Organizaciones de la sociedad civil de Colombia impulsan una campaña para reactivar el suspendido proceso de paz entre el gobierno y los dos principales grupos guerrilleros del país.
La iniciativa partió de las organizaciones que integran la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz) y del movimiento Paz Colombia, que surgió como respuesta alternativa al Plan Colombia, el programa antidrogas del presidente Andrés Pastrana que cuenta con apoyo de Estados Unidos, y al que considera militarista.
Colombia «no puede seguir el camino de una guerra que no es lo que más le conviene», dijo a IPS Ana Bernal, directora de Redepaz, integrada por cerca de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG).
La campaña, que se inició el día 16 con una reunión con los gobernadores del sur y sudeste del país, continuará con una reunión de parlamentarios amigos del proceso de paz y un encuentro de sectores sociales que firmarán un «llamamiento nacional por la continuación del diálogo y el proceso de paz».
La medida concluirá el día 25 con una marcha en las principales ciudades del país.
La directora de Redepaz consideró normales las dificultades que se han presentado en las negociaciones con las las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor fuerza guerrillera, para un país que ha estado sumido en la violencia por casi cinco décadas.
El diálogo de paz con las FARC se instaló oficialmente el 7 de enero de 1999 y, tras vencer numerosas dificultades, se aprobó en octubre una agenda de 12 puntos y en enero de 2000 se acordó la metodología con que se llevaría a cabo la negociación.
Durante todo el año pasado tuvieron lugar audiencias públicas con distintos sectores de la sociedad sobre el primer bloque de discusión, que reúne los temas económicos, pero el proceso se vio interferido por una serie de problemas que pusieron en evidencia la falta de confianza mutua entre las partes.
Entre las mayores dificultades que afectó al proceso de paz se menciona el error cometido por el gobierno al señalar a las FARC como autoras del asesinato de una mujer con una bomba que le fue colocada alrededor del cuello y que después se demostró que había sido obra de delincuentes comunes.
Otro hecho que conspiró contra la marcha del proceso fue el asesinato, aún no esclarecido, del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Diputados, Diego Turbay, el 29 de diciembre y del cual también se acusa al grupo guerrillero.
Las negociaciones con las FARC están suspendidas por decisión del grupo guerrillero, que ha pedido al gobierno muestras concretas en su lucha contra las fuerzas paramilitares de derecha, a las que acusan del 80 por ciento de las cerca de 200 masacres contra la población civil ocurridas en 2000.
Así mismo, los paramilitares constituyen el mayor obstáculo para el inicio del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda fuerza guerrillera, al oponerse a la desmilitarización de una zona en el norte del país para que el grupo armado celebre una Convención Nacional, en la que definirá con la población civil los temas de negociación.
No obstante, el día 12 se llegó a un preacuerdo con el ELN en el que se establecen las reglas con las que entraría a operar la zona desmilitarizada, que operaría con una misión de observadores internacionales que velaría por el respeto a los derechos de la población civil.
El preacuerdo debe ser aprobado por los habitantes de la zona, en la que existe una fuerte presencia paramilitar.
Marco Romero, de Paz Colombia, advirtió que si el gobierno no llega a un acuerdo con las organizaciones guerrilleras, en los dos próximos años se producirá una escalada de la guerra en la cual la población civil será la mayor afectada.
La escalada también traería más desplazados, más muertos y más violaciones de los derechos humanos, concluyó el activista. (FIN/IPS/yf/ag/ip hd/01
