Grandes firmas transnacionales declararon su apoyo a normas éticas para los negocios, como pidió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, pero activistas dudan de que eso implique un real avance.
Annan pidió en julio del año pasado a las grandes corporaciones que adhirieran al llamado Pacto Mundial, una declaración de respeto a principios de responsabilidad que incluyen cuestiones humanitarias y de derechos laborales.
Varias grandes compañías han expresado su interés en adoptar los principios enumerados en el Pacto, y «muchas actividades concretas toman forma», afirmó Georg Kell, un alto funcionario de la Oficina Ejecutiva de la Secretaría General de la ONU.
«Las firmas cambian de actitud a partir de su compromiso en materia de derechos humanos», añadió.
Poco antes de Navidad, siete grandes compañías petroleras y mineras de Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron de modo voluntario a respaldar en sus actividades una lista de principios éticos planteados por los gobiernos de ambos países.
En esa lista se establece que las empresas son responsables de adoptar acciones para detener abusos cometidos «por fuerzas de seguridad públicas o privadas» que protejan sus inversiones.
La actitud de las firmas, entre las cuales están Chevron, Texaco, BP Amoco, Shell y Freeport MacMoran, fue elogiada por la secretaria de Estado estadounidense, Madeline Albright, quien afirmó que su apoyo a la lista de principios fue «un hito en la historia de la responsabilidad corporativa».
Human Rights Watch (HRW), la mayor organización no gubernamental (ONG) humanitaria estadounidense, con sede en Nueva York, reconoció que el apoyo de las corporaciones a esos principios había establecido un importante punto de referencia.
«En un área en la cual no existían normas, el desarrollo de algunos principios orientadores es un primer paso positivo», apuntó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
Sin embargo, otros activistas no están convencidos de que los cambios iniciados sean importantes. Ese escepticismo se debe a que activistas dedicados a la supervisión de actividades de las transnacionales sostienen que la conducta de las firmas en países en desarrollo no se modificó.
El resultado de la adopción voluntaria de códigos de conducta es sólo «migajas», y no existen «compromisos serios en materia de derechos humanos por parte de las corporaciones transnacionales», aseguró Kenny Bruno, de Corporate Watch, una ONG con sede en la ciudad sudoccidental estadounidense de San Francisco.
La Comisión Nacional del Trabajo por Derechos Humanos y Laborales, una ONG con sede en Nueva York, divulgó en diciembre un estudio en el cual señaló que cinco firmas transnacionales vendían bienes producidos mediante la «explotación» de obreros en fábricas de Asia y América Central.
Esa ONG aseguró además que cuatro grandes firmas de manufactura de vestimenta, entre ellas Nike y WalMart, empleaban trabajo infantil.
A su vez, HRW recordó en un informe lanzado en diciembre que un tribunal de distrito de Nueva York consideró cuatro meses antes una denuncia contra la firma petrolera Unocal, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, como responsable en violaciones de los derechos humanas en Birmania.
La parte acusadora alegó que Unocal compartió con el gobierno birmano la responsabilidad de reasentamientos forzados, trabajos forzados, torturas y violaciones asociadas con la construcción de un gasoducto.
El juez de distrito correspondiente no aceptó la demanda, con el argumento de que la firma no podía ser condenada por esos abusos en el marco de las leyes estadounidenses, pero señaló en su dictamen que «las pruebas sugieren que Unocal sabía que se usaba trabajo forzado» en el gasoducto.
Activistas han criticado que no exista un sistema para controlar el cumplimiento de los códigos éticos asumidos por las firmas transnacionales.
«El Pacto Mundial tiene muchos puntos débiles, y no será muy útil para fortalecer el respeto por los derechos humanos. La participación de las firmas es voluntaria y no existen mecanismos para supervisar y asegurar el respeto de los compromisos», dijo Sarah Anderson, del Instituto de Estudios Políticos, una ONG con sede en Washington.
Anderson comentó a IPS que esa carencia se agrava por el inmenso respaldo brindado en la actualidad a las transnacionales por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otras instituciones que definen políticas para el comercio y la inversión en el mundo.
«Existe una clara tendencia a brindar a esas firmas más y más poderes y privilegios, para que operen en todo el plantea con total libertad», pero los trabajadores y comunidades de los países afectados «no han sido potenciados» como contrapeso, agregó.
El instituto afirmó en su último informe, titulado «Auge del Poder Corporativo Mundial», que las mayores firmas transnacionales se oponen con firmeza a los pedidos de que actúen con «mayor transparencia».
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, lanzó en abril una campaña para promover la responsabilidad humanitaria de las grandes corporaciones, apoyada por las organizaciones británicas Centro Ashridge de Negocios y Sociedad y Foro Prínicpe de Gales de Empresarios Líderes.
El objetivo de esa campaña es convencer a las transnacionales de que las cuestiones éticas y sociales deben ser teneidas en cuenta en sus estrategias de inversión mundial. (FIN/IPS/tra- eng/mmm/da/ego/mp/hd/01
