El linchamiento, un fenómeno común en el medio rural de Guatemala, es un legado de la cultura de violencia arraigada un país que este año cumple un lustro de paz entre el gobierno y la guerrilla.
En los últimos cinco años, los linchamientos cobraron la vida de 184 personas y dejaron heridas a 448. Los expertos consideran alarmante que en el inicio del siglo XXI el linchamiento continúe siendo una práctica frecuente.
«Esto refleja una enorme ingobernabilidad», dijo a IPS Thierry del Rue, portavoz de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), que vigila el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Del Rue aseguró que ninguno de los tres poderes del Estado se opone con suficiente firmeza a los linchamientos y reveló que existen pruebas de que incluso en varios linchamientos han participado funcionarios municipales.
Entre 1996 y el 2000 se produjeron en Guatemala 175 linchamientos y 160 tentativas, según datos de Minugua. Estos hechos quedaron en total impunidad.
Sus autores son, en su mayoría, ciudadanos comunes que al participar en estos hechos ingresan en la categoría de delincuentes.
La mayoría de las personas que presencian un linchamiento suelen adoptar una actitud pasiva y unos pocos incitan a la multitud, al tomar la iniciativa para herir a la víctima, rociarla con gasolina y prenderle fuego.
Del Rue relata que, con el afán de hacer justicia en forma rápida, en Guatemala se ha llegado al extremo de linchar a personas por haber robado una gallina.
El informe de Minugua «Los linchamientos: un flagelo contra la dignidad humana» revela que las víctimas de linchamiento en Guatemala suelen ser jóvenes a los que se les acusa de algún delito, sin que haya pruebas contundentes de su culpabilidad.
Según la investigación, los departamentos con mayor incidencia de este fenómeno son Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango, Totonicapán y Quetzaltenango.
Estas zonas, donde la guerra civil tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes ejercieron una gran influencia, tienen como común denominador bajos índices de desarrollo humano y una gran exclusión social.
«Desgraciadamente el militarismo penetró muy hondo en muchas poblaciones de Guatemala», dijo a IPS Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo, uno de los organismos de derechos humanos más importantes del país.
En el Código Penal guatemalteco el linchamiento no está tipificado como delito, aunque son castigadas ciertas actividades vinculadas con esta práctica, como la alteración del orden.
Polanco sostuvo que, luego de 36 años de guerra civil, el país vive hoy una transición, pero subrayó que resulta difícil superar una cultura de violencia que todavía se traduce en un fuerte sentimiento de intolerancia.
Varios jueces del interior del país denunciaron este mes ante la Corte Suprema de Justicia que son objeto de amenazas por conocer casos de linchamiento.
El presidente de la Corte Suprema, Hugo Maul Figueroa, informó en diciembre que pobladores de comunidades rurales amemazaron a jueces con el linchamiento si continúan las investigaciones.
Las amenazas tienen como destinatarios a jueces que han dictado sentencia o emitieron orden de captura contra supuestos linchadores, añadió el magistrado.
Celia Medrano, coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, dijo a IPS que en el fenómeno del linchamiento hay dos factores determinantes: la cultura de violencia arraigada en la población y la desconfianza en el sistema judicial.
Ante la incapacidad del Estado para brindar justicia, la población la toma en sus manos, señaló Medrano. «Muchos linchamientos son fomentados por allegados a sectores oficiales, de manera que generan una limpieza social y represalias hacia sectores desarraigados», afirmó la activista. (FIN/IPS/nms/ag- mj/hd/01
