Grupos ambientalistas y humanitarios responsabilizan al gobierno de El Salvador de favorecer la tragedia de muerte y destrucción provocada por el terremoto que sacudió gran parte de América Central y el sur de México.
El permiso otorgado por el gobierno de Francisco Flores para la tala de bosques y para construir viviendas en lugares en riesgo de derrumbes de tierra contribuyó a que el desastre natural aumentara el número de víctimas, dijeron a IPS activistas de derechos humanos de la región y ambientalistas de El Salvador.
«Aquí ha habido una violación flagrante de los derechos humanos», afirmó a IPS la salvadoreña Alma Benítez, académica y fiscal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca).
El terremoto de una intensidad de 7,6 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro estuvo frente a las costas de El Salvador, dejó como saldo preliminar centenares de muertes y desaparecidos, además de destrozos en edificios, puentes y escuelas por un monto superior a los 1.000 millones de dólares, según las autoridades.
Benítez, también investigadora y escritora, aseguró que esta tragedia pudo ser menor si el gobierno hubiera prohibido la urbanización de zonas montañosas de la cordillera del Bálsamo, que permitieron la erosión de esos terrenos.
Precisamente, una de las zonas más afectadas se encuentra en un sector de esa cordillera y es Santa Tecla, a 65 kilómetros al sur de San Salvador, donde el desplazamiento de lodo y árboles sepultó a más de 200 viviendas y provocó la muerte de 600 personas y la desaparición de más de 1.000.
Codehuca, el grupo de derechos humanos más importante del istmo, sostiene que los daños han sido mayores de los que debieron ser debido a la negligencia de funcionarios públicos.
Aunque aún no hay un recuento definitivo, las secuelas del terremoto son alarmantes, pues de acuerdo con las estimaciones oficiales se han atendido a 1.830 heridos y se han evacuado a 18.000 personas.
Además, se registraron daños en 73 edificios, casi 8.000 viviendas, 96 iglesias y 39 puentes, además de cuantiosos destrozos en pequeños pueblos rurales, donde todavía no han llegado ni grupos de socorro ni los medios de comunicación.
Otra de las zonas más afectadas en El Salvador por el terremoto, que también fue sentido en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el sur de México, es la de Comasagua, ubicada a 25 kilómetros al sur de San Salvador,
Observadores aseguran que en esta localidad del departamento de La Libertad el movimiento telúrico barrió con caseríos enteros.
«Los desastres no solamente dependen de los fenómenos naturales sino también de la vulnerabilidad que crean los seres humanos», indicó a IPS Mauricio Sermeño, coordinador ejecutivo de la Unidad Ecológica Salvadoreña (Unes).
Esta red de 29 organizaciones ecologistas, considerada la principal agrupación de este tipo en el país, manifestó que el gobierno aumentó esa vulnerabilidad de las zonas de riesgo.
«Las autoridades han sido muy permisivas con personas influyentes, que son propietarias de empresas constructoras», dijo Sermeño.
El dirigente de Unes explicó que los activistas ambientales han pedido en los últimos 10 años más regulaciones para controlar a tala de bosques y las nuevas construcciones.
Informó que harán un llamado al gobierno para que públicamente pida «perdón», y asesorarán a las personas afectadas y a los familiares de los fallecidos para que presenten demandas judiciales de reparación económica.
La Unes también estudia presentar una propuesta al Congreso para que se establezca un fondo económico, que permita contribuir con las personas damnificadas.
El terremoto del sábado 13 fue uno de los tres más fuertes registrados en América Central en los últimos 10 años.
El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica (Obsicori) informó a IPS que los más parecidos en cuanto a magnitud fueron los ocurridos en Costa Rica, en 1990, y en Nicaragua, en 1992, ambos también de 7,6 grados en la escala de Richter.
«Si el epicentro del terremoto del sábado, que estuvo a una profundidad de 60 kilómetros, hubiera sido más cerca de la superficie se habrían generado más réplicas fuertes y los destrozos habrían sido mucho mayores», explicó Marino Protti, director del Obsicori.
Protti aseguró que los centroamericanos se deben acostumbrar a vivir en una zona de alta recurrencia sísmica, por lo que es necesario poner énfasis que la única manera de evitar grandes daños es construyendo mejores edificios y evitar hacerlos en áreas de alto riesgo.
Ante la inestabilidad emocional y social que ha provocado el terremoto, el gobierno ordenó patrullas especiales del ejército y de la Policía Nacional Civil para evitar actos de vandalismo.
«En este momento no hay tiempo para investigar quienes fueron los responsables de autorizar esas construcciones», expresó a IPS Dagoberto Marroquín, legislador del Partido Conciliación Nacional (PNC), movimiento de centro-derecha.
Marroquín indicó que este es el tiempo de rescatar a las víctimas y brindarles ayuda a los miles de damnificados y familias que han quedado en la ruina.
«Pensar ahora en venganzas contra el gobierno o contra funcionarios públicos es antipatriota. ¿Qué ganamos con encontrar a los culpables?», preguntó. (FIN/IPS/nms/dm/en/01
