La no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) calificó de «parcial y limitado» el fallo de la justicia militar que condenó a tres años de prisión al general Jaime Uscátegui por permitir la masacre de 22 personas en 1997, en una localidad del sudeste del país.
El fallo denota una «resistencia a ir al fondo de las cosas y a pronunciarse a través de una sentencia penal, condenando claramente la evidente alianza entre uno de los miembros más destacados de las Fuerzas Armadas con paramilitares de derecha», dijo el miércoles a IPS una fuente de la CCJ que pidió anonimato.
Uscátegui, condenado el lunes en el primer fallo contra un alto oficial del ejército por violación de los derechos humanos, «tenía el mando sobre los oficiales y soldados que actuaron conjuntamente con paramilitares para cometer una de las más horrendas masacres que ha ocurrido en el país», añadió la fuente.
Uscátegui era comandante de la Cuarta División del Ejército, con sede en la oriental ciudad de Villavicencio.
También fue condenado a tres años de prisión, por el mismo caso, el coronel Hernán Orozco, comandante del batallón que operaba en la zona de Mapiripán, una localidad rural del departamento de Guaviare.
En julio de 1997 llegaron en aviones a Mapiripán cerca de 200 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, permaneciendo en la localidad por más de 100 horas durante las cuales asesinaron brutalmente a sus víctimas, según estableció la investigación de la Procuraduría.
Uscátegui no hizo nada por proteger a la población civil y evitar la matanza, pese a que existían informaciones sobre la presencia de los paramilitares y sus planes, concluyó la investigación.
El juez de Mapiripán, Leonardo Cortés, alertó a Orozco sobre lo que estaba ocurriendo en la zona y el comandante remitió la denuncia a Uscátegui, «quien no actuó para impedir la matanza pese a que podía hacerlo», señala la investigación.
El tribunal militar exoneró a Uscátegui del delito de falsedad, pese a que Orozco declaró ante la justicia y la Procuraduría y la Fiscalía que su superior le había obligado a modificar el mensaje en el que alertaba sobre lo que estaba ocurriendo en Mapiripán.
Uscátegui, quien deberá pagar una suma equivalente a 5.000 dólares «por los daños causados a la institución (las Fuerzas Armadas)», se encuentra detenido en una guarnición militar desde mayo de 1999 y anunció el martes que apelará al fallo.
El fallo, pese a su carácter limitado, es un claro mensaje a los violadores de los derechos humanos de que cada vez les será más difícil actuar en la impunidad, según organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias.
Colombia está en la mira de la comunidad internacional, que pide al gobierno acciones concretas contra el paramilitarismo y sanciones para miembros de las Fuerzas Armadas que resulten vinculados con estos grupos, señalaron las ONG.
En octubre, pocos días después de la visita a Colombia del presidente estadounidense Bill Clinton, el gobierno de Andrés Pastrana destituyó a 388 miembros de las Fuerzas Armadas (89 oficiales y 299 suboficiales) por presuntas violaciones de los derechos humanos, corrupción y bajo rendimiento.
Washington reconoció los esfuerzos del gobierno colombiano para sancionar a los militares vinculados a los grupos paramilitares, pero considera que «aún falta mucho por hacer».
No obstante, el Ministerio de Defensa informó a principios de este mes que las denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones de los derechos humanos se redujeron notablemente durante los últimos cinco años.
En este período hubo 19.830 denuncias sobre violaciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos, de las cuales 15.744 se atribuyeron grupos guerrilleros, 3.759 a paramilitares y 327 a miembros de las fuerzas de seguridad.
La sanción a Uscátegui y Orozco coincidió el martes con el pedido de una comisión de investigaciones especiales de la Procuraduría de abrir un proceso disciplinario contra varios miembros de las Fuerzas Armadas en el sureño departamento de Putumayo, por su pasividad en el combate del paramilitarismo.
La solicitud de investigación incluye al comandante de la división del ejército, coronel Gabriel Díaz, al mayor Carlos Lancheros y a los capitanes Over Cáceres, Jorge Suárez y Javier Parra, que según la Procuraduría, «omitieron y omiten combatir a los grupos de autodefensa (paramilitares)».
Esta omisión tiene lugar «pese a que conocen de su existencia y de actividades, que han sido denunciadas por ONG de defensa de los derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Colombia», aseguró la Procuraduría. (FIN/IPS/yf/ag/hd/01
