Una Comisión de la Verdad investigará el destino de las 3.190 personas desaparecidas en Perú entre 1982 y 1996, luego de ser detenidas por las Fuerzas Armadas o la policía durante los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori.
Esa cantidad no incluye a las casi 2.000 personas, en su mayor parte adolescentes de aldeas indígenas, enrolados a la fuerza por la organización guerrillera Sendero Luminoso, de inspiración maoísta, y quienes eran muertos si intentaban escapar.
Todos ellos forman parte de las 27.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, originados por la guerra civil que vivió Perú entre 1982 y 1996.
Sofia Macher, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, prepara la conformación de la Comisión, que estará integrada por representantes de los ministerios de Justicia y del Interior, organizaciones no gubernamentales, la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico.
«La Comisión debe buscar tres objetivos sin tregua ni desmayos: verdad, justicia y reparación, y se calcula que el trabajo investigatorio demandará por lo menos dos años», dijo Macher.
Se espera visitar a unas 5.000 familias, en su mayor parte radicadas en lugares de difícil acceso en el medio rural, «a las que hay que «reeducar para ayudarlas a sobreponerse al miedo», añadió.
«En esas zonas, en donde se desarrollaron los episodios más sangrientos de la guerra, han quedado secuelas sociales y emocionales que debemos ayudar a superar», comentó el psiquiatra Aitor Castillo, del Instituto de Salud Mental Noguchi-Delgado.
La formación de la Comisión fue aprobada en diciembre por el gobierno provisional de Valentín Paniagua, pero fue propuesta en noviembre del año pasado, cuando aún gobernaba Fujimori.
Sin embargo, Macher enfrentaría fuertes presiones para que la Comisión de la Verdad no investigue el periodo correspondiente Belaunde ((1980-85), líder del partido del actual mandatario.
Algunas personalidades vinculadas a su partido, como el decano del Colegio de Abogados de Lima, Martín Belaúnde, proponen que la Comisión de la Verdad investigue sólo los crímenes cometidos después de 1992, «porque los dos gobiernos anteriores a Fujimori fueron constitucionalistas».
Entre los años 1982, cuando estalló en la sierra central peruana la guerra revolucionaria de Sendero Luminoso, y 1996, cuando se declaró oficialmente concluída la insurgencia, desaparecieron 3.190 personas detenidas por fuerzas de seguridad, según cifras que maneja la Coordinadora de Derechos Humanos.
El conflicto armado fue iniciado por Sendero Luminoso en Ayacucho, en la sierra sur central, pero a partir de 1984 surgió otro grupo guerrillero, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
Fujimori, con su estilo autoritario y sus múltiples violaciones a la legalidad, es el que peor imagen tiene en materia de derechos humanos de los tres presidentes mencionados.
Sin embargo, durante sus dos mandatos consecutivos se produjeron sólo el 26 por ciento de las desapariciones, y el ejército fue impulsado a efectuar una represión selectiva, y a tolerar la formación de fuerzas paramilitares rurales de autodefensa, denominadas «rondas campesinas».
Al organizar y armar a los «ronderos», a los que se les autorizó a fabricar o adquirir armas de fuego y se les distribuyó unas 14.000 escopetas, el ejército abandonó su anterior línea de operaciones punitivas sangrientas y masivas contra las aldeas y comunidades.
El gobierno anterior a Fujimori, del socialdemócrata García (1985-90), también intentó frenar las matanzas de campesinos sospechosos de ayudar a los guerrilleros, impulsando una política no represiva basada en el desarrollo social en el medio rural.
Pero el objetivo de García de quitar el piso social a los guerrilleros mediante inversiones de desarrollo rural fue bloqueada por la sangrienta respuesta de Sendero Luminoso, que dinamitó las construcciones y dio muerte a 96 ingenieros y varios cooperantes extranjeros.
Por su parte, Belaúnde, quien primero negó la existencia de una insurgencia guerrillera calificando a sus miembros de «cuatreros», dejó que el ejército asumiera totalmente la conducción política y militar en las zonas de emergencia.
El ejército peruano, que no estaba preparado para una guerra civil como la desatada por Sendero Luminoso y el MRTA, practicó durante el gobierno de Belaúnde una metodología de «tierra arrasada» y de intimidación máxima de las comunidades indígenas y rurales sospechosas de colaborar con los guerrilleros.
En algunas aldeas vecinas a los lugares en donde el ejército había sido emboscado, los soldados mataron a todos los pobladores que no lograron escapar y la comunidad evangélica denunció que en una aldea habían sido encerrados todos los varones en la iglesia local y quemados vivos.
En Lima y las principales ciudades, el ejército detenía e hizo desaparecer a dirigentes sindicales izquierdistas, presumiendo que podrían ser aliados de los guerrilleros.
El ideólogo de esta etapa de la guerra contrainsurgente, el general Luis Cisneros, conocido como «el gaucho» por haber estudiando en la Academia Militar argentina, proclamó: «Veremos quién infunde más miedo, ellos o nosotros. Si deben morir 19 inocentes para eliminar a un culpable, que mueran».
En ese periodo, y mientras Belaúnde «miraba para otro lado», se cometieron el 47 por ciento de los asesinatos y desapariciones de presos sospechosos de colaborar con los grupos insurgentes. (FIN/IPS/al/ag/ip hd/01
