Los productores vitivinícolas de la región del río Bío Bío, en el sur de Chile, acudirán a la justicia para impedir la construcción de un complejo forestal, pues estiman que los daños que ocasionaría al ambiente atentarán contra la producción de vino.
El proyecto fue aprobado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) el 22 de enero, después de casi dos años de tramitación tras la presentación de un estudio de impacto ambiental por parte de la firma Celulosa Arauco y Constitución, perteneciente al grupo económico nacional Angelini.
Los productores vitivinícolas presentarán un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir la instalación en el valle de Itata de la fábrica de celulosa en la comuna de Ranquil.
El proyecto, aseguran, perjudicará la producción y calidad de los vinos de la zona, que gozan de denominación de origen. Su prestigio se pondría en peligro con la posible contaminación del agua y del aire.
Los vitivinicultores se suman así a los antagonistas del sector forestal, que se han enfrentado con indígenas mapuches y organizaciones ambientalistas que cuestionaron proyectos como la fábrica de astillas Cascada Chile, cerca de la región del Bío Bío, desechada por los inversionistas por falta de rentabilidad.
El caso marca también un enfrentamiento entre dos de las actividades exportadoras más pujantes de Chile. El año pasado, las ventas de vinos al exterior ascendieron a 569 millones de dólares, mientras las del sector forestal se estimaron en 2.500 millones.
La iniciativa judicial de los vitivinicultores se basa en «la ilegalidad de la resolución» que autorizó el proyecto Complejo Forestal e Industrial Itata (CFI Itata), dijo a IPS el abogado de la Asociación de Productores Agrícolas de la Cuenca de Itata, Alex Quevedo.
El abogado aseguró al menos 10 particulares y algunas municipalidades de la zona interpondrán acciones legales a fines de este mes.
El proyecto «no da garantías de que evitará los perjuicios ambientales», al tiempo que se constataron «ciertos vicios del proceso y en la falta de probidad de algunos participantes en la evaluación del estudio de impacto ambiental del CFI Itata», agregó Quevedo.
Quevedo no identificó a las personas a las que atribuye «falta de probidad», pero aseguró que colaboraron con la elaboración del estudio de impacto ambiental que la ley exige y que después asesoraron a la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), organismo gubernamental encargado de evaluar ese estudio.
La Corema declinó referirse al asunto antes de su ingreso en los tribunales.
El CFI Itata incluye una instalación para el trozado de madera, una de celulosa blanca, un aserradero y una fábrica de molduras. Tendrá capacidad para procesar 550.000 toneladas anuales de celulosa. El complejo consumirá 3,6 millones de metros cúbicos anuales de trozas de eucalipto y pino.
La inversión asciende a 1.400 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones corresponden a activos del complejo industrial y 400 millones a plantaciones forestales. El complejo tendrá una vida útil prevista de 20 años y dará empleo a 1.200 trabajadores de manera permanente.
La Corema del Bío Bío rechazó en junio de 1999 el estudio de impacto ambiental presentado por Celulosa Arauco y Constitución por considerar que la iniciativa adolecía de problemas.
La empresa apeló ante la Conama, que, a su vez, dio luz verde al CFI Itata. «El proyecto cumple con todos los requisitos ambientales que (…) exige la ley, ya que se implementarán todas las medidas que la Corema del Bío Bío había exigido inicialmente», según se lee en el documento que lo aprueba.
Los residuos y tóxicos que emanan de la producción de celulosa constituyen el mayor temor de los ambientalistas, dado que los compuestos clorados utilizados pueden ocasionar dermatitis y conjuntivitis.
Además, las dioxinas pueden afectar la composición genética de los organismos vivos. Las mutaciones añadirían problemas a los sistemas reproductivo e inmunológico.
La Conama autorizó el complejo cuando la empresa se comprometió a controlar el impacto ambiental, pero debido el bajo caudal del río Itata, hasta una mínima cantidad de residuos industriales puede causar un gran impacto, advirtió el abogado Quevedo.
Consuelo Espinoza, economista de la organización medioambiental Fundación Terram, dijo a IPS que existe «evidencia clara de que la celulosa causa un gran impacto en el ambiente». Pero las autoridades «no han hecho nada» y no dan señales de que vaya a «haber una medida mitigadora», agregó.
Espinoza subrayó la posición del gobierno, que privilegia proyectos forestales, menos sustentables pero que darán dinero a corto plazo, en lugar de estimular actividades como la vitivinícola, más sustentables y con buenos resultados económico a largo plazo.
Terram calculó que en el periodo 1988-1998 el mercado del vino creció a un promedio anual de 32 por ciento en volumen y de seis por ciento en precio. Mientras, el volumen de la celulosa en el mismo periodo creció en 16 por ciento y su precio varió, según el tipo de pulpa, entre 0.4 por ciento y 6 por ciento.
La economía chilena pasa por un mal momento por la desaceleración de la economía de Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Chile, y por el rezago de la crisis asiática, que aún no permite despegar el empleo.
Ante este escenario Espinoza señala que el gobierno «tiene que dar señales claras de que se puede invertir en el país y que se va invertir», aunque esto signifique que un sector ya no podrá desarrollarse.
Una evaluación del impacto socioeconómico del CFI Itata, solicitada a la Universidad Católica de Chile por la propia Conama, concluye que «existiría una incompatibilidad» entre el proyecto y «el (…) desarrollo de la actividad vitivivícola- turística en la zona». (FIN/IPS/jo/mj/en if/01
