El juez chileno Juan Guzmán sometió a proceso hoy y ordenó el arresto domiciliario del ex dictador Augusto Pinochet, como autor intelectual de 57 homicidios y 18 secuestros de opositores cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte».
La decisión del juez «es el logro más importante de nuestra lucha de 27 años. Los crímenes empiezan a tener justicia», dijo con emoción Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD).
El encausamiento y arresto de Pinochet «es trascendental en la historia de Chile y de la humanidad, y marca un hito en la historia de los derechos humanos», señaló a su vez el diputado socialista Juan Bustos, quien además es abogado acusador en el proceso contra la «caravana de la muerte».
También la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) declaró este lunes desde su sede en Nueva York que que el procesamiento de Pinochet constituye una «contribución histórica a la justicia internacional».
La resolución de 18 fojas (carillas) de Guzmán acusa a Pinochet como autor de los delitos de secuestro y homicidio de 57 prisioneros políticos y del secuestro de otros 18.
La figura de coautor-inductor, señalada por el magistrado, equivale a la de autor intelectual, precisó la abogada Carmen Hertz, otra de las querellantes.
Guzmán tomó el martes último la declaración indagatoria al ex dictador, de 85 años, cumpliendo así con todos los pasos previos para resolver sobre su situación procesal, una semana después de que se le realizaran completos exámenes siquiátricos y neurológicos.
El controvertido diagnóstico de «demencia vascular en grado de leve a moderada», que emitieran siete de los ocho facultativos tras los exámenes, no constituye una causal para eximir al ex gobernante de facto de los cargos procesales, según puntualiza el magistrado en su resolución.
La defensa del ex dictador (1973-1990), ex comandante en jefe del Ejército y desaforado senador vitalicio se aprestaba a apelar contra la decisión de Guzmán, en un trámite que cumplirá su primera instancia en la Corte de Apelaciones y que seguramente será fallado en definitiva por la Corte Suprema de Justicia.
Si el dictamen del tribunal de apelaciones ratificara la resolución del juez, la defensa del ex dictador elevará el caso a la Corte Suprema de Justicia, y lo mismo hará la parte acusadora, en caso de que el primer fallo favoreciera a Pinochet.
En lo medular, Guzmán mantuvo los mismos argumentos con que el 1 de diciembre dispuso por primera vez el procesamiento y arresto de Pinochet, en una decisión revocada por la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó cumplir con los trámites previos de los peritajes médicos y la declaración indagatoria (interrogatorio judicial).
La resolución emitida este lunes por el juez está numerada a partir de la foja 5.868, lo cual quiere decir que el proceso a la «caravana de la muerte» acumula hasta ahora esa misma cantidad de carillas en testimonios y otras piezas procesales.
Pinochet se declaró inocente cuando compareció el día 23 ante el juez, pero sus declaraciones fueron refutadas por el general retirado Joaquín Lagos, quien exhortó al ex dictador a asumir su responsabilidad en una entrevista con la Televisión Nacional (estatal).
El magistrado consideró que el ex dictador tuvo una responsabilidad directa en los crímenes de la «caravana de la muerte», una misión especial del Ejército que entre septiembre y octubre de 1973 recorrió varias ciudades de Chile bajo el mando del general Sergio Arellano.
Como oficial-delegado del comandante en jefe del Ejército, es decir de Pinochet, Arellano dispuso los fusilamientos y entierros clandestinos de 79 prisioneros políticos, incluyendo 18 casos en que los restos de las víctimas no han aparecido, configurándose así el delito de secuestro.
Pinochet sostuvo en su declaración de la semana pasada que la responsabilidad sobre los prisioneros políticos correspondía a los jefes de las guarniciones militares que, en virtud del estado de sitio, tenían autoridad sobre esos detenidos y supuestamente controlaban los cuarteles o cárceles en que estaban presos.
No obstante, el juez determinó que tales autoridades castrenses fueron sobrepasadas por Arellano en su condición de delegado de Pinochet, con lo cual recaen tanto en ambos las responsabilidades por los crímenes, cometidos luego de que los prisioneros fueron arrebatados a los jefes militares locales.
Por las características particulares de la misión, resultaba imposible que Pinochet ignorara las tropelías de Arellano y sus hombres, más aún si el entonces dictador y comandante del Ejército fue advertido oportunamente de los crímenes por el general Lagos, en ese entonces jefe de la Segunda División del Ejército, en el norte del país.
Bajo estas deducciones, el juez Guzmán fundamentó el auto de procesamiento de Pinochet como inductor y coautor de los 57 homicidios y 18 secuestros atribuidos a la «caravana de la muerte».
Augusto Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador, dijo que era esperable la decisión del magistrado. «Creo que solo se siguió el camino de la venganza, que era el camino más lógico contra alguien anciano y enfermo que no se puede defender», comentó.
«Este es el pago de Chile, haber crucificado a un hombre que se entregó enteramente a un país que estaba en el suelo, al igual que muchos otros militares. Creo que el deseo de venganza se mantiene firme y se buscó bajo un razonamiento para tergiversar la historia», agregó Pinochet Hiriart.
Según el hijo del ex dictador, el juez Guzmán «se ha puesto al lado de los intereses de los políticos que destruyeron al país».
«Este es el pago a una persona que impidió que el comunismo estuviera en Chile», señaló a su vez el general retirado Luis Cortés Villa, secretario ejecutivo de la Fundación Pinochet, quien hizo un llamado público a respaldar al ex dictador.
Pinochet conoció la noticia de su procesamiento en su residencia de descanso de Bucalemu, unos 80 kilómetros al oeste de Santiago, adonde fue trasladado el sábado en helicóptero tras ser dado de alta de una cefalea en el Hospital Militar de esta capital.
La resolución del juez Guzmán fue celebrada con júbilo por una centena de miembros de la AFDD que se dio cita en el Palacio de los Tribunales.
Díaz, la presidenta del grupo humanitario, señaló que «el 29 de enero pasará a la historia como el día en que el dictador Augusto Pinochet fue sometido a proceso».
«Para todos nuestros compañeros que fueron ejecutados y para aquellos cuerpos que aún no han sido entregados a sus familiares, esto es el inicio», añadió Díaz.
«Este fallo es histórico. Demuestra que todas las personas son iguales ante la ley y que nadie está exento de ser sometido a la justicia», comentó la diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973 por Pinochet.
En tanto, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división America del grupo humanitario HRW señaló que la decisión de Guzmán «demuestra que nadie está por encima de la ley en Chile» y da testimonio de «la fuerza de la democracia chilena».
La resolución «es un tremendo avance para la justicia» mundial, agregó Vivanco.
«La tenacidad del juez Guzmán es admirable. El hizo todos los esfuerzos por ser justo. Nadie puede cuestionar el respeto que los tribunales mostraron por los derechos del acusado en este caso», afirmó el activista. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/01
