La muerte de 12 ecuatorianos en un accidente en España, en el que también resultaron heridos una adolescente y el conductor del vehículo en que viajaban, revela otro aspecto de la cara oscura de la inmigración en este país.
El grupo se desplazaba el miércoles por la mañana a bordo de una furgoneta apta para llevar a sólo ocho personas, cuando fue arrollada por un tren al cruzar un paso a nivel sin barreras, en la localidad de Lorca, región de Murcia, ubicada a 400 kilómetros al sudoeste de Madrid.
Los 14 ecuatorianos se dirigían, como todas los días, a trabajar en uno de los establecimientos de la zona, en la que miles de inmigrantes realizan tareas agrícolas.
La presencia en este grupo laboral de Nancy, de 13 años, quien recibió heridas leves, dista de ser una excepción.
Unos 12.000 niños inmigrantes se desempeñan en la agricultura en España, precisó un portavoz de la Confederación General de Comisiones Obreras, una de las dos centrales sindicales mayoritarias, tras conocer la noticia del accidente.
Los inmigrantes suelen salir de sus alojamientos por las mañanas, en grupos y muchas veces sin saber en que lugar trabajarán, pues su empleo es eventual, explicó el sindicalista.
Los ecuatorianos que obtuvieron permiso de residencia en el proceso de regularización de extranjeros indocumentados desarrollado en el segundo semestre de 2000 suman 15.840.
Esos nuevos inmigrantes documentados elevaron a 28.773 la cantidad de personas procedentes de Ecuador con sus permisos al día en España, sin que se pueda precisar cuantas más residen y trabajan sin tenerlo.
Sólo en Murcia, el total de permisos de residencia otorgados en 2000 alcanzó a 9.705 personas.
En este país se registra una notoria falta de mano de obra, en especial en los sectores agropecuario y de la construcción.
«El éxodo de los países del Sur en desarrollo al Norte es imparable, porque el hambre no conoce fronteras», comentó en octubre el entonces director general de Política Interior, José Ramón Onega, cuando comenzó la discusión de la hoy en vigor ley de extranjería.
Onega dijo que España se debe «preparar para un futuro que ya ha llegado».
Pero ante esa presión y la necesidad de mano de obra extranjera, las reacciones locales son variadas. Algunos empresarios ocupan a inmigrantes sin cumplir las normas legales, sanitarias y de seguridad social, como lo revela el accidente de este miércoles, en el que está involucrada una menor de edad.
En otras regiones españolas, como Extremadura y Aragón, sus gobiernos locales se esmeran por brindar a los inmigrantes una vida digna.
En Extremadura, además de la vivienda y la seguridad social, los trabajadores extranjeros tienen asegurada la educación para sus hijos, incluyendo el bilingüismo en los casos necesarios, como ocurre con las personas originarias de países árabes.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, ubicada al noreste de Madrid, el ayuntamiento de Agua Viva publicó un aviso en diarios argentinos ofreciendo pagar el traslado y alojamiento de familias enteras para trabajar en la agricultura, con contrato de trabajo por tiempo indefinido.
En el segundo semestre del año pasado, 70 familias con hijos menores fueron recibidas en ese municipio.
Otro aspecto de la inmigración que afecta a los niños y adolescentes tiene que ver con un artículo de la ley de extranjería que impide expulsar a los menores de edad.
Ante ello es cada vez mayor el número de mujeres que llegan embarazadas, incluso transportadas en «pateras», frágiles embarcaciones en las que cruzan el mar hasta arribar a costas españolas desde Africa.
Esos inmigrantes son también víctimas del tráfico organizado por grupos criminales.
Pero no son los únicos extranjeros que sufren esta situación. En agosto, 12 ecuatorianos lograron regularizar su situación acogiéndose a otro artículo de la ley de extranjería, que les permite recibir ese tratamiento a cambio de denunciar a las redes de tráfico de personas.
Ese mes, los ecuatorianos explicaron a la policía que un falso misionero de origen vasco y establecido en su país, Faustino Cerrada, les cobró 250 dólares a cada uno con la promesa de conseguir a cambio trabajo en la provincia de Sevilla.
Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Sevilla, la capital de la región de Andalucía, el empresario que supuestamente debería contratarlos no se contactó con ellos.
Ante esa situación, el grupo de inmigrantes de Ecuador se trasladó a otra provincia, Lleida, donde fueron detenidos y, al denunciar a Cerrada, lograron su regularización. (FIN/FIN/td/dm/hd/01
