Representantes de 73 organizaciones disidentes de Cuba lanzaron esta semana un llamado a la comunidad internacional para que «contribuya a detener la ola represiva desatada por el gobierno» de Fidel Castro desde 1999.
«Los cubanos aspiramos a la solidaridad de la comunidad internacional en la lucha por conquistar nuestro derecho a los derechos», afirma el Llamamiento desde La Habana, distribuido el martes a la prensa extranjera acreditada en la isla.
Según el documento, cuyos firmantes actúan todos en la ilegalidad, «durante el año 2000 se registraron más de 1.000 actos de represión contra pacíficos disidentes y por lo menos 18 de ellos permanecen en prisión provisional».
En diciembre, asegura, el gobierno «rompió todos los récords al registrarse más de 300 acciones de represión política, de las cuales por lo menos 270 fueron detenciones arbitrarias de opositores no violentos».
La «ola represiva» habría tenido su inicio en vísperas de la celebración en La Habana de la IX Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 1999, durante la cual varios presidentes y altos funcionarios se reunieron con opositores a Castro.
«No queremos el aislamiento ni ninguna medida represiva contra el gobierno cubano», aclaró a IPS Héctor Palacios, director opositor Centro de Estudios Sociales y secretario de la comisión de relatoría creada para atesorar el texto durante el proceso de recolección de firmas.
Lo que se procura es solidaridad política, según Palacios. «Esperamos de gobiernos, parlamentarios y organizaciones civiles conversen, presionen y hagan gestiones para mejorar la situación», dijo.
El documento reclama libertad para los presos políticos y el fin de las «prácticas de hostigamiento, juicios parcializados, condenas injustas y desproporcionadas, detenciones e incomunicaciones arbitrarias» y de la «prohibición del libre acceso a los juicios públicos».
Demanda también el cese de «todos los actos que transgreden los derechos esenciales de la persona humana».
Entre los firmantes figuran Gustavo Arcos (Comité Cubano Pro Derechos Humanos), Oswaldo Payá (Movimiento Cristiano Liberación) y Elizardo Sánchez (Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional).
Cualquier movimiento político o civil opositor al gobierno socialista dirigido por el presidente Castro es considerado ilegal y prohibido por la Constitución.
Para las autoridades, la disidencia interna se compone de «grupúsculos» que carecen de apoyo en la población y existen sólo porque son promovidos, organizados y financiados desde Estados Unidos, tanto por organizaciones del exilio como por el gobierno de ese país.
Como parte del diferendo bilateral que separa a La Habana y Washington desde el ascenso al poder de Castro, en 1959, los opositores son vistos como «agentes del enemigo» que buscan el fin de la revolución cubana o una visa de entrada al país vecino.
De hecho, documentos estadounidenses confirman la entrega de recursos públicos para el fomento de organizaciones de la sociedad civil cubana, algo que por lo general se identifica como apoyo a los grupos opositores dentro de la isla.
La ayuda suele realizarse a través de la entrega por medios diplomáticos de equipos como aparatos de fax o computadoras, de difícil adquisición en la isla, o en el desarrollo de sitios en Internet para la divulgación del trabajo de estas agrupaciones.
Tanto los aportes como la política de contacto «pueblo a pueblo» promovida en los últimos años por el gobierno de Bill Clinton pretenden «promover un tránsito pacífico hacia un régimen democrático», reconocen fuentes estadounidenses.
El gobierno de Castro, sin embargo, sostiene que el sistema socialista es «el más democrático de todos», por promover la participación popular en las decisiones de gobierno.
También rebate cualquier acusación por violación de derechos humanos con los altos índices de salud y educación alcanzados por la isla en las últimas cuatro décadas, reconocidos por agencias especializadas de las Naciones Unidas.
El diario del Partido Comunista cubano Granma confirmó el martes la detención el viernes pasado de los ciudadanos checos Jan Bubenik e Ivan Pilip por «mantener contactos subversivos con integrantes de grupúsculos contrarrevolucionarios».
El diputado Pilip y Bubenik, de la Fundación Prodemocrática Checa, habrían transmitido instrucciones y recursos a grupos disidentes, por encargo de Freedom House, institución creada por el gobierno de Estados Unidos, según Granma.
El diario añadió que el año pasado fueron descubiertos dos letones, un polaco, un rumano y un checo que entregaron dinero y medios a opositores por encargo de Freedom House.
Además, el periódico informó que los dos ciudadanos checos detenidos serán puestos a disposición de los tribunales cubanos, que «decidirán las medidas pertinentes a tomar»
De acuerdo con el nuevo documento disidente, La Habana tuvo «el irracional propósito de autoaislarse» en una comunidad internacional «que cada día asume con más fuerza los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos».
Palacio aseguró que la «represión contra la oposición cívica cubana, muy dada a la buena voluntad, tiende a que en el mundo se cree un grado de rechazo al gobierno cubano que lo aísla y, sin embargo, se sigue haciendo».
Es como si el gobierno «tratara de austoaislarse para no tener quejas de otro gobierno», añadió.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que preside Sánchez aseguró el día 9 que el total de prisioneros por motivos políticos en la isla asciende a unos 300.
Sánchez informó que «la situación de derechos civiles y políticos en Cuba empeoró durante el año 2000» y pronosticó «un deterioro aun mayor» para este año.
El dirigente afirmó que ese deterioro no se produciría si el gobierno de Castro decidiera «iniciar y encabezar un proceso de graduales reformas modernizadoras» que le permitieran poner fin al «funesto modelo totalitario coyunturalmente adoptado hace cuatro décadas». (FIN/IPS/da/mj/ip hd/01
