La falta de avances en una causa judicial por supuestos sobornos en el Senado de Argentina, que amenaza con cerrarse sin procesamientos pese a las advertencias de la Fiscalía, fue objeto hoy de protestas callejeras.
«No es posible vivir en un país en que se compran leyes y donde los jueces garantizan la impunidad de los corruptos», clamó en el acto Luis Moreno Ocampo, presidente de la organización no gubernamental Poder Ciudadano, quien también representa a Transparencia Internacional en América Latina.
El activista aludió así al escándalo que se desató en la primera mitad de 2000 cuando periodistas y senadores denunciaron de manera informal el cobro de sobornos millonarios por parte de senadores para aprobar una amplia reforma al régimen laboral propuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa.
La protesta es la primera que se realiza en relación con este caso de corrupción, que podría diluirse entre vericuetos judiciales, y tuvo el apoyo de intelectuales, artistas y otras organizaciones de derechos ciudadanos, de derechos humanos y algunas vinculadas con la justicia.
La fiscalía federal consideró este jueves que se trató de «una prolija empresa criminal, perfectamente diagramada por algunos sectores del Poder Ejecutivo Nacional y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación», y señalaron entre los artífices del delito al jefe del bloque de senadores oficialistas, José Genoud.
Moreno Ocampo lanzó el alerta en una manifestación convocada por Poder Ciudadano frente a la sede de los tribunales de justicia. Los manifestantes abrazaron el edificio con una bandera argentina de más de 400 metros, cantaron el himno y convocaron a sumar esfuerzos contra los dirigentes corruptos.
El acto se realizó un día después de que la Fiscalía pidiera el procesamiento de siete de 11 senadores sospechosos de gestionar y cobrar los sobornos para la aprobación de la ley. La solicitud requiere ahora del dictamen de la Cámara Federal de Buenos Aires.
El juez federal Carlos Liporaci, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito por el Consejo de la Magistratura, órgano que controla la actividad de jueces y fiscales, habia dictaminado en diciembre la falta de mérito de los procesos.
Eso significa que el magistrado consideró que las pruebas reunidas al momento no permitían ni procesar ni sobreseer a los imputados.
El fallo de Liporaci causó entonces indignación entre quienes habían denunciado el caso, en particular el ex vicepresidente Carlos Alvarez, que renunció a su cargo en disconformidad con la manera en que el gobierno afrontaba el caso.
El juez había dicho poco antes que había pruebas coincidentes acerca de la existencia del delito.
Sobre la base de la misma pesquisa y de sus resultados, los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado sostuvieron este jueves que las comisiones ilegales existieron, que fueron pagadas con dos cheques de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y que hay al menos siete senadores involucrados.
Los fiscales explicaron que el ahora ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el entonces director de la SIDE, Fernando de Santibañes, «acordaron» con los jefes de las bancadas oficialista y de la oposición, que a su vez habrían sido quienes distribuyeron los fondos obtenidos ilegalmente en el Senado.
Los dos ex funcionarios señalados habían sido blanco de las críticas del entonces vicepresidente Alvarez, quien llegó a condicionar su permanencia en el cargo a la renuncia de ambos.
Como el presidente los confirmó, Alvarez dimitió y desató una crisis política que al fin derivó también en la renuncia de los otros dos.
Freiler y Delgado sostuvieron que los sobornos se pagaron con 6,5 millones de dólares cobrados en el estatal Banco Nación por dos empleados de la SIDE en la fecha en que «casualmente» —dicen— se negociaba la aprobación parlamentaria de la controvertida reforma laboral.
El ministro del Interior, Federico Storani, consideró este viernes que el pedido de los fiscales es «poco serio» y «muy politizado», crítica rechazada por los magistrados y por otros dirigentes políticos y personalidades públicas presentes en el acto convocado por Poder Ciudadano.
En cambio, el portavoz presidencial Ricardo Ostuni aclaró que el gobierno no rechaza el pedido de apelación ante la Cámara sino la acusación de los fiscales por supuesta falta de colaboración por parte de las autoridades.
Los fiscales habían advertido que «el compromiso de determinados sectores del Estado en el sumario no se condice con rimbombantes declaraciones a los medios de prensa», y además mencionó como muy implicados a dos altos funcionarios y al jefe de la bancada oficialista en el Senado.
Moreno Ocampo consideró que la coyuntura es propicia para impulsar la selección de los mejores candidatos de cada partido, pues en octubre de este año por primera vez los ciudadanos votarán senadores de manera directa, en lugar de la tradicional votación en las legislaturas provinciales.
El dirigente explicó que el escándalo de sobornos en el Senado pone de manifiesto dos problemas de fondo: la falta de respeto a las leyes y el hecho de que las instituciones no están al servicio de los ciudadanos, sino de minorías con poder para corromper.
«Los partidos políticos reaccionaron a este caso con una defensa corporativa, en lugar de poner en primer lugar su lealtad para con la gente que vota, lo que significa que están más preocupados por tapar ciertos delitos que por sanear la política de dirigentes corruptos», añadió.
Para Moreno Ocampo, el enojo de los ciudadanos con el caso de sobornos en el Senado, con los altos salarios de los legisladores y con su cuestionado desempeño «no está dirigido contra el sistema de partidos, sino contra los dirigentes corruptos».
Por eso, Poder Ciudadano propuso en el acto de este viernes transformar la rabia de muchos ciudadanos en una acción mancomunada, a fin de afrontar de manera más coordinada a un grupo minoritario de dirigentes corruptos que actúa de modo eficiente en procura de defender sus intereses corporativos. (FIN/IPS/mv/mj/ip dv/01
