Argentina, Chile y Uruguay están en un proceso de búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos durante sus respectivas dictaduras militares.
En los tres países, los militares gozan de impunidad debido a leyes de amnistía o indultos, pero existen intersticios legales por donde los familiares de las víctimas intentan colarse.
Los gobiernos procuran «reconciliar» a la sociedad civil con las Fuerzas Armadas a partir de informar la verdad de lo ocurrido, pero por el momento no parece que la búsqueda vaya a permitir un acercamiento en ese sentido, sino al contrario.
En Argentina, donde hubo denuncias de más de 10.000 desaparecidos durante la última dictadura (1976-83), las leyes de obediencia debida y punto final, y el indulto a los ex comandantes permitieron a los militares quedar libres de proceso.
Pero en los últimos años hubo remezones que devolvieron a algunos militares a prisión.
Este el caso de los ex comandantes indultados, que fueron detenidos y procesados de nuevo en los últimos años por secuestro de menores, falsificación de su identidad y apropiación ilegal, delitos cometidos presuntamente siguiendo un plan sistemático y que no fueron considerados en los años 80 por falta de pruebas.
Asimismo, tanto oficiales como suboficiales fueron blanco de diversos procesos iniciados en Alemania, España y Francia, por la desaparición de ciudadanos de esos países o personas que gozaban de la doble nacionalidad al momento de ser secuestradas.
Con estos antecedentes, los llamados «juicios por la verdad» en tribunales argentinos resultan un motivo de conflictivo para militares que se niegan a declarar públicamente lo que saben acerca del destino final de personas que fueron secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas por ellos.
En 1994, la Corte Suprema de Justicia de Argentina negó a una madre el derecho de saber adonde está el cuerpo de su hija desaparecida, por lo que la mujer apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos obteniendo así un fallo favorable a lo que desde entonces se llamó el «derecho a la verdad».
El Estado argentino debió comprometerse entonces mediante un acuerdo legal a dar cauce a todos los procesos que se iniciaran, independientemente de que la justicia esté impedida de sancionar a los involucrados por las leyes de amnistía.
María Guemba, del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo a IPS que los militares deben presentarse a declarar cuando se los convoca, deben jurar decir la verdad e informar lo que saben aun cuando esa revelación ponga de manifiesto su inconducta.
Ante este fenómeno, que en el últimos año llevó a varios militares a negarse a declarar y al comandante en jefe del ejército, Ricardo Brinzoni, a tomar partido en su defensa, los organismos humanitarios condenaron la escasa colaboración de la institución armada.
Como alternativa, Brinzoni propuso en 2000 convocar a un foro en el que militares, miembros del gobierno, dirigentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y autoridades eclesiásticas pongan en común todo lo que saben acerca de la violencia desatada en los años 70.
Pero la propuesta reclama que además de dar a conocer lo que ocurrió con los desaparecidos, se informe también lo sucedido con las víctimas de grupos armados de izquierda.
En Chile, el proceso se aceleró con la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres. Desde entonces, el tema de los desaparecidos recobró actualidad y en 1999, las Fuerzas Armadas, organismos humanitarios y representantes gubernamentales y eclesiásticos confluyeron en la llamada Mesa de Diálogo.
La Mesa de Diálogo determinó que los militares debían dar a conocer lo que supieran sobre el destino de los desaparecidos -que según el oficial Informe Rettig son 1.200, pero organismos humanitarios los estiman en más de 3.000-, y consiguieron sancionar una ley que les permite hacerlo bajo secreto.
La información recogida durante seis meses fue entregada este mes al presidente Ricardo Lagos y causó desde decepción hasta rechazo en los familiares de las víctimas.
El informe básicamente constata los casos de 200 personas, 151 de las cuáles asegura que fueron a parar al oceáno Pacífico, lagos, ríos y volcanes. El resto fue sepultado en fosas comunes o en lugares clandestinos.
Pero algunos familiares consideraron un fraude al informe porque, por ejemplo, indica que fueron arrojados al mar cuerpos de personas que se conocía habían sido ejecutadas y cremadas.
Dos jueces especiales fueron designados para coordinar las excavaciones para dar con los cuerpos, otro hecho que remueve un tema sensible a todos los sectores involucrados.
Ahora, con esta labor, los militares esperan que la Corte Suprema de Justicia cese en la interpretación que los conmociona, en el sentido de que el delito de secuestro calificado continúa mientras no se conozca el destino final de los desaparecidos.
En Uruguay, el presidente Jorge Batlle constituyó en 2000 una Comisión para la Paz, con la idea de procurar la reconciliación a partir de dar a conocer la verdad de lo ocurrido con los cerca de 170 desaparecidos durante la dictadura (1973-85).
Integrada por representantes del gobierno, la oposición, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la Iglesia Católica, la Comisión recibe testimonios de civiles y militares, y estudia caso por caso la última etapa de la vida de las víctimas, a fin de determinar el paradero de sus cuerpos.
La labor de la Comisión para la Paz tuvo un fuerte impacto a fines del año pasado, cuando medios periodísticos uruguayos revelaron que había desaparecidos con vida. En verdad, se trataba de casos puntuales de personas que estuvieron detenidas y luego salieron en libertad, sin haber sido borradas de algunas listas.
Pero a diferencia de los casos argentino y chileno, en Uruguay la actividad de la Comisión tiene consenso y podría llegar a un resultado positivo, siempre dentro del marco de la Ley de Caducidad de la Potestad Punitiva del Estado, como se denomina en ese país a la ley de amnistía.
Como antecedente de la Comisión, Batlle convocó a Montevideo 15 días de asumir al poeta argentino Juan Gelman, para anunciarle que habían encontrado a su nieta desaparecida hacía 24 años, tras el secuestro de sus padres en Argentina.
Gelman se había enfrentado al antecesor de Batlle, Julio María Sanguinetti, quien llegó a calificar al poeta de «luchador contra la democracia». (FIN/IPS/mv/ag/hd/01)
