Las organizaciones que luchan por la reforma agraria en Brasil cuestionaron el informe oficial que da cuenta del asentamiento de 482.206 familias durante los seis años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Son cifras «mentirosas», que la prensa divulga sin considerar siquiera las contradicciones con otros datos del mismo gobierno, afirmó Nilton Viana, asesor de comunicación del Movimiento de los Sin Tierra (MST).
El informe difundido el jueves por el ministro de Desarrollo Agrario, Raul Jungmann, indica que el año pasado recibieron parcelas para asentamiento 108.986 familias.
Sin embargo, Viana aseguró que eso «es pura fantasía», porque hasta noviembre sólo habían sido beneficiadas 71.605 familias, según datos del estatal Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), lo cual deja para diciembre resultados claramente imposibles de alcanzar.
Según estos datos oficiales, en diciembre se habrían entregado predios para 37.381 familias, frente a un promedio mensual de sólo 6.510 en el resto del año, observó Manoel dos Santos, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (Contag).
Es muy raro que el Ministerio de Desarrollo Agrario haya obtenido tales resultados utilizando sólo cerca de la mitad del presupuesto previsto para todo 2000, añadió el dirigente de esta organización que representa a 3.600 sindicatos rurales que actúan junto a 25 millones de personas.
El ministro Jungmann destacó también el jueves que la reforma agraria produjo una mejora en la distribución de las tierras en este país, comprobada por la Organización de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO).
Brasil bajó del quinto al lugar 12 entre los países de mayor concentración de la propiedad de la tierra en América, en una clasificación de la FAO que comprende a 25 naciones.
Canadá y México son los de mejor distribución de la tierra, mientras Perú y Venezuela tienen los predios rurales más concentrados entre pocos propietarios.
Jungmann aseguró, además, que bajó el nivel de violencia en el campo brasileño, con el registro de 10 asesinatos debido a conflictos por la tierra en 2000, frente a 27 el año anterior y a 47 en 1998.
La Comisión Pastoral de la Tierra rechazó esas cifras oficiales. Datos «aún preliminares» indican que hubo 14 víctimas el año pasado, según Antonio Canuto, coordinador de esa organización vinculada a la Iglesia Católica, que hace un seguimiento permanentemente sobre la violencia rural en el país.
El informe, aunque fuera verdadero, deja claro que son insatisfactorias las políticas públicas para el campo en Brasil, sostuvo la Contag.
Dos Santos destacó que no se justifica el puesto 12 en distribución de tierras, detrás de países como Paraguay, Suriname y Honduras.
Diez muertos aún representarían la persistencia de un alto grado de violencia, en especial porque los crímenes quedan impunes, añadió.
El dirigente campesino comentó, a modo de ejemplo, que hasta hoy no fue juzgado el asesino de la sindicalista Margarida Alves, 17 años después de ocurrido.
El «ministro exagera cada vez más» en sus balances anuales, que se repiten apuntando que en diciembre se hizo «lo que fue imposible en todo el año», indicó Raimundo Joao Amorim, uno de los directores de la Confederación Nacional de los Funcionarios del Incra.
Los resultados divulgados por el ministro Jungmann discrepan con las tendencias indicadas por otros datos, como la reducción del presupuesto efectivamente aplicado en la cuestión agraria y los censos oficiales, que siguen comprobando un fuerte éxodo rural, opinó Amorim.
Las cifras del gobierno son «extremadamente dudosas», dijo el funcionario, pero añadió que sólo podrá contrarrestarlas concretamente luego de examinar en detalle el informe del Ministerio de Desarrollo Agrario, como los asentamientos en cada estado y sus modalidades.
También el MST prometió para la próxima semana mostrar la inconsistencia del informe ministerial, sobre la base de un balance propio.
Sólo este movimiento, conocido por sus acciones de ocupación de predios improductivos y sedes gubernamentales, dirige más de 500 campamentos en todo el país, con más de 100.000 familias viviendo en tiendas de plástico, en condiciones precarias, arguyó Viana.
La Contag también afirmó tener 35.000 familias acampadas, a la espera de asentamiento, lo que hace dudosos los éxitos indicados por el ministro Jungmann en la reforma agraria que conduce.
El MST y la Contag afirmaron también que la política agrícola oficial no concreta el prometido apoyo a la agricultura familiar, limitando y retardando el crédito a los pequeños agricultores, además de reprimir duramente sus protestas, como ocurrió varias veces el año pasado. (FIN/IPS/mo/dm/ip dv/01
