Los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos vuelven a colocarse en el centro del viejo conflicto entre ambos países con la llegada a la Casa Blanca del republicano George W. Bush.
Mientras en medios oficiales cubanos no se espera nada bueno del décimo presidente estadounidense desde el arribo al poder de Fidel Castro hace 42 años, analistas independientes estiman que el tema migratorio podría poner a Bush ante una decisión difícil.
Los acuerdos migratorios firmados en 1994 y 1995 tienen la oposición abierta de influyentes grupos del exilio cubano en el estado de Florida, sector al cual el nuevo mandatario se inclinará a contentar durante su mandato, señalaron expertos en La Habana.
Pero, al mismo tiempo, la ruptura de los acuerdos y el inicio de un conflicto bilateral que podría provocar un éxodo masivo de emigrantes desde Cuba, constituiría una seria amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Ley Helms-Burton, firmada por Bill Clinton en 1996, establece el derecho de Estados Unidos a intervenir militarmente en el país caribeño en caso de una crisis migratoria como la que tuvo lugar en 1994.
«Aquí evitar la guerra es ganarla», afirmó el martes el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, en referencia a un documento entregado a Bush por líderes del exilio cubano en Estados Unidos, en el que le demandan la cancelación de los acuerdos migratorios.
El gobierno cubano advirtió que no dará los pretextos necesarios para generar una crisis que podría atentar contra su soberanía y aseguró que actuará «con inteligencia y realismo».
Desde 1959, Cuba abrió sus fronteras marítimas en tres ocasiones en medio de una crisis con Estados Unidos y como medio de presión política. La última vez fue en el verano de 1994, cuando unas 30.000 personas salieron de la isla.
Ahora, la intención de los grupos del exilio, según fuentes citadas por Granma, «sería fabricar un incidente donde mezclen artificialmente a Cuba» y presionar entonces a Bush para que reaccione con fuerza ante el hecho.
El diario añade que la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la organización más influyente del exilio, pretende «alentar una situacion caótica» en materia migratoria «que llegue a provocar hasta un choque militar entre Cuba y Estados Unidos».
En la actualidad, la FNCA tiene al Congreso de Estados Unidos «completamente a su favor», asegura Granma, y en esa situación «puede sentirse tentada a impulsar con mayor fuerza sus pretensiones subversivas».
El gobierno cubano señala a la FNCA, creada por el fallecido Jorge Más Canosa en 1981, como la responsable de los principales atentados contra la isla realizados en los últimos años.
Atentados terroristas habrían sido realizados en Cuba en los últimos 20 años con el financiamiento directo de la FNCA, aunque públicamente esta organización se proclama como luchadora pacífica por la libertad de la isla.
La FNCA se opuso desde el primer momento al acuerdo bilateral de mayo de 1995, que comprometió a Washington a repatriar a toda persona procedente de Cuba que sea interceptada intentando llegar ilegalmente a territorio estadounidense.
Al mismo tiempo, es una de las principales defensoras de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que establece el derecho de asilo político para todo ciudadano cubano que llega a Estados Unidos, independientemente de que su entrada sea legal o ilegal.
Desde el inicio de la implementación del acuerdo de 1995 hasta el martes pasado, 3.225 personas fueron repatriadas a la isla por las autoridades estadounidenses, según fuentes cubanas, de las cuales 483 habían intentado irse por la Base Naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense en territorio cubano.
Al mismo tiempo, datos de la patrulla fronteriza estadounidense indican que más de 1.800 los ciudadanos cubanos obtuvieron el año pasado el derecho a vivir en Estados Unidos por haber tocado tierra sin ser detectados previamente.
Granma reveló esta semana el caso de Eduardo y Javier Meizoso, primos hermanos residentes en Pinar del Río, a unos 150 kilómetros de La Habana, que fueron repatriados el viernes pasado tras intentar salir de Cuba en una lancha rápida.
Según la versión oficial, los dos cubanos presentaron al deseo de mejorar económicamente como la causa que motivó su salida del país y que para ello aprovecharon una embarcación destinada al tráfico ilegal de personas entre ambos países.
Eduardo Meizoso habría manifestado que ya en otras ocasiones habían intentado salir del país, incluso por vía legal. Pero las autoridades consulares «quieren que uno se arriesgue. Si no lo haces, no sales», afirmó.
Para incentivar una «emigración legal, ordenada y segura», según el texto de los acuerdos, Washington debe entregar 20.000 visas a emigrantes cubanos.
El gobierno cubano, por su parte, debe vigilar sus costas y abstenerse de aplicar cualquier medida represiva contra las personas repatriadas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos por «el intento de salida ilegal del país».
Pero La Habana asegura que los acuerdos no se cumplirán plenamente mientras continúe vigente la Ley de Ajuste Cubano, a la que señala como el mayor incentivo a la emigración ilegal. Asimismo, dice que Washington promueve una emigración selectiva que tiende a privilegiar a determinados sectores profesionales.
Estados Unidos manifiesta que las autoridades cubanas imponen «barreras» migratorias que dificultan la salida legal de las personas que ya han recibido su visa de emigrantes.
Entre las medidas que impedirían el viaje de algunas personas beneficiadas con visa estaría el alto costo de los trámites de viaje (600 dólares) y que en el caso de los médicos el permiso de salida del país puede demorar hasta cinco años. (FIN/IPS/da/ag/ip/01
