La nueva presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, está bajo la fuerte presión de una impaciente población que pretende un castigo ejemplar para el derrocado mandatario Joseph Estrada, quien será investigado por presunta corrupción.
Los filipinos, que en 1986 derribaron a Ferdinando Marcos y hace dos días acabaron con el gobierno de Estrada, que había sido elegido en mayo de 1998, se declaran dispuestos a deponer a otro presidente, si es necesario.
La población pretende que se libre una auténtica lucha contra la corrupción, según evidencian las encuestas de opinión, y la ley reserva incluso la pena de muerte para administradores acusados de apropiación de bienes públicos.
Un portavoz presidencial anunció este lunes, mientras Arroyo se instalaba en el palacio de gobierno, que Estrada, sus colaboradores y algunos de sus familiares, comenzarán a desfilar el martes ante una comisión de fiscales encargados de investigar la fortuna del ex presidente.
Arroyo debe revivir una economía debilitada por la crisis institucional, pero su principal desafío es resolver el destino de Estrada y de sus cómplices, que al parecer amasaron fortunas con prácticas ilegales.
La acusación contra Estrada es de saqueo de bienes públicos, un delito que se castiga con la pena de muerte que el propio ex presidente incorporó al código penal filipino.
La protesta popular estalló la semana pasada, cuando el Senado interrumpió el juicio político comenzado a principios de diciembre contra Estrada, que finalmente fue destituido el sábado por la Corte Suprema de Justicia y reemplazado por la vicepresidenta, Arroyo.
Los partidarios de Arroyo, que representan un amplio espectro político, están divididos en cuanto al destino a dar al presidente derrocado. Algunos proponen otorgarle clemencia y otros sostienen que se debe procesarlo y requisarle los bienes mal habidos.
Simeon Marcelo, acusador privado en el caso de Estrada, advirtió que el público no aceptará un desenlace como el de 1986, cuando el derrocamiento de Marcos no puso fin a la corrupción.
Los familiares de Marcos se enriquecieron durante una dictadura de 21 años, pero ninguno de ellos fue encarcelado. Se supone que Marcos y sus colaboradores obtuvieron ilegalmente miles de millones de dólares, que no han sido recobrados.
"Eso no puede volver a ocurrir», dijo Marcelo. La comisión de acusación comprobó que Estrada mantenía cuentas bancarias secretas, bajo nombres ficticios, señaló.
El levantamiento popular de la semana pasada «fue una revolución moral, una demostración de que el pueblo filipino cree en los altos ideales de justicia e integridad», comentó el analista Randolf David.
No se ha calculado todavía la fortuna del derrocado presidente ni tampoco se tiene la lista de los casos de corrupción, entre los que se contarían el pedido a entidades del gobierno para ayudar a amigos del propio Estrada.
Documentos que los partidarios de Estrada impidieron divulgar en el juicio político parlamentario se refieren a 66 millones de dólares en cuentas bancarias secretas, según se cree.
El ex presidente se halla desde el sábado en su domicilio, en los suburbios de Manila.
Arroyo dijo en primera instancia que el perdón presidencial (que sólo puede concederse ante una sentencia judicial), una decisión "legal y política", requiere «consenso». Pero luego afirmó que su gobierno intentará presentar cargos contra Estrada.
El arzobispo católico de Manila, Jaime Cardinal Sin, y la ex presidenta Corazón Aquino (1986-1992), que fue llevada al gobierno por la rebelión contra Marcos, creen que el Estado debe incautarse de todos los bienes que Estrada adquirió mediante prácticas de corrupción.
Las declaraciones de Sin y Aquino miden el alcance del consenso posible en el caso, afirmó Arroyo.
Pero la presidenta también se siente en deuda ante el jefe de las Fuerzas Armadas, general Angelo Reyes, quien, según ella, el viernes dio el «golpe definitivo» contra el gobierno de Estrada al retirarle su apoyo.
Reyes, que el sábado al mediodía persuadió a Estrada a abandonar el palacio de gobierno, garantizándole su seguridad, quiere clemencia para el derrocado presidente.
Algunos comentaristas indicaron que las ruedas de la justicia se mueven con lentitud en Filipinas, de modo que no hay riesgo de momento para Estrada.
Otros dijeron que debe aguardarse la fórmula que decida Arroyo, y no faltan quienes creen que las nuevas autoridades han pactado con el presidente depuesto y que éste puede estar ya fuera del país.
Todos aguardan rápidas decisiones de Arroyo, con el telón de fondo de un creciente escepticismo de la opinión pública ante los dirigentes políticos.
El derrocaniento de Estrada «fue voluntad del pueblo» y «Gloria no tiene elección», se lee en un cartel en el centro de la capital. Debe asegurar el castigo de los corruptos. (FIN/IPS/tra- eng/ms/js/ff/ip/01
