia activa y la esterilización voluntaria sin restricciones levantó toda clase de reacciones en Venezuela, donde amplios sectores demandan un análisis detenido.
La polémica surgió con la publicación del anteproyecto de ley para la Subcomisión de Salud de la Comisión Presidencial para la Seguridad Social. El Ministerio de Salud la defiende, la Iglesia Católica la condena y la legislación no la contempla explícitamente.
Sólo cuando se disponga de la versión definitiva, el presidente Hugo Chávez lo analizará en Consejo de Ministros y tal vez en febrero ingrese a la Asamblea Nacional (parlamento), donde otros sectores se sumarían al debate.
El anteproyecto expresa que las personas tienen el derecho «a morir con dignidad, y a solicitar a su médico tratante la aplicación de un procedimiento adecuado o asesoría en tal sentido, siempre y cuando se encuentre en un estado terminal de su vida o presente una enfermedad crónica grave con sufrimiento».
Así mismo, indica que cada ciudadano es libre de negarse «a medidas extraordinarias de prolongación de su vida, incluyendo la orden avanzada de no resucitación, siempre y cuando se encuentre en condiciones de ejercer su derecho a la autodeterminación y autonomía de voluntad».
«Hay un lado de la eutanasia que es bienvenido, deseable y humano», dijo el ministro de Sanidad, Gilberto Rodríguez Ochoa, y consideró «un acto humano» permitirle a las personas «morir con dignidad», cuando están en estado terminal o padecen una enfermedad crónica, dolorosa, irreversible.
En tanto, la Iglesia Católica ya comenzó su campaña contra el proyecto.
«En un país como el nuestro, donde la vida vale tan poco, hay tanto desapego a la norma jurídica y cunde su violación, poner en una ley la aprobación de la eutanasia es abrir un campo a un cierto tipo de exterminio», dijo a IPS el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Baltasar Porras.
«No podemos convertirnos en homicidas con el manto de la misericordia», añadió Porras y señaló que, más allá de lo ético, le preocupa este proyecto por «la cantidad de ancianos, de enfermos sin atención, hospitales que son depósitos de cosas viejas e inservibles».
Algunos sectores están de acuerdo con no prolongar la vida de los pacientes en estado terminal.
Pero el jurista Alberto Arteaga, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, recordó que según el artículo 407 del Código Penal, la eutanasia activa es considerada homicidio y conlleva penas de siete a 10 años de prisión.
Artega considera que esta actuación debe distinguirse de la denominada eutanasia pasiva, «que no es más que procurar y contribuir a facilitar la muerte digna, y no utilizar medios extraordinarios o desproporcionados cuando una persona está en etapa terminal».
La eutanasia pasiva está permitida a los médicos por el artículo 28 de la Ley de Ejercicio de la Medicina.
Ludwig Schmidt, del Centro de Estudios Religiosos de la Universidad Católica Andrés Bello, advirtió que si no se establecen los límites de la eutanasia, «se podría adelantar la muerte de mucha gente, para obtener órganos o con fines no adecuados».
En tanto, Fernando Bianco, presidente del Colegio Médico del Distrito Federal, dijo a IPS que «lo que está planteado es que haya un acto voluntario, de la familia o el paciente» y se actuaría en casos de "una prolongación innecesaria de la vida cuando se sabe que el paciente ya está terminal».
«Prolongar esa existencia es prolongar el dolor de todos», aseguró Bianco.
Augusto León, presidente honorario del Centro Nacional de Bioética, consideró que el intento de aprobar la eutanasia activa es una aberración y recordó que sólo se aplica en el norte de Australia. En Holanda está despenalizada, pero no es legal, mientras que en Colombia intentaron aprobarla y la rechazaron.
José Besso, presidente de la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, indicó que debe aplicarse la eutanasia a pacientes terminales y no recuperables, que no tienen oportunidad de vivir, y a quienes se les está prolongando la agonía.
La decisión deberían tomarla no sólo varios miembros de la familia sino también una junta médica y el comité de ética del hospital, expresó Besso. (FIN/IPS/ra/ag/he hd/01
