La organización de derechos humanos Amnistía Internacional dijo temer por la vida del juez y los funcionarios que investigan en Guatemala la muerte en 1998 del obispo Juan José Gerardi, así como por los testigos del caso.
El juez Eduardo Cojulún, quien dirige el juicio contra tres altos oficiales del ejército guatemalteco y dos civiles acusados del asesinato de Gerardi, recibió amenazas de muerte, informó Amnistía en un comunicado.
«Personas implicadas en la investigación siguen recibiendo amenazas y, según los informes, varios testigos han muerto en circunstancias sospechosas. Amnistía Internacional teme por la seguridad de cuantos participan en el proceso», dice el escrito.
Activistas de derechos humanos consultados por IPS sostuvieron que Cojulún denunció esta amenaza a las autoridades y que tomó medidas de seguridad.
El juez declaró que podría retirarse del caso si las intimidaciones se hacen insostenibles.
El juez Rudy Chin, integrante del equipo investigador, pidió ser relevado al alegar que tiene amistad con la familia del sacerdote Mario Orantes, uno de los acusados del crimen. Su lugar será ocupado por la magistrada Amada Victoria Guzmán.
Sin embargo, el comunicado de Amnistía Internacional afirma que Chin fue amenazado y «está demasiado asustado para seguir adelante con el proceso».
Según la organización, otros dos jueces afirmaron haber sido intimidados, pero se niegan a confirmar si esa intimidación se relaciona con el caso Gerardi.
Los acusados por la muerte de monseñor Gerardi son, además del sacerdote Orantes, la empleada doméstica Margarita López y los militares Byron Lima, Disrael Lima y Obdulio Villanueva.
El próximo jueves se abrirá una etapa crucial del caso Gerardi cuando un juzgado comience a atender las declaraciones de los testigos.
El obispo Gerardi fue hallado muerto a golpes en abril de 1998, dos días después de presentar un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala que atribuyó al ejército los peores episodios de los 36 años de guerra civil.
El rostro y cráneo del obispo fueron destrozados con un trozo de concreto.
La coordinadora de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Celia Medrano, dijo a IPS que el caso Gerardi pondrá a prueba al sistema judicial guatemalteco y determinará si ese país puede traspasar el muro de la impunidad tras cinco años de firmados los acuerdos de paz.
«Con impunidad no puede haber ni democracia ni transparencia», dijo Medrano, cuya organización nuclea a 12 organizaciones de derechos humanos del istmo. La Comisión cree firmemente que los autores intelectuales y materiales del crimen son miembros del ejército de Guatemala, agregó.
Amnistía Internacional sostuvo que colaboradores de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala siguen recibiendo amenazas de muerte.
Varios testigos cuya declaración por el caso Gerardi estaba prevista murieron en circunstancias sospechosas. Seis indigentes que se encontraban cerca de la casa del obispo la noche del asesinato murieron por causas desconocidas.
Luis Carlos García-Pontaza, un testigo clave, murió en prisión el 29 de enero. Según la versión oficial, se suicidó.
El director de la organización de derechos humanos guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco, sostuvo que muchos de los 115 testigos del caso son objeto de de amenazas de muerte. «Nosotros tememos alguna consecuencia lamentable», dijo.
Este caso concentra la atención internacional por una sucesión de extraños acontecimientos que impiden su esclarecimiento.
El juez y el fiscal designados inicialmente se vieron obligados a renunciar a raíz de denuncias internacionales según las cuales ambos magistrados habían dejado de lado pruebas que apuntaban al ejército.
El segundo juez renunció apenas un mes después de su nombramiento, y huyó a Canadá tras recibir amenazas de muerte.
Un testigo clave, el taxista Diego Méndez, que había visto un vehículo militar cerca de la casa del obispo Gerardi a la hora del asesinato, huyó a Canadá en febrero de 1999 tras un intento de secuestro y amenazas de muerte.
Un ex miembro de la guardia presidencial, el sargento Jorge Aguilar, también huyó a Canadá en agosto de 1999, dos días después de haber acusado a colegas suyos de estar vinculados con el crimen.
Otro fiscal que investigó el asesinato renunció y huyó de Guatemala el 7 de octubre de 1999, tras recibir reiteradas amenazas de muerte.
Los abogados de Byron Lima y Disrael Lima interpusieron varios recursos para impedir que las audiencias comiencen el 15 de febrero, pero los jueces encargados aseguraron que esa fecha se mantendrá firme. (FIN/IPS/nms/mj/ip hd/01
