Una sensación generalizada de satisfacción se registra en España por el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet ordenado hoy en Chile, a la vez que se plantea que la justicia debe proseguir su acción sin que la avanzada edad se convierta en un obstáculo para su encarcelamiento.
En Chile, el juez Juan Guzmán dispuso el procesamiento de Pinochet y su arresto domiciliario, bajo la acusación de ser coautor de los 57 homicidios y 18 secuestros perpetrados por la llamada «Caravana de la muerte», en los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
En medios próximos al juez español Baltasar Garzón, que dictó y logró hacer cumplir la primera orden de arresto contra el ex dictador, reinaba la satisfacción. Esto es lo que tenía que pasar, dijeron a IPS, ya que si había confianza en la justicia española no había por qué no tenerla también en la chilena.
Otra opinión expresó el abogado español Joan Garcés, quien fue asesor del ex presidente chileno Salvador Allende (1970-73) y dirigió la acusación que abrió el proceso contra Pinochet en España en 1996, y sigue dirigiéndola en la actualidad.
«Los juicios iniciados en España, Francia, Bélgica, Suiza y Argentina, inculpando a Pinochet, sirvieron para impulsar a las autoridades chilenas a perseguir los crímenes cometidos por aquél», dijo a IPS Garcés.
«Nosotros nos congratulamos de que los procesos contra Pinochet en Europa y en otras partes hayan mostrado a la justicia chilena que era necesario ordenar el enjuiciamiento y la detención del peor criminal de toda la historia de Chile», añadió.
El proceso contra Pinochet se inició el 4 de julio de 1996, ante el juez Manuel García Castellón, pero meses antes se había iniciado otro ante Garzón, contra responsables de la última dictadura argentina (1976-83).
Al aparecer en el proceso instruido por Garzón testimonios contra Pinochet y sus cómplices, García Castellón se inhibe y traslada sus competencias a su colega, por corresponderle al tener más antigüedad su juicio.
Mientras en medios gubernamentales españoles se limitan a expresar su confianza en la justicia chilena, Trinidad Jiménez, secretaria de relaciones internacionales del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no ocultó su satisfacción por la orden del juez Guzmán.
Apenas conoció la noticia, Jiménez telefoneó a la diputada socialista chilena Isabel Allende, hija del presidente derrocado en 1973, para transmitirle su «inmensa alegría» por la decisión de Guzmán y reiterarle el apoyo y solidaridad del PSOE.
La medida adoptada por Guzmán «marca un hito histórico para Chile, porque ha sido capaz de aguantar el tirón en sus instituciones democráticas y finalmente ha procesado al ex dictador», dijo a IPS Jiménez, una decisión que pone fin a la impunidad de los dictadores, no sólo en Chile sino en cualquier otro país.
La dirigente socialista cree que Pinochet será condenado y agregó que no importa si va o no a prisión, pues lo importante es que sea condenado a la base de las pruebas presentadas.
Garcés, por el contrario, sostiene que la justicia debe ser plena, que el ex dictador debe ser juzgado por los crímenes de la Caravana de la Muerte y otros miles cometidos bajo su dictadura, y debe cumplir, además, las penas que se le impongan.
Como ejemplo, el jurista citó el caso de Maurice Papón, actualmente con más de 90 años, quien cumple pena de prisión por crímenes contra la humanidad cometidos en 1943, en Francia.
La justicia chilena, según Garcés, está resistiendo todo tipo de presiones y su proceder está ayudando a consolidar la democratización del país sudamericano.
Pinochet, por el contrario, muestra una vez más su desapego a la legalidad y al honor, comentó Garcés. Si como comandante en jefe del ejército violó las leyes de su país y el honor de la fuerza que comandaba al perpetrar el golpe de Estado, ahora vuelve a hacerlo al negarse a asumir su responsabilidad.
Las leyes, universalmente, dicen que un militar profesional es responsable de lo que hacen y de lo que no hacen las fuerzas a sus órdenes, señaló el jurista español.
Y Pinochet niega haber dado las órdenes que dio, niega conocer lo que hicieron sus subordinados directos y todo ello a pesar de que los hechos, los testimonios y las pruebas indican lo contrario, concluyó Garcés. (FIN/IPS/td/ag/ip hd/01
