Gran Bretaña considera prohibir el comercio de antigüedades robadas, práctica que caracterizó a este país durante siglos y que transformó al Museo Británico en un arcón de tesoros procedentes de todas partes del mundo.
Hasta el momento, Gran Bretaña se negaba a unirse a otros 91 países y firmar una convención de la Organización de Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas (Unesco) que prohíbe ese tipo de negocio.
Pero ahora la situación podría cambiar. «Estamos estudiando las recomendaciones de la comisión que nos asesora sobre esa materia y vamos a fijar en breve un curso de acción», dijo un vocero del departamento de Cultura, Prensa y Deportes.
Sucesivos gobiernos británicos se negaron a firmar la convención desde que fue adoptada por la Unesco el 14 de noviembre de 1970. Sin embargo, el ministro de Cultura Alan Howarth precisó ahora que la decisión de no firmar no estuvo basada en argumentos legales.
El Panel Asesor de Comercio Ilícito, al cual se pidió que aconsejara al gobierno, ha recomendado que Gran Bretaña firme la convención. También recomendó la prohibición de importar, traficar y poseer objetos culturales robados o excavados ilegalmente.
Las recomendaciones fueron formuladas el 18 de diciembre y son consideradas por el gobierno, explicó el vocero ministerial.
El panel asesor fue presidido por Norman Palmer, abogado y profesor de derecho comercial en la Universidad de Londres. «Dado que el mercado lícito británico es el segundo en el mundo, con 30 por ciento del mercado mundial de arte, es sumamente importante que su integridad sea mantenida», dijo Palmer.
No obstante, el ministro Howarth no aceptó aún las recomendaciones.
«Tomé nota de las recomendaciones del panel que deberíamos acceder a la convención de la Unesco y su opinión que podemos hacerlo sin necesidad de legislación adicional», agregó.
No obstante, el panel aconsejó al Ministerio contra la adopción de un acuerdo en Roma, en 1995, que comprometería los signatarios a la adopción como ley de un código mínimo.
Las medidas para adoptar las recomendaciones del panel seguramente serán resistidas por sectores comerciales del gobierno. Se calcula que el negocio de antigüedades robadas tiene en Gran Bretaña un valor de 1.000 millones dólares anuales.
Sólo el negocio de asegurar los objetos antiguos ha sido estimado en cientos de millones de dólares.
La ley no cubrirá disputas actuales como los mármoles Elgin de Grecia, conservados en el Museo Británico, o el reclamo de India por el diamante Kohinoor, engarzado en la corona de la reina madre. La adopción de las recomendaciones podría armar a la policía británica contra el tráfico de reliquias robadas.
Una figura del dios hindú Nataraja, que data del siglo XII, adquirida por una firma canadiense, retornó a India tras un histórico caso en el cual Shiva Lingam, un símbolo fálico de poder creativo, se convirtió en parte civil del proceso.
En 1995, tres camiones cargados con artefactos chinos fue apresado un día antes de que fueran subastados, y la mayoría se devolvió a China. Una colección de platería romana que también iba a ser rematada fue salvada justo a tiempo luego de que la licencia de exportación fuera declarada inválida.
Esos éxitos son escasos frente al tráfico de artefactos robados que pasa todos los días por Londres. Bajo la convención de la Unesco, los países signatarios están comprometidos a devolver a otras naciones también firmantes la propiedad cultural robada de museos y otras entidades similares.
También deben adoptar medidas para controlar la compra de objetos culturales traficados por personas e instituciones en sus países, cooperar con otros estados con problemas para proteger su patrimonio aplicando controles de importación basados en controles de exportación de otras naciones signatarias, y dar pasos para educar al público.
Para muchos dedicados a ese tráfico, la convención puede significar la muerte de su negocio. La Unesco pidió al Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado que redacte un tratado que complemente la convención de 1970 con reglas mínimas que uniformen las leyes.
En noviembre la Unesco celebró los 30 años de la convención. Pero aquellos países que siguen perdiendo su patrimonio frente al tráfico ilícito piensan que hay poco para celebrar mientras protagonistas como Gran Bretaña y Estados Unidos se niegan a firmar. (FIN/IPS/tra-en/ss/mn/ego/aq/cr/01
