La economía de la droga comienza a resurgir en la selva central de Perú, en donde las organizaciones del narcotráfico aprovechan la inacción del aparato represivo tras la crisis política provocada por la destitución del ex presidente Alberto Fujimori.
Una serie de indicios, como el resurgimiento de grupos armados en las zonas de la carretera Marginal de la Selva, así como versiones sobre la reanudación del uso de las pistas de aterrizaje clandestinas del narcotráfico, parecen consecuencia de esta inactividad de los cuerpos represivos.
El gobierno provisional de Valentín Paniagua, que entregará el mando el 28 de julio al candidato que gane los comicios de abril, ha declarado en reorganización a las Fuerzas Armadas, la policía y el Poder Judicial.
La reorganización de los mandos militares y de la policía, así como la depuración de jueces y fiscales, tienen como propósito desmontar la red de corrupción creada por el ex asesor de inteligencia de Fujimori Vladimiro Montesinos, quien se encuentra prófugo.
La Comisión parlamentaria que lo investiga estableció que Montesinos organizó la protección militar al narcotráfico, actividad que fue una de las principales fuentes con las que obtuvo millonarias ganancias indebidas, que compartió con los altos mando militares, según revelan sus cuentas bancarias.
Según testimonios recogidos por la Comisión investigadora, los militares sustituyeron en esta actividad a la organización guerrillera Sendero Luminoso, que protegía los aeropuertos clandestinos del narcotráfico.
Más de 220 oficiales de alto rango del ejército, la marina y la fuerza aérea han sido dados de baja entre diciembre y este mes, y muchos están bajo arresto domiciliario por su presunta colaboración con el narcotráfico.
Los jefes militares y Montesinos se las arreglaron para obtener la reducción del monto global de la producción de droga pero, según se descubrió ahora, al mismo tiempo elevaron las sumas que los narcotraficantes debían pagar por los servicios de protección y tolerancia a los que se permitía operar.
«Las bandas que llegaban a un arreglo con los hombres de Montesinos podían contar con la seguridad de que sus competidores serían eliminados», comentó el experto Roger Rumrrill.
Ahora, como consecuencia de la reorganización, ha cesado la protección militar a los narcotraficantes, pero también ha disminuido en términos generales la actividad represiva, añadió Rumrrill.
«Ya han vuelto a aparecer en las carreteras de la selva central grupos de hombres armados» y ciertos tramos estarían siendo usados nuevamente como pistas de aterrizaje por los aviones del narcotráfico», comentó un pequeño empresario de la construcción que pidió reserva de su nombre.
«Esos grupos armados son mercenarios de los narcos, pero se presentan como senderistas, y para hacer creer que lo son ponen pintas revolucionarias en los cerros y en los camiones y autobuses que interceptan», afirmó, mostrando rastros de una leyenda mal borrada en su camión.
El empresario utiliza dos de sus camiones para llevar carga entre Pucallpa, la principal ciudad de la selva central, y las zonas que en la década pasada fueron emporios de la coca y la cocaína.
«Ya se está transportando clandestinamente hacia los valles cocaleros toneladas de sustancias utilizadas para procesar la pasta básica de cocaína, lo sé porque me han hablado para llevar. Por supuesto que me negué pero tal vez tenga que dejar la zona porque los narcos marcan como inamistosos a los que no quieren colaborar», expresó.
Por último, señala que en los últimos meses ha advertido un tráfico todavía incipiente, pero que compite con la pasta básica de cocaína, el opio, «que está saliendo en botellas, hacia la costa».
Según el no gubernamental instituto Cedro, cerca de 800.000 personas viven en Perú, directa o indirectamente, de la economía paralela que generan la producción y el tráfico de drogas hacia otros países.
Otras fuentes estiman que alrededor de mil millones de dólares ingresaron a Perú en 1995, como resultado de la producción de coca y su posterior proceso de transformación en pasta básica de cocaína, suma que se cayó en 40 por ciento hacia 1999, como resultado de la reducción de las plantaciones de coca.
Se calcula que la extensión sembrada clandestinamente bajó de 115.000 hectáreas en 1995 a 55.000 en 1999, resultado que fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.
La base social del sistema de producción de coca son los 300.000 campesinos que la sembraron o la siembran ilegalmente en parcelas ganadas a la selva mediante incendios provocados.
La reactivación de la producción ilegal de cocaína en la selva peruana ha provocado la movilización de los campesinos productores, que están retornando a sus cocales abandonados.
Al mismo tiempo, sus representantes se movilizan para impedir que la policía o el ejército reanuden las actividades de erradicación de las plantaciones ilegales de coca.
Las acciones policiales de erradicación forzosa fueron suspendidas el 19 de diciembre, tras negociaciones entre los representantes del gobierno provisional y las asociaciones de agricultores de las zonas cocaleras.
Las asociaciones de agricultores cocaleros se proponen lograr que el gobierno abandone las metas establecidas en el Plan Antidrogas 2001-2005, que forman parte del convenio suscrito con Estados Unidos, según el cual se comprometió a erradicar este año 15.000 hectáreas de coca. (FIN/IPS/al/ag/ip/01
