El gobierno de Estados Unidos emitió pautas para ayudar a los bancos nacionales a evitar transacciones de gobiernos extranjeros corruptos, en la última iniciativa contra el lavado de dinero de la administración de Bill Clinton.
La guía emitida el martes como parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero exhorta (pero no obliga) a las instituciones financieras a examinar sus cuentas y transacciones voluminosas que puedan ser producto de la corrupción de altos funcionarios extranjeros, sus familias o colaboradores.
«La corrupción de gobiernos extranjeros debilita los esfuerzos de Washington por promover instituciones democráticas y el desarrollo económico en todo el mundo», declaró el saliente secretario del Tesoro, Lawrence Summers.
Las nuevas pautas ayudarán a las instituciones financieras estadounidenses a evitar ofrecer «ayuda involuntaria a funcionarios extranjeros corruptos que buscan ocultar sus ganancias mal habidas», agregó.
La guía fue emitida conjuntamente por el Departamento del Tesoro, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, la Oficina del Inspector de la Moneda, la Corporación Federal de Garantía de Depósitos, la Oficina de Supervisión de Ahorros y el Departamento de Estado (cancillería).
El mandato del presidente Clinton termina el próximo día 20, y en su lugar asumirá el republicano George W. Bush.
Los bancos de Estados Unidos han sido criticados por ignorar posibles actos de corrupción y por sus laxos controles. Recientemente, el banco moscovita Sobinbank fue acusado de sacar ilegalmente de Rusia 7.000 millones de dólares de ayuda extranjera a través del Banco de Nueva York.
Se estima que anualmente se lavan 600.000 millones de dólares a través de bancos de todo el mundo.
Las nuevas pautas de Estados Unidos se asemejan a otras adoptadas voluntariamente el pasado octubre en Ginebra por 11 de los mayores bancos privados internacionales, para combatir el lavado de dinero y otros delitos relacionados.
La guía exhorta a los bancos estadounidenses a estudiar las transacciones realizadas por destacadas figuras políticas extranjeras, y sugiere una serie de normas sobre la apertura y el mantenimiento de cuentas para obtener información sobre su origen e identificar transacciones sospechosas.
Por ejemplo, los bancos deberían identificar al cliente y la fuente de sus ingresos al comienzo de la relación comercial, y renunciar al secreto bancario dispuesto por leyes locales.
Entre otras medidas, las instituciones deberían averiguar el salario oficial del cliente involucrado y otras fuentes legítimas de ingresos, para luego determinar si éstos están de acuerdo con los depósitos que pretende realizar.
La Unión Europea también acordó en junio de 2000 abolir el secreto bancario para aquellas cuentas pertenecientes a no residentes antes de fin de año, como parte de una serie de medidas contra el lavado de dinero.
Aunque las autoridades de Suiza y Gran Bretaña pudieron determinar que el dictador nigeriano Sani Abacha, fallecido en 1998, había depositado miles de millones de dólares en sus bancos, Estados Unidos no pudo llegar a una conclusión similar por falta de una investigación criminal completa.
Investigaciones del Congreso determinaron que Citigroup, un gran grupo bancario estadounidense, tenía depositados activos de los hijos de Abacha y de Raúl Salinas de Gortari, hermano de un ex presidente de México, quien se encuentra en prisión por la autoría intelectual de un asesinato.
Citigroup también tuvo cuentas de Asif Alí Zardari, esposo de la ex primera ministra de Pakistán Benazir Bhutto, quien se encuentra preso por corrupción; del presidente de Gabón, Omar Bongo, investigado por corrupción en Francia, y de dos hijas de Alí Suharto, el ex dictador de Indonesia.
«Aplaudimos las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro contra la corrupción», pero «de hecho ya aplicamos políticas que se ajustan a la guía», declaró Richard Howe, portavoz de Citigroup.
En una audiencia ante el Congreso en noviembre de 1999, Citigroup admitió que a mediados de los años 90 sus controles internos no eran satisfactorios. La institución sostiene que apenas uno por ciento de sus clientes individuales son figuras públicas.
Las nuevas pautas «son lo mismo de siempre para nosotros», aseguró Alexandra Trower, de la institución financiera J.P. Morgan.
«Por mucho tiempo hemos basado nuestra actividad en esas normas. La guía fortalece esos principios y provee una plataforma para toda la comunidad financiera internacional», añadió Trower.
Sin embargo, la guía de Estados Unidos no es ley. Organismos financieros federales advirtieron que controlarán si los bancos aplican medidas adecuadas para identificar y prevenir el lavado de dinero. (FIN/IPS/tra-en/gm/da/mlm/if-ip/01
