Seis acusados del asesinato del presentador de televisión Paco Stanley en junio de 1999 en México fueron absueltos hoy por un juez, lo que dejó al caso sin resolver y golpeó con fuerza a la Procuraduría de la capital.
La decisión, recibida entre lágrimas y abrazos por los acusados, representó un triunfo para la poderosa cadena de televisión Azteca, donde trabajaba Stanley, que había acusado a los fiscales de actuar bajo consignas políticas.
Según la tesis de la Procuraduría, el conductor de televisión, que era adicto a la cocaína y amigo cercano de narcotraficantes, murió en una trampa preparada por sus propios amigos.
Sin embargo, el juez Rafael Santa Ana consideró insuficientes las pruebas para demostrar la acusación, aunque no negó las relaciones de Stanley con el narcotráfico. Este veredicto dejó el caso sin solución, pues no hay pruebas ni acusaciones contra otras personas.
Los acusados, que cumplieron un año y medio de detención y ahora fueron absueltos, señalaron que estudiarán la posibilidad de demandar a sus captores y acusadores. En tanto, la Procuraduría de la capital manifestó que estudiará el expediente del juez para decidir si presenta una apelación.
Para emitir su veredicto, el magistrado analizó 52 pruebas periciales, 170 testimoniales, 35 careos y unas 500 pruebas documentales.
Según las investigaciones iniciales, el asesinato se cometió pues Stanley debía mucho dinero a sus proveedores de droga y se negaba a pagar.
El presentador de televisión, de 57 años, fue acribillado a balazos el 7 de junio de 1999 cuando salía de un restaurante del sur de la ciudad de México, tras desayunar con algunos colaboradores.
Entre sus acompañantes estaba Mario Bezares, su más cercano colaborador, que fue señalado como uno de los responsables del asesinato.
Bezares siempre se declaró un víctima de los investigadores y llegó a reclamar la intervención de organismos internacionaes de derechos humanos para quedar en libertad, lo que ocurrió finalmente este jueves.
El día del asesinato, personal de seguridad de Televisión Azteca acudió al lugar del hecho, removió pruebas y pretendió evitar que se revelara que Stanley era adicto a las drogas, denunció la Procuraduría.
Las acusaciones de los fiscales provocaron el malestar de Televisión Azteca, que trató por todos los medios de desvirtuar el trabajo de la Procuraduría y del gobierno de la capital, en manos del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
A la campaña se sumó en los últimos meses del año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la capital, que señaló que una de las acusadas de preparar el asesinato, Paola Durante, ex colaboradora de Stanley, no era culpa y debía ser liberada.
Para sustentar su pedido, la Comisión se basó en el cambio de testimonio de uno de los principales testigos, quien afirmó que vio como Durante y Bezares, ahora en libertad, planearon el asesinato junto al narcotraficante Luis Amezcua, pero luego modificó su declaración.
Stanley, quien conducía un programa cómico de gran popularidad, era una de las figuras de Televisión Azteca en la campaña que realizaba el canal contra el consumo de drogas.
Tanto Televisora Azteca como Televisa, la gran empresa de la televión mexicana donde Stanley trabajó hasta 1997, trataron de contrarrestar las pruebas presentadas por la Procuraduría con numerosos reportajes, entrevistas y reseñas que proyectaban una imagen positiva del presentador.
Estimulados por las dos grandes televisoras mexicanas, miles de personas acudieron al funeral y el entierro de Stanley, y reclamaron a gritos al gobierno de la capital por la inseguridad.
A pesar de los ataques, la Procuraduría llamó a declarar a varios ejecutivos de Televisión Azteca, entre ellos a su director y presidente, Enrique Salinas, hecho que la televisora calificó como un intento de intimidación y una forma de ocultar la ineficiencia de los fiscales en las investigaciones.
Cuando ocurrió el asesinato, Televisa señaló que la muerte del conductor demostró que la violencia en la capital mexicana, donde en 1999 se cometieron 623 delitos al día, «es peor que la de Kosovo y la que se vive en Belgrado». (FIN/IPS/dc/ag/ip/01
