El gobierno de Argentina evitó comentar la decisión de la justicia mexicana de aceptar la extradición a España del ex represor argentino Miguel Cavallo, mientras grupos humanitarios aplaudieron el fallo.
«Es una cuestión entre México y España», dijo la cancillería argentina en un escueto comunicado emitido el viernes, en el que también informa que se le seguirá «prestando asistencia consular a Cavallo, como se hace con cualquier ciudadano del país en el exterior»
La declaración fue divulgada poco después de que el juez Jesús Guadalupe Luna le leyera al militar retirado el fallo a favor del pedido de su colega español Baltasar Garzón, por «su probable responsabilidad en los delitos de genocidio y terrorismo», cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).
Sin embargo, Luna resolvió que Cavallo no podrá ser acusado en España de torturas, como también pretende Garzón, por haber prescripto el plazo que establece la ley mexicana para ello.
Cavallo recibió la notificación judicial en una audiencia pública celebrada el viernes en el Reclusorio Oriente, en la ciudad de México, donde se encuentra desde que fuera detenido por Interpol (Policía Internacional) el 24 de agosto en el aeropuerto de Cancún cuando se aprestaba a regresar a Argentina.
El destino judicial final de Cavallo ahora quedó en manos de la cancillería mexicana, que deberá resolver si acuerda con la justicia en un plazo de 20 días hábiles.
Sin embargo, expertos y medios de prensa agentinos recordaron que el presidente Vicente Fox señaló pocos días después de asumir el 1 de diciembre que no iba a bloquear la extradición de Cavallo. En el mismo sentido se expresó su canciller, Jorge Castañeda.
Mientras, organizaciones de derechos humanos manifestaron su alegría por el dictamen de Lima, que se constituye así en el primer juez de América Latina en aceptar el principio de jurisdicción universal para casos de violaciones de derechos humanos.
La aplicación de la extraterritorialidad de la ley para que los delitos contra la humanidad cometidos en un país puedan ser juzgados en otro comenzó a ser materia de fuertes debates desde la detención en 1998 en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a pedido de Garzón y en la misma causa que involucra a Cavallo.
El propio presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, al igual que su antecesor, Carlos Menem, se manifestó contrario a este criterio en distintas oportunidades.
«Yo sostengo el principio de territorialidad, y el señor Cavallo no tiene ninguna causa en Argentina», dijo De la Rúa en septiembre en México en referencia a que el ex represor está amparado en su país por leyes de amnistía dictadas en los años 80.
La presidenta de la agrupación humanitaria argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, hizo alusión a esta polémica al indicar que la decisión de la justicia mexicana «es algo emblemático, porque los represores sabrán ahora que si salen del país los pueden agarrar».
También el grupo internacional con sede en Nueva York Human Rights Watch (HRW) destacó el hecho de que, «con este fallo, México se convirtió en el primer país de América Latina en aplicar el principio de jurisdicción universal para violaciones contra la humanidad».
«Este es un gran paso en la defensa de los derechos humanos en la región», indicó el director ejecutivo de la división para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Agregó que «este caso prueba que el proceso a Pinochet preparó el ambiente necesario para que se investiguen los delitos contra los derechos humanos».
Respecto de la decisión última del gobierno mexicano, Vivanco precisó que «el canciller Castañeda ha dicho que su país está comprometido con el respeto de los derechos humanos y esta es la oportunidad de demostrarlo».
También se manifestó complacido por el dictamen del juez Lima el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Argentina. Consideró que el fallo «ratifica el camino de la justicia universal y anuncia el fin de la impunidad para los culpables de crímenes aberrantes».
«El CELS espera que la cancillería de México ratifique la misma voluntad por lograr verdad y justicia, ajustando su resolución al consenso internacional que exige establecer las bases institucionales de toda sociedad democrática a partir del principio de justicia», expresa en un comunicado.
Cavallo es el segundo argentino detenido por cargos de abusos a los derechos humanos cometidos en la dictadura, tras el arresto en Roma, también el año pasado, del mayor retirado Jorge Olivera, liberado luego debido a errores de procedimiento cometidos por la justicia italiana.
El militar argentino había ingresado a México el 4 de octubre de 1999 como turista con el nombre de Miguel Angel Cavallo y obtuvo la visa de trabajo en un mes, un trámite que en general lleva tres meses.
La embajada de Argentina en México informó en agosto, unos días después de la detención, que desconocía la residencia de Cavallo en ese país, si bien por su actividad empresarial era entrevistado de manera reiterada por los medios de comunicación
El ex represor se desempeñó como director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), de México, hasta que fue identificado por el diario local Reforma como un antiguo miembro de la Armada argentina, acusado de asesinatos, secuestros, desaparición de personas, torturas y robos de automotores.
El caso de Cavallo también tuvo consecuencias en México, ya que derivó en el suicidio a mediados de septiembre del viceministro de Comercio, Raúl Ramos, quien mantenía relaciones profesionales con el ex represor.
Ramos atribuyó su decisión, en una carta póstuma hallada cerca de su cadáver y dirigida al entonces secretario (ministro) de Comercio, Herminio Blanco, a las presiones relacionadas al Renave, dirigido por Cavallo.
El Renave, entregado en concesión por la Secretaría de Comercio a la empresa que comandaba Cavallo, entró en crisis luego de la detención del argentino.
A todo esto, activistas humanitarios, familiares de desaparecidos en Argentina y sudamericanos que viven fuera de sus países implementaron a fines del año pasado una campaña a través de Internet, la red mundial de computadoras, para presionar a México para que hiciera lugar al pedido de Garzón. (FIN/IPS/dm/hd/01
