Las autoridades de Burkina Faso temen una catástrofe humanitaria si continúa el regreso masivo de personas que escapan del hostigamiento estatal en Costa de Marfil, registrado en las últimas semanas.
En las últimas semanas, han llegado al país entre 2.500 y 3.000 repatriados en cada uno de los dos trenes que llegan cada semana de Costa de Marfil, y muchas personas más regresan en unos 50 autobuses por semana, según la Comisión de Ayuda Nacional de Emergencia y Rehabilitación (CONASUR).
«Con el promedio actual, es muy probable que la población del país aumente en unas 300.000 personas, lo cual resultaría abrumador. Y espero que no sean más», comentó Jamano Lompo, secretario permanente de la CONASUR.
El gobierno de Costa de Marfil afirmó que el intento de golpe de Estado en ese país el 7 de enero fue organizado por personas que actuaron para «una potencia extranjera», en alusión a Burkina Faso, y desde entonces comenzaron las intimidaciones y ataques a inmigrantes.
Burkina Faso había dado asilo a ex altos oficiales del ejército de Costa de Marfil, partidarios del político opositor Allassane Ouatara, un ex primer ministro cuyo padre era burkinés.
Las comunidades de Costa de Marfil formadas a partir de la inmigración desde países vecinos suman unos seis millones de personas, 40 por ciento de la población total, y la comunidad burkinesa tiene más de tres millones de integrantes, en su mayoría dueños de propiedades, dedicados a la agricultura o trabajadores del sector informal.
La inmigración de burkineses a Costa de Marfil se remonta a comienzos del siglo pasado, cuando muchas personas abandonaron las áridas tierras que cultivaban para trasladarse a zonas más fértiles. Eso determina que muchos repatriados carezcan de vínculos con su país de origen, señaló Lompo.
«Mi esposo regresó a Burkina Faso hace varios años. Yo me había quedado para cuidar hacerme cargo de casas que construimos para alquilar en Costa de Marfil y otras propiedades que tenemos allí», explicó Zeta Sawadogo, una reciente repatriada.
«Nuestros inquilinos, nacidos en Costa de Marfil, me dijeron que volviera a Burkina Faso cuando fui a cobrar la renta. Después de tantos años de coexistencia pacífica, no podemos entender por qué ese país se ha vuelto contra nosotros», añadió con lágrimas en los ojos.
«No creo que vuelva a Abidjan en muchos años», dijo Awa Guingane, quien regresó con sus tres hijos en edad escolar, y cuyo esposo se quedó para trabajar y enviar remesas a la familia.
«Eramos golpeados y humillados todos los días por jóvenes que nos extorsionaban, y los policías protegían a esos jóvenes o nos golpeaban también», contó.
Otros repatriados dijeron que habían sido testigos de golpizas a burkineses tras el intento de golpe de Estado.
La policía de Costa de Marfil arrebató sus documentes a muchas personas que viajaban de regreso a Burkina Faso, y exigió a otras fuertes sumas de dinero para permitirles continuar el viaje, aseguraron.
«La mayoría de los que retornan son mujeres y niños», señaló Lompo. Ya han regresado al país unos 300 niños y niñas en edad escolar a quienes las autoridades de Burkina Faso proporcionaron ropas de abrigo y material didáctico.
Algunos cientos de toneladas de grano han sido reservadas para aimentar a los repatriados «para mantenerlos con vida, ya que no podemos brindarles comodidades apropiadas o ayudarlos a que planten para cosechar el año próximo», indicaron las autoridades burkinesas.
La escasez de lluvias en el país este año determinó que el resultado de la cosecha 2000-2001 estuviera 282.000 toneladas por debajo del promedio, y el gobierno ha pedido solidaridad nacional e internacional para asistir a los repatriados.
En 1999, más de 20.000 burkineses regresaron a su país tras ser expulsados de Tabou, en la región occidental Costa de Marfil, a causa de disputas por la tierra con indígenas de la etnia Kroumen.
El gobierno burkinés destinó unos 4,2 millones de dólares a la asistencia a aquellos repatriados, y se calcula que necesitará unos 84,3 millones de dólares para asistir a quienes integran la actual oleada, si regresan al país las 300.000 personas que espera la CONASUR.
El Movimiento Burkinés por los Derechos Humanos y el Pueblo expresó su consternación ante «los reiterados actos de xenofobia y chovinismo que han vuelto a formar parte de la política del gobierno de Costa de Marfil».
La organización pidió a Abidjan que «garantice condiciones de vida decentes y seguridad» a los burkineses residentes en Costa de Marfil, y «ponga fin a los actos de extorsión contra inmigrantes, para restablecer el derecho a vivir en ese país». (FIN/IPS/tra-eng- bo/sz/da/ego/mp/pr hd/01
