Decenas de miles de trabajadores de India quedaron sin empleo desde que, por orden de la justicia, las autoridades comenzaron a clausurar miles de pequeñas fábricas que contaminaban el ambiente en Nueva Delhi.
Uno de los desempleados es Mahendra Goyal, un hombre de mediana edad que desde el mes pasado trata de hallar un nuevo medio de subsistencia para sostener a su familia, residente en un populoso barrio pobre de la capital.
«No sé cómo podremos sobrevivir», dijo a IPS Goyal, quien tiene cuatro hijos y trabajaba en una pequeña fábrica de moldes de plástico, clausurada en una operación con apoyo de fuerzas policiales.
Miles de hogares con bajos ingresos de Nueva Delhi afrontan el mismo problema, y su causa es defendida por personas influyentes, entre ellas poderosos políticos, pero la oposición a la clausura de fábricas no ha logrado frenarlas.
El gobierno del estado de Delhi, en el cual se halla la capital, sostiene que la Corte Suprema de Justicia ha llegado demasiado lejos en sus esfuerzos de protección ambiental, y advierte que la clausura de fábricas contaminantes arrebatará los medios de subsistencia a unos dos millones de personas.
En noviembre, la Corte ordenó a las fuerzas de seguridad que implementaran la decisión de clausurar unas 100.000 pequeñas fábricas peligrosas para el ambiente y la salud pública, adoptada cuatro años antes.
La mayoría de esas fábricas estaban en áreas residenciales de la capital, y el organismo judicial había ordenado reubicarlas.
El comienzo de las clausuras condujo a incidentes de violencia en gran escala, cuando multitudes de airados obreros, encabezadas por sus empleadores, se manifestaron para protestar y paralizaron la ciudad durante casi una semana.
La producción de las fábricas que la Corte ordenó clausurar incluye materiales para instalaciones eléctricas, accesorios para automóviles y bienes para uso doméstico.
Las leyes indias para controlar la contaminación del ambiente se aplicaban en escasas ocasiones, y en los últimos años la Corte Suprema presionó al gobierno para que impusiera su cumplimiento.
La primera ministra del estado de Delhi, Sheila Dixit, criticó las clausuras con el argumento de que las instalaciones industriales afectadas brindaban empleo a millones de personas y eran el origen de ransacciones comerciales por valor de más de 1.000 millones de dólares anuales.
«Las masivas acciones policiales contra pequeñas industrias han creado una crisis humanitaria», afirmó Ambrose Pinto, del Instituto Social de India, una organización no gubernamental (ONG) con sede en la capital.
Varias ONG se preparan para un encuentro a comienzos de enero en el cual decidirán qué medidas adoptar para «defender los derechos y los medios de subsistencia» de quienes quedaron desempleados debido a las clausuras, indicó.
«La mayor parte de las fábricas que han sido clausuradas no eran en realidad contaminantes, y ahora sus propietarios y obreros van rumbo a la marginación o el delito», aseguró.
Los críticos recuerdan que hace cuatro años la Corte Suprema ordenó la reubicación de varias grandes fábricas textiles, de acero y de aceite comestible, y que eso causó el desempleo de unas 50.000 personas.
Los propietarios de las fábricas ganaron dinero con la venta de los terrenos en los cuales estaban ubicadas sus instalaciones, en su mayoría áreas residenciales de la capitales, mientras los trabajadores sólo tuvieron derecho a magras indemnizaciones, que en la mayor parte de los casos no llegaron a pagarse.
Las cámaras industriales apoyan las clausuras. «La protección del ambiente es lo más importante, y si una fábrica contamina, por ejemplo con colorantes que contienen cianuro, no hay forma de defenderla», comentó K.P. Nayati, duirector de la División Ambiental de la poderosa Confederación de la Industria India.
El destacado ambientalista indio Anil Aggarwal culpó al gobierno de haber impulsado el surgimiento de pequeñas industrias sin tener en cuenta la forma en que afectarían el ambiente.
Las autoridades «no consideraron la capacidad de contaminación de las tecnologías atrasadas que se emplean en las pequeñas fábricas, y autorizaron cientos de instalaciones industriales dedicadas a actividades notorias por su carácter contaminante, como curtir cueros, teñir telas y galvanizar».
La proliferación de esas pequeñas industrias «hizo imposible el funcionamiento satisfactorio de un sistema de regulación», y los propietarios de las fábricas no mostraron interés en cooperar para disminuir la contaminación que causaban, mediante el uso colectivo de instalaciones para procesar desechos», añadió. (FIN/IPS/tra- eng/rdr/mu/mp/en lb/01
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