El Banco Mundial no cumplió compromisos de transparencia con organizaciones de la sociedad civil durante la implementación de su nueva política de protección forestal, afirmaron organizaciones ambientalistas de numerosos países.
Hace un año, muchos ambientalistas expresaron su satisfacción cuando el banco admitió que no había logrado cumplir con su propia política de protección forestal, definida en 1991, sino que aún apoyaba proyectos perjudiciales para los bosques del mundo.
Los activistas habían sostenido durante mucho tiempo que el banco no implementaba el cumplimiento de sus propias normas, y en cambio impulsaba proyectos y políticas de crédito que estimulaban la tala de árboles y la deforestación acelerada.
El banco realizó durante el año pasado consultas regionales a más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de diversos países, con la intención declarada de mejorar su protección de los bosques.
También formó un grupo técnico asesor en la materia, integrado por funcionarios del banco, representantes de agencias bilaterales de asistencia y ONG.
Los activistas consideraron que esos nuevos procedimientos eran avances esperanzadores hacia el desarrollo de una política de protección forestal más eficaz, pero ahora piensan que los resultados no fueron satisfactorios, e incluso dudan de que el banco haya actuado de buena fe.
Más de 40 organizaciones ambientalistas señalaron en una carta enviada el martes a Ian Johnson, vicepresidente del banco encargado de asuntos ambientales y de desarrollo sustentable, que esa institución les dio escasa participación en la elaboración de de nuevas estrategias y políticas tras las consultas.
«Las acciones del banco tras los primeros pasos positivos plantean preguntas inquietantes acerca de la seriedad y buena fe de la institución al consultar a organizaciones de la sociedad civil», comentaron.
El 24 de diciembre, integrantes del grupo técnico asesor recibieron un documento de trabajo acerca de la nueva estretegia del banco, acompañado del pedido de que no divulgaran su contenido, indicaron.
Se suponía que un borrador de esa estrategia sería dado a conocer antes de que el grupo asesor lo considerara, pero el banco difundió el documento en su sitio de Internet, la red mundial de computadoras, después de que los activistas lo recibieron y le recordaron su compromiso de divulgación previa.
La carta dirigida a Johnson fue firmada por la Alianza Ambiental Siberiana, de Rusia, Amigos de la Tierra, con sede en Estados Unidos, el Centro de Recursos Ambientales y Ecosistemas Sustentables, de Nigeria, y la Red del Tercer Mundo, con sede en Uruguay, entre otras ONG.
La Unión Conservacionista Mundial (IUCN, por su sigla en ingés) había asesorado al banco acerca de los procedimientos para consultar a otras ONG, y envió el lunes una carta propia a la institución financiera, en la cual expresó preocupación por la falta de transparencia del proceso.
«Parece que el Banco Mundial no brindó a los participantes en consultas regionales ni a otras partes involucradas oportunidad de comentar el borrador y proponer cambios», afirmó la IUCN en la carta, firmada por Simon Stuart, su director en funciones.
Korinna Horta, economista de la ONG Defensa Ambiental, dijo que tampoco hay garantías de que eventuales modificaciones del borrador sean divulgadas antes de que el documento sea presentado a la Junta de Directores Ejecutivos del banco, a fines de mayo.
«Ni siquiera está claro si la nueva estrategia de protección forestal que prepara el Banco Mundial se basará en recomendaciones no obligatorias o en una política operativa con participación de diversos sectores», añadió.
Odin Knudsen, un alto asesor de Johnson, arguyó que el banco no quiso divulgar el borrador de nueva estrategia antes de que todos los integrantes del grupo técnico asesor lo recibieran y revisaran, en pie de igualdad con los funcionarios de la institución financiera.
«Todo ha sido público desde el comienzo. Pensamos que es correcto establecer un período de revisión hasta que alcancemos un acuerdo», sostuvo.
Knudsen aseguró que el banco completa en la actualidad una revisión de sus políticas operativas, que incluirán la protección forestal en todas las áreas de la institución.
Los activistas insisten en que el banco debe establecer numerosas normas obligatorias de protección forestal en todas sus áreas, y brindar a sus funcionarios estímulos, capacitación y presupuesto adecuado para desarrollar una política de préstamos que proteja los bosques.
También afirman que el banco debe cambiar su actual política, en la cual la concesión de préstamos se vincula con la aplicación por parte de los países beneficiarios de ajustes estructurales de sus economías, con liberalización del comercio y crecimiento basado en las exportaciones.
El propio banco admitió que las políticas de ajuste estructural y liberalización comercial crean condiciones favorables para la deforestación, ya que la concesión de préstamos para llevar a cabo esos ajustes no requiere estudios previos de impacto ambiental.
El banco no otorga préstamos para proyectos que impliquen tala de selvas tropicales húmedas primarias, pero tampoco debería contribuir a la tala de otros bosques antiguos, tropicales secos, templados o boreales, dijeron Horta y Doug Norlen, director de políticas de la ONG Centro Ambiental y de Recursos del Pacífico. (FIN/IPS/tra-eng/dk/da/mp/en/01
