La Corte Suprema de Justicia de Chile designó hoy a los dos primeros jueces especiales para investigar los antecedentes sobre desapariciones forzadas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), mientras aumenta la polémica sobre los datos entregados al respecto por las Fuerzas Armadas.
Los informes recopilados durante seis meses y dados a conocer el domingo por el presidente Ricardo Lagos acerca de la suerte de 180 desaparecidos provocaron primeras reacciones de dolor e indignación, que ahora dan paso al escepticismo, sobre todo en los casos vinculados al probable enjuiciamiento de Pinochet.
El ex dictador se someterá finalmente a exámenes neurológicos y mentales a partir de este miércoles, y el lunes próximo será interrogado por el juez Juan Guzmán, quien podría procesarlo como instigador del secuestro de 18 prisioneros políticos y el homicidio de 57, delitos cometidos entre septiembre y octubre de 1973.
Los 18 secuestros corresponden a presos ejecutados en 1973 por la llamada «caravana de la muerte» -una misión militar especial designada por Pinochet- cuyos cuerpos no han aparecido hasta la fecha, y que, según el informe del Ejército, fueron en su mayoría lanzados al mar.
Una ley especial, que recogió los acuerdos de una mesa de diálogo civico-militar y entró en vigor del 6 de julio, estableció un período de seis meses para que las iglesias católica, evangélica y judía, la masonería y las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros recibieran informes para ubicar los restos de un millar de desaparecidos.
Los informantes fueron protegidos por la figura del «secreto profesional».
Concluido el plazo fijado por la ley, Lagos informó que se recibieron antecedentes con la identidad de 151 desaparecidos cuyos cadáveres fueron arrojados al océano Pacífico y a ríos y lagos, y de otros 29, sepultados clandestinamente en diversos puntos del país.
Se recogió igualmente información con alto grado de certeza para ubicar una fosa donde habrían sido sepultados otros 20 desaparecidos, cuya identidad se ignora. En síntesis, sobre el millar de víctimas de desapariciones forzadas bajo la dictadura, la ley del «secreto profesional» permitió recopilar antecedentes acerca de 200.
El diario La Tercera sostuvo que las Fuerzas Armadas informaron también de 170 casos de desaparecidos sin identificar cuyos cadáveres fueron incinerados en los primeros años del régimen militar, pero la versión, recogida también por abogados de derechos humanos, fue desmentida por el gobierno.
De acuerdo con la ley, Lagos entregó los informes a los tribunales y este martes el pleno de la Corte Suprema de Justicia designó como ministros en visita (jueces especiales de instrucción) a Amanda Valdobinos y Héctor Carreño, quienes investigarán datos sobre el entierro de restos de desaparecidos en Colina y Cuesta Barriga, localidades de los alrededores de Santiago.
Las mayores cuotas de escepticismo y desconfianza entre los deudos de las víctimas se refieren al caso de los 151 que fueron arrojados al mar y a ríos o lagos. Se trataría de emblemáticas víctimas de la represión dictatorial, y entre ellos se contarían 13 de los 18 secuestrados por los cuales se podría encausar penalmente a Pinochet.
Según el informe militar, altos dirigentes del Partido Comunista (PC) terminaron al fondo del mar, como Víctor Díaz, padre de Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y Jorge Muñoz, esposo de Gladys Marín, actual secretaria general del mismo partido.
Los datos sobre desaparecidos arrojados al mar fueron impugnados por la abogada Carmen Hertz, viuda del abogado y periodista Carlos Berger, de militancia comunista y asesinado por la «caravana de la muerte» en Calama, una localidad minera a unos 1.300 kilómetros al norte de Santiago.
El informe militar es «una mentira escandalosa y monstruosa», que forma parte de «una maniobra de inteligencia», dijo Hertz el lunes. «Es un fraude, una mentira y una falta de respeto a las familias (de los desaparecidos) y a la sociedad», aseguró la abogada, que integra la parte querellante en las acusaciones contra Pinochet.
Jorge Insunza, dirigente del PC, advirtió que las versiones sobre desaparecidos lanzados al mar pueden ser seguidas de intentos de sobreseer (cerrar) el proceso a Pinochet y a otros militares retirados implicados en crímenes contra los derechos humanos, invocando la ley de amnistía de 1978.
«No creo, en el caso de Carlos Berger y el grupo de Calama, que hayan sido lanzados al mar frente a Tocopilla (un puerto del norte de Chile). Ellos fueron enterrados en una fosa clandestina que pudimos individualizar en 1992, pero que fue removida», señaló Hertz.
Los familiares de tres militantes socialistas asesinados en 1974 en Quillota, 80 kilómetros al norte de Santiago, desvirtuaron este martes el informe de las Fuerzas Armadas, según el cual sus cadáveres fueron igualmente arrojados al mar en Concón, un balneario al norte de Valparaíso.
El informe militar hace aparecer a Rubén Cabeza, Pablo Gac y Levi Arraño como ejecutados el 17 de enero de 1974 y arrojados ese mismo día al mar. Pero un testigo presenció su ejecución el 18 de enero en el Regimiento de Caballería de Quillota y su inhumación en el mismo recinto, afirmó Isabel Arraño, hermana de una de las víctimas.
En 1992, los mandos del regimiento de Quillota impidieron el ingreso de un juez para localizar el lugar del entierro y es posible que luego, los militares hayan exhumado los restos para lanzarlos al mar, agregó Isabel Arraño.
Las denuncias sobre exhumaciones para trasladar o eliminar vestigios de desaparecidos tras la restauración de la democracia en 1990 recobran vigencia. Pinochet, de 85 años en la actualidad, continuó al mando del ejército hasta marzo de 1998, tras entregar el gobierno en marzo de 1990 a Patricio Aylwin.
Lagos, quien elogió la labor de recopilación de antecedentes hecha por las Fuerzas Armadas, declinó pronunciarse acerca de las crecientes dudas en torno de esos datos, indicando que corresponde a los tribunales verificar esos informes.
El caso de los desaparecidos quedó ahora reinstalado como un factor de polémica que seguirá un cauce paralelo con las diligencias en torno de Pinochet, pese a los intentos del gobierno de desvincular ambos asuntos.
El ex dictador debía ser sometido originalmente a exámenes médicos el domingo y el lunes, para ser interrogado este martes por el juez Guzmán. Pero se negó a comparecer en ambas diligencias, ante lo cual el magistrado habría podido disponer su procesamiento por desacato a la justicia.
Sin embargo, en una medida calificada de «inexplicable y generosa» por los abogados querellantes, Guzmán postergó finalmente ambas diligencias, una decisión aceptada por Pinochet. El ex dictador abandonó este martes su casa de descanso en Bucalemu, 80 kilómetros al oeste de Santiago, para trasladarse a la capital.
Los exámenes neurológicos y psiquiátricos, que cuatro facultativos del Instituto Médico Legal y dos de la Universidad de Chile le practicarán desde este miércoles al veterano general retirado podrían extenderse entre dos y cuatro días.
Un diagnóstico de demencia senil o de otra anomalía mental podría eximir al ahora desaforado senador vitalicio de un juicio, ya que la ley chilena establece que la incapacidad cerebral grave como causal para declarar inimputable penalmente a un acusado.
Es probable que la defensa de Pinochet busque postergar el interrogatorio del lunes 15 hasta que se hagan públicos los resultados de los exámenes, según adelantó este martes uno de los abogados del ex dictador. (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/00
