Deudas superiores al presupuesto municipal e irregularidades heredadas de sus precedesores alarman a miles de nuevos alcaldes en Brasil, que temen las sanciones previstas en la ley de Responsabilidad Fiscal, vigente desde mayo.
No habrá cárceles suficientes para todos si se aplica rigurosamente la ley, advirtió el presidente del Frente Nacional de los Alcaldes de capitales, Celio de Castro, quien gobierna desde 1997 el municipio de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
La nueva legislación debe ser modificada, pues de otro modo tendrá el destino de las múltiples normas que se aprueban para no cumplirse, dijo Castro, que inició el nuevo mandato de cuatro años ganado en las elecciones de octubre.
El 1 de este mes comenzaron su gestión 5.559 alcaldes, 40 por ciento de los cuales fueron reelegidos, y se puso en marcha un fuerte movimiento por la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal.
Las autoridades económicas centrales y líderes parlamentarios, por su parte, aguardan de esa ley una «revolución» en la administración pública.
La Confederación Nacional de Municipios, la organización formalmente representativa de todos los gobiernos municipales, programó seminarios para este primer trimestre sobre las nuevas exigencias fiscales. Otras asociaciones municipales también presionan al Congreso y al presidente Fernando Henrique Cardoso.
El ministro de Planificación, Martus Tavares, resiste las críticas de los alcaldes, afirmando que la ley fiscal no será modificada y que éstos tendrán cuatro años para adaptarse a la «nueva cultura administrativa».
La ley prevé penas de prisión hasta de cuatro años para las autoridades ejecutivas que violen las rígidas reglas y metas con que el gobierno central se propone promover la «revolución» en la gestión pública.
Las quejas sobre el caos administrativo y financiero dejado por los alcaldes salientes son tradicionales entre los gonernantes municipales de Brasil. Y ahora se multiplican, por la amenaza pendiente de la ley de Responsabilidad Fiscal.
Ya no es posible dejar «restos a pagar» en el año siguiente, si los recursos financieros no están asegurados de antemano, un delito al que se reserva un castigo más duro si las deudas son traspasadas el sucesor. Y la gravedad de la pena aumenta aún más en caso de gastos o deudas no autorizados legalmente.
El gasto en personal no debe superar 60 por ciento de los ingresos netos, a razón de 54 por ciento para los órganos ejecutivos y seis por ciento para los legislativos. Varios alcaldes y concejales intentan cumplir las exigencias, en medio de las críticas a sus predecesores y a la ley.
Seiscientos de los 940 funcionarios de la Cámara de Concejales de Maceió, capital del nororiental estado de Alagoas, fueron despedidos por el presidente de ese cuerpo, Mauricio Quintela, para adecuarse a los límites fijados.
En Belem, capital del norteño estado de Pará, la Cámara de Concejales anunció el despido de 400 empleados, tras la denuncia de la misma Asociación de Funcionarios de que más de un tercio de ellos pereciben salario pero no trabajan.
Así mismo, más de 25 por ciento de los municipios del estado de Río de Janeiro destinan más de diez por ciento de sus ingresos a las cámaras de concejales, superando el límite legal de seis por ciento, según el Tribunal de Cuentas encargado de controlar las finanzas municipales y estaduales.
El índice llegó a 18 por ciento en el caso de Macaé, un municipio del área de mayor producción petrolera de Brasil que obtiene altos ingresos.
Las deudas dejadas por ex alcaldes pueden llevarlos a la cárcel por un máximo de cuatro años. Es el caso del socialista Gilson Menezes, de Diadema, cerca de Sao Paulo, que terminó su mandato sin fondos para pagar el equivalente a unos 350.000 dólares por la construcción de escuelas.
Pero el principal foco de atención, por su dimensión y los escándalos de corrupción denunciados el año pasado, es la ciudad de Sao Paulo.
La alcaldesa Marta Suplicy, del izquierdista Partido de los Trabajadores, calificó de «caótica» la situación heredada de Celso Pitta, que comprende una deuda de corto plazo de 900 millones de dólares, mientras la basura se acumula en las calles y varios órganos permanecen paralizados por falta de recursos.
Otras alcaldías, como Magé, cerca de Río de Janeiro, y Itaperussu, en el sur, cerraron sus puertas por dos semanas por falta incluso de muebles, y por la desaparición de computadoras y de documentos de contabilidad, o a la espera de una auditoría inicial.
La ley de Responsabilidad Fiscal, aunque considerada por casi todos como un avance necesario para mejorar la gestión pública, presenta un rigor excesivo y olvida las demandas sociales de la población, según los críticos.
La aplicación de reglas idénticas a ciudades pequeñas y grandes perjudica a las más pobres, observó el Instituto Brasileño de Administración Municipal, un instituto sin fines de lucro que presta asistencia técnica a los gobiernos locales.
El ajuste fiscal que se exige en cuatro años a los nuevos alcaldes, para corregir distorsiones acumuladas durante décadas, se descargará sobre la población, que sufrirá el recorte de las inversiones sociales o el aumento de los impuestos, advirtió Raúl Velloso, un experto en cuentas públicas de Brasilia. (FIN/IPS/mo/ff/ip/01
