El gobierno de Chile anunció hoy que promoverá una ley para penalizar a quienes dispongan de información para ubicar restos de desaparecidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y se nieguen a entregarla a las autoridades.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Huepe, formuló el anuncio tras una reunión del comité político ministerial con el presidente Ricardo Lagos, en que se analizó el primer fracaso en la búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas según los informes elaborados por las Fuerzas Armadas.
Este fracaso se produjo en Cuesta Barriga, un paraje rural de los alrededores de Santiago, donde el juez especial Juan Carreño dirigió el viernes y sábado infructuosas excavaciones de rastreo de los cadáveres de seis dirigentes comunistas, sepultados allí según un informe del Ejército.
Las Fuerzas Armadas recopilaron desde julio antecedentes sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con una ley especial denominada de «secreto profesional», que estableció a esos efectos un plazo de seis meses que expiró el día 6.
Los militares amparados en el secreto profesional entregaron datos de 200 desaparecidos sobre alrededor de un millar, identificando con sus nombres a 151 cuyos cadáveres fueron arrojados al mar y ríos, y a otros 29 que estarían sepultados en diversos lugares.
Habría una fosa colectiva con los restos de otros 20 desaparecidos no identificados, de acuerdo con informes que recibió el presidente Lagos.
El mandatario traspasó los antecedentes, a su vez, a los tribunales para las investigaciones de rigor, según el mecanismo determinado por la ley del secreto profesional.
En los deudos de las víctimas de la represión dictatorial causó desazón el bajo número de antecedentes, que comprenden solo a 20 por ciento del total de desaparecidos.
A la vez, hubo reacciones de escepticismo respecto de la veracidad de los datos sobre prisioneros políticos cuyos cadáveres habrían sido lanzados al mar.
Las frustradas excavaciones en Cuesta Barriga ampliaron las dudas a los informes sobre enterramientos de desaparecidos y a la vez aumentaron la indignación de los familiares y algunos abogados de derechos humanos que acusan a los militares de haber montado una «farsa» a partir de la ley del secreto profesional.
La abogada Carmen Hertz, una de las mayores críticas de la ley, sostuvo este domingo que se intentó utilizar el mecanismo de búsqueda de los desaparecidos para que el ex dictador Pinochet «eluda la justicia».
El ex gobernante de 85 años será sometido el martes 23 a interrogatorio por el juez Juan Guzmán, quien podría disponer su procesamiento por 17 secuestros y 57 homicidios cometidos entre septiembre y octubre de 1973 por una misión especial del Ejército, conocida como la «caravana de la muerte».
Los casos de desapariciones sin hallazgo posterior de la víctima, viva o muerta, son rotulados judicialmente como secuestros.
Trece de los 17 secuestrados por la «caravana de la muerte» aparecen en el informe del Ejército como lanzados al mar, con lo cual se buscaría que los tribunales cambien la tipificación de los delitos por la de homicidio.
La ley de amnistía que Pinochet expidió en abril de 1978 exonera de la justicia los homicidios vinculados con violaciones de los derechos humanos, en tanto el secuestro constituye un delito permanente mientras no aparezca la víctima y es por tanto inamnistiable.
El juez Carreño informó este lunes que no ordenará nuevas excavaciones en Cuesta Barriga mientras no cuente con «datos concretos». Mientras, el gobierno, a través del ministro Huepe, sostuvo que en este caso «es prematuro evaluar la veracidad de la información» entregada por el Ejército.
No obstante, el ministro de Defensa, Mario Fernández, pidió en nombre del gobierno a las Fuerzas Armadas que entreguen más información para la búsqueda de los desaparecidos, haciéndose cargo así de la decepción y las críticas de los familiares de las víctimas y los organismos humanitarios.
El pedido incluye igualmente a Carabineros, cuerpo policial militarizado, que de acuerdo con recopilaciones estadísticas es el más comprometido en desapariciones forzadas junto con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo de la policía secreta dictatorial disuelto en 1978.
Huepe dijo que el gobierno anunciará en marzo diversas medidas de apoyo a los familiares de los desaparecidos y también presentará ese mes al Parlamento un proyecto de ley para penalizar el ocultamiento de información sobre el paradero de restos de víctimas de la represión dictatorial.
«O se genera un estímulo a las personas que disponen de información para que la entreguen o bien se establece una penalización para aquellas personas que tengan información y no la entreguen», dijo el ministro.
De acuerdo con las declaraciones de Huepe, el gobierno está dispuesto a promover la vía del estímulo a través de la Corporación de Reparación y Reconciliación, un organismo gubernamental de asistencia a los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Pero también las autoridades se ven ahora dispuestas a impulsar el mecanismo de la penalización, dirigido hacia ex agentes de la DINA, muchos de ellos militares retirados, que se negaron a entregar información sobre desaparecidos durante los seis meses de vigencia de la ley del secreto profesional. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/01
