Un nuevo resquicio legal y un contexto internacional favorable a la condena de delitos contra la humanidad llevaron en Argentina a una organización de derechos humanos a pedir la reapertura de causas contra militares participantes de la represión dictatorial (1976-1983).
Se trata del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fue aceptado como querellante en una causa en la que se juzga a los responsables del secuestro y apropiación de una niña ya restituida a sus familiares.
El CELS pidió que se investigue también el destino de los desaparecidos padres de la protagonista del caso, María Victoria Poblete. La acusación persigue el castigo a los responsables directos del secuestro, tortura y asesinato de los adultos desaparecidos.
La solicitud del CELS de investigación de esos delitos exige al juez la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, promulgadas en 1986 y que liberaron de proceso a unos 400 militares y policías participantes en la represión clandestina organizada por la dictadura.
El parlamento derogó en 1999 esas leyes. Es decir, ningún militar puede invocarlas para evitar su procesamiento por delitos cometidos posteriormente.
Hasta el momento se consideraba que la derogación resuelta no podía aplicarse en forma retroactiva, ya que el código penal impide quitar ningún beneficio con posterioridad al momento en que fue otorgado. La retroactividad de la ley sólo se admite en materia penal cuando favorece al acusado o condenado.
Pero el derecho internacional se inclina por el rechazo de cualquier justificación que permita la impunidad de delitos contra la humanidad, señaló este miércoles el presidente del CELS, el periodista Horacio Verbitsky.
La aceptación del CELS como querellante en una causa específica podría determinar entonces la reapertura de los procesos contra quienes se beneficiaron de las leyes de amnistía, si el juez actuante lo decide y la Cámara Federal de apelación y la Corte Suprema de Justicia confirman el fallo, puntualizó Verbitsky.
A falta de un tribunal constitucional, cada juez tiene en Argentina potestad para analizar la constitucionalidad de las normas y, eventualmente, declarar su nulidad caso por caso. Es decir, la demanda del CELS será, si prospera, un «caso piloto» al que podrían seguir otros.
Verbitsky comentó a corresponsales extranjeros que el CELS es optimista, pues la Cámara Federal de apelación ya ordenó incorporar a la causa abierta la investigación de los delitos cometidos contra los padres de Poblete.
Esta fue secuestrada junto a sus padres en 1976, cuando tenía ocho meses de nacida. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo encontró a Poblete, quien vivía con la familia de un teniente coronel, Angel Landa, quien fue procesado en la causa en que el CELS fue aceptado como querellante.
También fueron encausados dos participantes de la represión de los años de la dictadura, Julio Simón y Antonio del Cerro, que invocaron la obediencia debida.
El delito de apropiación de menores no fue contemplado en las leyes de amnistía, ni tampoco había sido considerado en los juicios de los años 80 a los líderes de la represión ilegal.
Las leyes de obediencia debida y punto final fueron aprobadas al considerarse que los miembros de las juntas militares responsables de las órdenes habían sido condenados por la justicia y que a sus subordinados solo les cupo obedecer.
Pero luego, los jefes militares fueron indultados y se extendió un manto de impunidad sobre todos los que habían intervenido en la represión ilegal. Los desaparecidos en los siete años de dictadura fueron 9.000, según un informe oficial, aunque el cálculo de las organizaciones humanitarias es de 30.000.
Verbitsky dijo que, a juicio del CELS, las condiciones han cambiado en Argentina y en el mundo, y hoy, cuando se acerca el 25 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el clima general es más favorable al juzgamiento de los responsables de los delitos contra la humanidad.
Desde 1995, cuando Verbitsky obtuvo en calidad de periodista la confesión del ex marino Adolfo Scilingo, que describió con detalles los «vuelos de la muerte», de los que se arrojaba a prisioneros aún con vida, la Audiencia Nacional de España aceptó el juzgamiento de militares argentinos en ese país.
La justicia de España intervino en principio en casos en que la víctima era descendientes de españoles, pero luego, se amplió la jurisdicción a todos, a instancias de algunos jueces que entendieron que se trataba de delitos contra la Humanidad.
El ejemplo más trascendente fue el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en octubre de 1998 en Gran Bretaña a pedido del juez español Baltazar Garzón, que pretendía su extradición para interrogarlo por similares razones que a los militares argentinos.
Pinochet, cuya dictadura se prolongó de 1973 a 1990, fue finalmente puesto en libertad por el gobierno británico por razones de salud, pero ha sido procesado en Chile, donde cumple detención domiciliaria.
Otros países presentan casos semejantes. Senegal reclama juzgar a un ex dictador de Chad, Alemania condenó a un ex jerarca bosnio, Holanda hizo lo mismo con un ex dictador de Suriname.
El mayor retirado argentino Jorge Olivera fue detenido en Italia en 2000 para su extradición a Francia, donde se le seguía proceso judicial por el secuestro, torturas, violación y desaparición de una mujer.
Mediante un documento falso, Olivera obtuvo la libertad y regresó a Argentina, donde lo protege la ley de obediencia debida.
Así mismo, el ex represor Miguel Cavallo, detenido en México, es relamado por la justicia de España para ser juzgado por delitos contra la humanidad.
Olivera y Cavallo fueron beneficiados con las dos leyes de amnistía promulgadas en Argentina, pero no pueden salir del país, pues los aguarda Interpol para llevarlos ante los tribunales extranjeros que los han requerido.
Verbitsky aclaró que la nueva estrategia judicial busca terminar con la impunidad. «Nos preocupan más el presente y el futuro que el pasado», dijo. Agregó que varios dirigentes políticos, eclesiásticos y sindicales, e incluso militares, han respaldado la iniciativa del CELS.
«No esperamos que el gobierno nos apoye, (sino) sólo que no interfiera», concluyó. (FIN/IPS/mv/ff/hd/01
