El futuro procesal de Augusto Pinochet tendió a complicarse en Chile, tras una entrevista en televisión en la que el general retirado Joaquín Lagos confirma la responsabilidad del ex dictador en los crímenes cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte».
Claudio Huepe, portavoz presidencial y ministro de la Secretaría General de Gobierno, declinó comentar el viernes los dichos de Lagos, quien refutó la declaración testimonial que Pinochet rindiera el martes último ante el juez Juan Guzmán.
Guzmán podría resolver en los primeros días de la próxima semana se encause penalmente a Pinochet, quien fue trasladado este viernes al Hospital Militar de Santiago desde su casa de reposo en Bucalemu, 80 kilómetros al oeste de la capital, a consecuencia de una cefalea y baja presión arterial.
El estado de salud del general retirado de 85 años es objeto de un arduo debate entre sus defensores y acusadores, ya que los primeros sostienen que sus dolencias físicas deben eximirlo de un juicio, mientras los segundos señalan que sólo un estado de demencia o locura permitiría declararlo inimputable penalmente.
El ex dictador (1973-1990) se declaró inocente el martes ante el juez de los 79 crímenes en varias ciudades de Chile atribuidos a la «caravana de la muerte», misión del Ejército que encabezó entre septiembre y octubre de 1973 el general Sergio Arellano, como oficial delegado de Pinochet, comandante en jefe del arma.
El ahora desaforado senador vitalicio le dijo al juez Guzmán que los responsables de la suerte de los 79 prisioneros políticos fueron los comandantes de las guarniciones militares, a cargo de su detención.
«Yo no soy ningún criminal», afirmó Pinochet, a quien el magistrado podría encausar por su responsabilidad en 57 homicidios y 18 secuestros de las víctimas de la «caravana de la muerte».
El ex dictador insistió en que Arellano y su comitiva tenían como única misión «supervisar» los consejos de guerra a que fueron sometidos militantes de izquierda detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, pero que no ejecutaban sentencias.
El general Lagos, quien en 1973 era comandante de la Primera División del Ejército con sede en Antofagasta, 1.200 kilómetros al norte de Santiago, refutó esas afirmaciones de Pinochet durante una entrevista con la Televisión Nacional (estatal) en la noche del jueves.
En las ciudades de Copiapó, Antofagasta y Calama, que correspondían a la jurisdicción militar de Lagos, el paso de la «caravana» dejó una estela de 63 víctimas, fusilando a presos virtualmente secuestrados de los lugares de detención y que en su mayoría habían sido condenados a penas menores o estaban a la espera de sentencias en consejos de guerra.
Lagos se enteró de los crímenes después de que fueron cometidos y al increpar a Arellano, este le exhibió el nombramiento como oficial delegado de Pinochet, con lo cual se eximía de rendir cuenta de sus actos a otros mandos, aún cuando, como en este caso tuvieran una mayor jerarquía que él.
El general Lagos recordó también en la entrevista que informó personalmente a Pinochet de las tropelías de la «caravana de la muerte», cuando el entonces dictador hizo una escala en el aeropuerto de Antofagasta, al día siguiente de que Arellano y sus hombres abandonaran la zona.
A fines de octubre de 1973 redactó un oficio para sus superiores en el cual detalló que 53 de las 63 víctimas en su jurisdicción fueron ejecutadas por «el delegado del comandante en jefe del Ejército», es decir, por el general Arellano.
El 1 de noviembre de ese año Lagos fue citado a Santiago por Pinochet, quien luego le hizo llegar instrucciones de que omitiera en su informe toda referencia a Arellano y se limitara a hacer una lista general de las víctimas.
Lagos le hizo ver a Pinochet que con ese documento lo hacía aparecer a él como responsable de los crímenes y lo exhortó a aclarar los hechos y castigar a los culpables. «Le agregué que tarde o temprano nos tendrían que juzgar y especialmente a él como comandante en jefe del Ejército», dijo a la televisión.
El general Lagos fue relevado del mando de la Primera División en febrero de 1974 y ocho meses después se le llamó a retiro, mientras Arellano era designado comandante de la Segunda División, con sede en Santiago, la más importante del país. Sus lugartenientes de la «caravana» fueron igualmente ascendidos.
«Las declaraciones y los documentos presentados por el general Lagos terminan acreditando fehacientemente la responsabilidad penal de Pinochet en los delitos de la caravana de la muerte», sostuvo este viernes el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los acusadores del ex dictador.
El gobierno, por intermedio de Huepe, señaló que le corresponde a la justicia el análisis de las declaraciones del oficial, quien ha testimoniado ya dos veces ante los tribunales, la primera en 1986 y la segunda el 23 de agosto de 2000, cuando declaró ante el juez Guzmán. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/01
