Los jefes militares de Perú experimentan en este momento en carne propia el trato que dispensaron antes a los civiles opositores de los regímenes castrenses.
«En Perú los jefes militares pertenecieron casi a una casta por encima de los ciudadanos civiles y, como los nobles en la Edad Media, sólo podían ser juzgados por sus pares. Ahora ellos son los que están en el horno», dijo el sociólogo Flavio Solorzano, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo Social.
«Es claro que están mejor que algunas de sus ex víctimas pues sus vidas no corren peligro, ninguno será ejecutado extrajudicialmente, ni desaparecido ni torturado, pero es posible que muchos paguen largas condenas de prisión efectiva», añadió.
Muchos de ellos, que hasta hace pocas semanas ocupaban puestos en el gobierno del destituido presidente Alberto Fujimori, o ejercían los más altos cargos militares, se encuentran virtualmente presos y bajo investigación por su presunta participación en delitos de corrupción política o administrativa.
Alrededor de 60 generales, coroneles, vicealmirantes y contralmirantes están bajo discreto arresto domiciliario, mientras una comisión parlamentaria y el Poder Judicial investigan a la red de corrupción creada por el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, quien se encuentra prófugo.
La situación de estos altos oficiales se hizo pública en el momento en que dos generales del ejército, César Saucedo y Julio Salazar Monroe, fueron «retenidos» en el aeropuerto cuando intentaban viajar fuera del país y un tercero, José Villanueva, fue interceptado en la frontera norte.
«Estamos tratando de establecer la extensión de la siniestra red del poder corrupto montada por Montesinos, que incluyó no sólo militares sino también jueces, fiscales y funcionarios de la Superintendencia Tributaria», indicó David Waisman, presidente de la comisión parlamentaria investigadora.
Entre tanto, más de 160 generales, coroneles, comandantes y mayores del ejército, así como cuatro vicelmirantes, 15 contralmirantes y 59 capitanes de navío, fragata o corbeta fueron pasados a retiro en las últimas semanas en la mayor depuración de mandos militares en la historia de Perú.
Esta situación sólo tiene precedentes en los 180 años de vida independiente en los primeros y tumultuosos años de la República, cuando los gobiernos civiles o militares eran derrocados violentamente por algún golpe de Estado.
En esta oportunidad no se produjo golpe de Estado alguno, sino el colapso del régimen de Fujimori, al que estos jefes militares pertenecían.
Un vídeo, que mostraba a Montesinos sobornando con 15.000 dólares al parlamentaro opositor Alberto Kouri para que se pasara a la bancada oficialista, fue el detonante que provocó la caída de Fujimori.
Sacudido por el rechazo que causó el vídeo en la población, Fujimori trató de destituir a Montesinos y recortó el periodo presidencial de cinco años a un año.
Pero Montesinos se negó a aceptar su destitución y amenazó con un golpe militar, pero ante la reacción de la comunidad internacional debió huir a Panamá, desde donde regresó cuando fue expulsado por el gobierno de ese país.
En represalia, Montesinos ordenó a sus partidarios en el Congreso retirar el apoyo al gobierno de Fujimori, situación que decidió al mandatario a presentar renuncia desde Japón, donde encontró refugio gracias a su doble nacionalidad.
Aprovechando la ruptura entre «fujimoristas» y «montesinistas» en el parlamento, los partidos opositores designaron a un gobierno provisional, presidido por el abogado Valentín Paniagua, que debe conducir al país a las elecciones generales del 8 de abril y entregar el poder a quien resulte electo.
El nuevo gobierno también comenzó a desmontar la maquinaria militar creada por Montesinos y destituyó a los 14 generales del ejército, incluyendo al Comandante General y a su Estado Mayor, así como a los jefes de todas las regiones militares del país.
El punto vulnerable de la «red oculta» de poder militar fue la compra de armas, convertida por Montesinos en fuente de financiamiento de su aparato político. Durante la investigación surgió rápidamente a la luz el evidente desbalance patrimonial de los generales de más alto rango.
Los investigadores parlamentarios encontraron que Montesinos tenía alrededor de 80 millones de dólares en bancos suizos, de los cuales había girado entre uno y cinco millones a los generales de mayor poder.
Uno de ellos, el general Victor Malca, ex ministro del Interior y de Defensa, logró salir del país y viajó a Gran Caiman, donde trata de evitar que el gobierno peruano logre congelar los 14 millones de dólares que tiene en un banco local.
La súbita riqueza de otros generales, expresada en la compra reciente de casas y edificios en barrios residenciales de Lima, está siendo investigada por la comisión parlamentaria y la Fiscalía de la Nación.
La mayoría de los analistas independientes han comenzado a considerar que en la ex sociedad Fujimori-Montesinos, el asesor de inteligencia era en realidad el hombre fuerte del régimen.
«La forma como se desplomó cuando rompió su asociación con Montesinos y su conducta posterior nos pintan a un Fujimori como un gobernante aparente, fantoche, prisionero del poder militar manejado por los servicios de inteligencia», afirmó el analista Fernando Rospigliosi, del Canal N de televisión.
«Montesinos amenazó con un golpe militar que en realidad no era posible, no sólo porque la situación internacional no lo permitiría en este momento, sino también porque la cúpula militar había perdido liderazgo institucional por su evidente corrupción y no sería seguida en una aventura golpista», añadió.
El experto recordó que en un momento de la crisis, el 29 de octubre, se produjo el amotinamiento del coronel Ollanta Humala, quien aseguró contar con el respaldo de otros coroneles en el resto del país y exigió la renuncia de Fujimori y la destitución de los mandos máximos del ejército. (FIN/IPS/al/ag/ip/01
