Las argentinas que eligieron dedicarse a la política podrán plantar este año su bandera en el Senado, una institución que resistió todo lo posible el ingreso de mujeres.
Si bien no existía una prohibición en tal sentido, de los 72 escaños del Senado sólo dos están ocupados por mujeres, un hecho que no se corresponde ni con el electorado -mayoritariamente femenino- ni con la participación masiva de las mujeres en los partidos políticos.
El presidente Fernando de la Rúa aceptó a fin de año reglamentar por decreto una ley de cupo que ya se aplica en la Cámara de Diputados desde 1991 y que permitió que el porcentaje de representantes aumentara de 13 a 27 por ciento. La norma no se aplicaba en el Senado, donde el sistema de elección es diferente.
Sólo con la ley de cupo dispuesta en la cámara baja, Argentina se colocó en el primer lugar en la lista de países de América Latina por el porcentaje de mujeres legisladoras, seguida por México, República Dominicana (ambos con 16 por ciento), Bolivia, Colombia y Uruguay.
Pero en octubre de este año, por primera vez el Senado será renovado en su totalidad por el voto directo de los ciudadanos, un hecho sin precedentes, ya que tradicionalmente los senadores eran designados por las legislaturas de cada provincia y casi siempre resultaban desconocidos para el electorado.
Mediante una reforma constitucional se dispuso este nuevo sistema de designación directa que incluye otra novedad. Cada partido, en cada provincia, deberá ofrecer dos postulantes. El partido más votado colocará dos senadores y el segundo en votos tendrá asegurada una banca.
Ante esta nueva realidad, las mujeres políticas comenzaron a advertir que la ley de cupo, que exige que haya 30 por ciento de mujeres en los primeros lugares de las listas, podría tener una interpretación desfavorable y no garantizar el acceso. Si la mujer iba en tercer lugar quedaría fuera de competencia.
Las mujeres políticas conocen bien todos los artilugios legales de los que se vale la dirigencia política -muchas veces con aval judicial- para no respetar el cumplimiento del cupo, una resistencia que se apoya en una creencia muy cuestionada acerca de la capacidad masculina para estos cargos.
La jefa de gabinete del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Liliana Chernajowsky, comentó que muchas veces los hombres utilizan la ley de cupo en beneficio propio: «Dicen 'este lugar es mio -en relación a la cuota para mujeres- y yo aquí pongo a esta mujer', que puede ser su esposa, su cuñada o su amante».
Por eso, una de las dos mujeres que están actualmente en el Senado propuso a sus pares modificar la ley, pero ante la falta de apoyo a la iniciativa, el movimiento de mujeres integrado por dirigentes de organizaciones no gubernamentales realizó una campaña para obtener el aval presidencial.
María José Lubertino, presidenta del Instituto Político y Social de la Mujer, dijo a IPS que la campaña formó parte de un proyecto más ambicioso de las dirigentes políticas, que se comprometieron en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer a alcanzar la equidad de género en su actividad en 2005.
Con la nueva norma, la proporción de mujeres que ingresen al Senado podría llegar a 24 por ciento, con lo que Argentina quedaría a la cabeza en América Latina en presencia femenina en la cámara alta.
«El decreto que conseguimos no sólo garantiza la alternancia sino que da la posibilidad a todos los partidos políticos de rever viejas actitudes machistas y asegurar ese mínimo previsto en la ley en puestos de auténtica decisión», destacó Lubertino, que podría ser una de las candidatas a ingresar al Senado.
El decreto coincidió con un polémico final de la crisis política que este año tuvo epicentro en el Senado. Una denuncia por sobornos recibidos por un grupo de senadores conmovió a todo el sistema político, pero un día después de conocido este nuevo cupo, la justicia declaró la falta de mérito de los imputados.
Lubertino consideró que el cupo en el Senado no garantiza automáticamente la moral de esa cámara, pero destacó que las mujeres no traen arraigados algunos códigos «mafiosos» característicos de la política, una actividad preponderantemente masculino.
Las dos únicas mujeres senadoras ya se cansaron de tomar nota de la cantidad de comentarios descalificadores de que son objeto, por no hablar de un protocolo que las desconoce refiriéndose a ellas siempre como «senador» o «senador y señora» cuando quieren incluir a su cónyuge.
La senadora Silvia Sapag, que en 2000 denunció la existencia de sobornos en la cámara alta para la aprobación de una ley, comentó que un tiempo después, un senador le decía públicamente a otro que el parlamentario que supuestamente recibió la comisión ilegal «no la dejó satisfecha» sexualmente y por eso lo denunció.
El trato con apodos o diminutivos, las burlas, el exceso de elogios o simplemente la indiferencia hacia sus propuestas son todos comportamientos considerados normales en un recinto donde las mujeres están en franca minoría.
Elisa Carca, integrante de un senado provincial, comentó que en las legislaturas del interior las resistencias son similares: «Una vez un dirigente de mi partido volvió de un viaje y nos obsequió a todos con una corbata. Yo le dije que le retribuiría la atención con un corpiño».
La anécdota revela, según Carca, que los códigos de la política siguen siendo de dominio masculino, un hecho que podría cambiar a partir de una mayor incorporación de mujeres.
La presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Carmen Storani, consideró que la nueva norma permitirá garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, y no sólo dentro de la política, sino también en la agenda de temas que atañen a la mujer.
Asuntos como salud reproductiva, acoso sexual, aborto o educación tienen a las mujeres como las principales defensoras, mientras que los hombres suelen mantenerlos en un cajón.
No obstante, Lubertino considera que aun cuando las mujeres políticas no planteen temas relacionados con sus intereses de género, es justo que tengan garantizado un acceso equitativo a los centros de decisión. (FIN/IPS/mv/ag/ip/01
